Llega el momento de la Justicia Europea

Antes de que inicien esta lectura debo advertirles que se trata de un texto del abogado Gonzalo Boye que no he visto, salvo error por mi parte, publicado en los medios de la capital i creo que vale la pena conocer.

Asumir que se ha estado y que se está equivocado no es una tarea sencilla. No lo es para ningún ser humano y todavía menos si quienes lo tienen que asumir ocupan posiciones relevantes de poder y han mantenido, contra viento y marea, unos criterios jurídicos que son incompatibles con aquellos a los cuales se tendrán que adaptar más bien que tarde.

La lucha del exilio, en su vertiente judicial, se acerca al final, y el resultado será, como siempre hemos dicho, muy diferente del que esperan quienes en su día judicializaron un problema político. La cuestión, pero, no es ganar o perder, sino cómo afectará esta solución varios escenarios, tanto judiciales como políticos, y como los encajarán aquellos que han hecho creer el que no es.

En estos momentos, cuando hay un número relevante de temas pendientes de resolverse en el Estado español, iremos viendo como las respuestas del Tribunal Supremo y del Constitucional irán en el sentido inverso al que seguirán a Europa, pero, del lenguaje que usarán, tendremos claro una cosa que ya ha empezado a pasar: hablarán para sus parroquianos, para sus adeptos, para los quién están dispuestos a comulgar con ruedas de molino, pero no en clave europea.

Buenos ejemplos de esto son dos resoluciones muy recientes y similares, una del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo; la primera, la que estableció la “doctrina Arnaldo” y, la segunda, que deniega la recusación del juez Llarena y otros magistrados. Ambas resoluciones se dictan en procedimientos de recusación y las dos se apartan ostensiblemente del que en materia de juez imparcial tienen dicho los grandes tribunales europeos (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Ambos tribunales se enrocan en materia de derecho al juez imparcial y con sus razonamientos evidencian una cosa que hemos ido sosteniendo a Europa en estos cuatro años de lucha jurídica en defensa del exilio: en cuanto al caso catalán, no hay garantía de imparcialidad por parte de aquellos que los quieren enjuiciar, un aspecto que hay que sumar al innegable hecho que tampoco son los jueces predeterminados por ley para hacerlo.

Cuesta entender las razones por las cuales van adoptando resoluciones que nos ayudan tanto en la defensa de lo que está en fase final de resolución. Una vez descartado que se hayan pasado al bando independentista, la explicación hay que buscarla en una negativa clara a asumir una realidad que siempre ha estado aquí, pero que nunca han querido ver ni todavía menos aceptar.

Todo el proceso represivo contra el independentismo catalán y su entorno se ha construido a partir de premisas falsas y un claro entendimiento nacionalista de cómo se tiene que interpretar el derecho, con el olvido evidente de la obligación de hacerlo a la luz de las normas y los principios rectores establecidos por el derecho de la UE. Hace años que están de espaldas a Europa, y ahora no cambiarán de estrategia, a pesar de que sí que se revelarán tanto como puedan para estirar al máximo sus pretensiones.

Cómo reconocían el julio pasado, según publicaba la prensa de Madrid, “la batalla europea” la tienen perdida, pero esto no implica que la derrota sea asumida, por quienes sostienen una visión de la realidad y del derecho que no es nada más que un relato que hemos ido desmontando paso a paso y cada vez con más solidez.

El que se está viendo con las últimas resoluciones judiciales dictadas en el caso de los exiliados es que las altas instancias jurisdiccionales estatales no es que se opongan al que se entiende y se aplica a Europa sino, más bien, que han entrado en rebeldía y que están dispuestas a estirar de la cuerda hasta donde haga falta. Además, las consecuencias de esta posición las pagaremos todos los ciudadanos pero, también, el gobierno, que tendrá que decidir, llegado el momento, si los ampara y entra también en confrontación con Europa o si, al contrario, asume el desafío como una oportunidad para reconducir una situación de autarquía judicial que cada vez más insostenible.

Las sentencias europeas llegarán, ahora ya mucho más pronto que tarde, dirán el qué dirán -diferirán poco o nada del que hemos ido avanzando todos estos años- y tendrán que ser asumidas o desobedecidas. Tanto una posición como la otra tendrá sus consecuencias, pero ya no estaremos en un plano teórico ni hipotético, sino en uno de real y con unas decisiones delante que se tendrán que tomar enseguida.

Nosotros, como defensa, hemos hecho nuestro trabajo, y los exiliados asumido el dolor del exilio y el desgaste de con que lo han afrontado. A partir de aquí, el problema no es nuestro, sino de quienes crearon el conflicto, que tendrán que decidir a qué lado de la legalidad se posicionan: asumir el papel que como jueces europeos les corresponde o ser unos rebeldes, como se ha visto en otros países de tan escasa cultura democrática como este.

Entramos, por lo tanto, en una etapa en que los relatos no tienen cabida, en que sí que se podrá hablar para los  parroquianos pero en que, sobre todo, se tendrá que decidir si se quedan dentro o fuera de una Europa de la cual dependen tanto y en muchos más aspectos de los que querrían aceptar.