La organización GLAN (Red de Acción Legal Global) ha presentado una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra Grecia por “criminalizar” las actividades de “búsqueda y rescate” de migrantes en el mar Egeo que llevan a cabo los barcos de las oenegés. La acción legal se basa en la “represión contra los defensores de los derechos humanos individuales”, según fuentes de esta asociación.

Este es el primer caso de este tipo que llega al TEDH desde el estallido de la “crisis de los refugiados” de 2015. “Pretendemos que esto lleve a un cambio de política en Europa”, asegura a Diario16 un portavoz de GLAN. Después de una dura pugna legal de dos años y medio en los tribunales griegos, los abogados de la Red de Acción Legal Global decidieron actuar en nombre de Salam Kamal-Aldeen, un rescatador de personas, ante el TEDH. El 14 de enero de 2016, Aldeen operaba en un barco de rescate, el Equipo de la Humanidad, con base en la isla de Lesbos, en misión de colaboración con la Guardia Costera Helénica (HCG) para localizar y socorrer a tres botes con inmigrantes en situación de peligro.

Aunque estas embarcaciones ya habían sido interceptadas por las autoridades turcas cuando el Equipo de la Humanidad navegaba en aguas territoriales griegas, Aldeen y su tripulación fueron arrestados y acusados ​​de intento de contrabando. Su barco de rescate fue confiscado y se impusieron severas medidas restrictivas a los voluntarios. La solicitud de demanda, presentada ante el Tribunal de Estrasburgo, expone la “ilegalidad de la represión de las autoridades griegas contra los defensores de los derechos humanos que trabajan para preservar la integridad del sistema internacional de búsqueda y rescate, vinculante para los capitanes de todos los buques a la hora de prestar asistencia a las personas en peligro en el mar, independientemente de su nacionalidad o condición jurídica”.

Los abogados cuestionan las sanciones y las regulaciones griegas contra el contrabando que tienen como finalidad “detener la acción humanitaria basada en la solidaridad”, añaden las fuentes de GLAN. “También se cuestiona la legitimidad de la conducta de Grecia, que expone al señor Aldeen a un mínimo de diez años de prisión por sus actividades de salvamento”. “Tales medidas represivas, destinadas en última instancia a frenar los cruces marítimos no deseados, se han adoptado como parte de la implementación del acuerdo UE-Turquía de marzo de 2016”, recuerda la organización.

GLAN ha presentado su solicitud legal ante el TEDH con el apoyo del Centro Irlandés para los Derechos Humanos y dos abogados griegos independientes, Danai Papachristopoulou y Zoe Kasapi. En la presentación de la demanda se utilizaron “pruebas compiladas” de los pleitos del señor Aldeen con los “tribunales y las autoridades griegas”, así como informes de organizaciones internacionales y no gubernamentales que “documentan el cambio de política en Grecia y en la Unión Europea para criminalizar el rescate en el mar”. Según la asesora legal de GLAN, Violeta Moreno-Lax (de la Universidad Queen Mary de Londres), “el Tribunal de Estrasburgo tiene ahora la oportunidad de condenar la tendencia creciente en Grecia y Europa de criminalizar la solidaridad. El rescate no es un crimen; es un deber vinculante según el derecho internacional”.

La asistencia humanitaria de personas en peligro en el mar nunca debe ser procesada, según esta organización de juristas. “Atacar a la sociedad civil constituye un asalto a los principales valores de la democracia. Los rescatistas deben ser ensalzados y protegidos como garantes desinteresados ​​de los derechos humanos más básicos”. A su vez, el asesor legal de GLAN Omer Shatz asegura: “La UE y sus Estados miembros se dirigen a las ONG de rescate, pero las víctimas de sus políticas son decenas de miles de solicitantes de asilo en peligro en el mar. El asesinato masivo de civiles por ahogamiento, empujando a los supervivientes de regreso a los campamentos de los que huyeron, impidiendo su desembarco en puertos seguros, no solo son violaciones de derechos humanos; son delitos por los cuales GLAN continuará persiguiendo la responsabilidad”.

El Tribunal de Estrasburgo deberá decidir ahora si la estrategia de persecución por parte de la Fiscalía es compatible o no con los convenios internacionales. El director del Centro Irlandés de Derechos Humanos, el profesor Siobhán Mullally, añade: “Este caso plantea importantes cuestiones de la legislación europea de derechos humanos en relación con el papel de la sociedad civil en la prestación de asistencia humanitaria a las personas en peligro. El espacio de la sociedad civil está cada vez más amenazado en Europa”.

El procesamiento de Aldeen es parte de un “movimiento represivo” dirigido contra las ONG de rescate en la UE, según GLAN. En los últimos años, especialmente desde el estallido de la “crisis de refugiados” en 2015, el entorno de la UE que rodea al rescate marítimo se ha vuelto cada vez más “severo y restrictivo”. Esto ha incluido enmiendas a varias leyes en varios Estados miembros, incluida Grecia, que ha visto la introducción de formalidades adicionales de registro y presentación de informes; instancias de hostigamiento e intimidación policial; arrestos y detenciones indebidas; y campañas de desprestigio público en la prensa y redes sociales. “Esto ha hecho cada vez más difícil para las ONG de rescate operar en el mar, hasta el punto de que ya no hay organizaciones de la sociedad civil que persigan de forma activa y pública el rescate marítimo en Grecia. Esta acción legal, por lo tanto, tiene el potencial de restaurar la confianza de los defensores de los derechos humanos en que su trabajo no dará lugar a la criminalización”.

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