Listas negras: las dos caras del segregacionismo en Cataluña y Andalucía

El pasado mes de agosto, Ciudadanos y PP denunciaban que el Govern de la Generalitat de Cataluña estaba fabricando “listas negras” de todo aquel funcionario autonómico que despidiera un cierto tufillo españolista. El truco empleado por Quim Torra para detectar al charnego infiltrado en las instituciones catalanas consistía en apuntar en un papel a todo aquel trabajador o trabajadora del sector público que deseara tomarse el día libre el 6 de diciembre, día de la Constitución, o el 12 de octubre, fiesta de la hispanidad. Ver quién respetaba los festivos castellanos sería la prueba del algodón de que el funcionario no era un buen catalán, un catalán de pedigrí.

De esta manera, el conseller de Políticas Digitales y Función Pública, Jordi Puigneró, aseguró en una entrevista con la agencia Efe que en septiembre habilitaría la “fórmula legal” para que el personal de la Generalitat pudiera trabajar esos dos días festivos, dejando claro que la opción sería completamente “voluntaria”. “No obligaremos a nadie a hacer fiesta estos dos días, pero sí que habilitaremos la posibilidad de que aquellas personas que quieran trabajar estos dos días puedan hacerlo”, explicó el conseller. Puigneró se escudó en que estaba recibiendo cartas de “muchos funcionarios catalanes” que pedían que se respetara su derecho a trabajar esas fechas con las que no se sentían identificados, una iniciativa por lo visto respaldada por sindicatos como la Intersindical-CSC.

La inquietante sospecha sobre la posibilidad de que en las administraciones catalanas circularan listas negras planeó durante algunos días en los medios de comunicación pero la cosa quedó ahí. Sin embargo, ayer El Periódico de Cataluña publicaba una exclusiva que ha vuelto a poner de actualidad un hecho que de confirmarse pondría de relieve las formas y el carácter totalitario de ese sector independentista dispuesto a imponer su ideología a cualquier precio, incluso a costa de amedrentar a las plantillas de funcionarios. Según el diario catalán, Víctor Terradellas, “un cuadro independentista del entorno del expresident Carles Puigdemont, manejaba información ideológica y personal de todos los mandos de los Mossos d’Esquadra, a quienes puntuaba en una libreta, que ahora está en manos del juez de Barcelona Joaquín Aguirre, según su patriotismo, carisma y lealtad institucional. Las anotaciones manuscritas en el cuaderno se extienden a la ideología, la vinculación política, la salud, las relaciones afectivas e incluso, en algún caso, la orientación sexual de los policías catalogados”. La libreta, que ha caído en poder de El Periódico, fue hallada el 24 de mayo del 2018 en un registro del despacho de Terradellas, imputado por un presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a una fundación del entorno de Convergència (partido matriz del actual PDeCat).

El asunto es de extrema gravedad y será la Justicia la que dictamine si esas listas negras han estado circulando entre los funcionarios, cuadros y mandos de la Policía autonómica. Pero mientras tanto conviene no olvidar que en Andalucía se ha detectado no hace mucho un asunto que se parece bastante a lo que tristemente está ocurriendo en Cataluña. Hablamos de la infame petición de Vox para que la Junta de Andalucía entregara a la formación ultra un listado con los nombres y apellidos de los médicos, psicólogos y asistentes sociales que trabajan en la lucha contra la violencia de género en aquella comunidad. Finalmente, la Junta confirmó la entrega de los datos que Vox solicitaba sobre la situación de los trabajadores que prestan sus servicios en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) y en los Equipos de Familia. La información suministrada no contenía datos personales, aunque sí las titulaciones de esos profesionales, según informó en su día el diario El País.

Resulta evidente que uno y otro caso obedecen a un mismo objetivo. Mientras que Torra trata de depurar la sangre españolista entre los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, el partido de Santiago Abascal pretende iniciar una caza de brujas, igualmente ideológica, contra todo aquel que profese lo que los ultraderechistas consideran elementos simpatizantes de la “dictadura progre”, es decir aquellos trabajadores que se enfrentan cada día con el machismo desde una perspectiva de igualdad de sexos. Torra busca la limpieza étnica del charnego; el juez Serrano la limpieza ideológica de todo aquel rojo peligroso que no siga el pensamiento único patriarcal, español y macho.

Ambas listas negras, la de los independentistas catalanes y la del “trifachito” andaluz, se parecen tanto en sus motivaciones políticas que producen escalofríos y remiten a aquellos tiempos del franquismo, cuando el régimen promocionaba en los exámenes de oposición al funcionariado del Estado a los aspirantes más comprometidos con la causa del Movimiento Nacional. A cualquier demócrata de bien debería repugnarle toda lista negra por lo que tiene de Estado policial y de expresión de una ideología fanatizada, segregacionista y totalitaria. Pero por lo visto en según qué lugares de España ya se han convertido en algo tan habitual como normalizado.