El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha instado hoy a PSOE y PP, durante el inicio del año judicial, a que se sienten a hablar y se pongan de acuerdo en la renovación de la cúpula de la judicatura española. El máximo responsable de jueces y magistrados ha abierto su discurso asegurando que la parálisis institucional representa “una seria anomalía”, y ha recordado que la Constitución Española fija en cinco años la duración de cada mandato. “Me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones”, ha apuntado.
Está muy bien que Lesmes inste a unos y a otros a renovar el Poder Judicial por el bien de la democracia española pero en lugar de lanzar palabras al viento debería repartir responsabilidades con mayor justicia y equidad, precisamente él que es juez. Esas mismas palabras (negociación y acuerdo) las dijo el presidente del Gobierno hace solo unos días, cuando invitó a Pablo Casado a la Moncloa para charlar sobre el asunto e hizo un brillante alegato en favor de la unidad y el espíritu de colaboración para superar la pandemia. Sin embargo, la respuesta del jefe de la oposición fue un rotundo desprecio, un corte de mangas político en toda regla. Casado argumentó que él no negocia nada “con los que piden la abdicación del rey y se sientan en mesas para pactar la independencia de Cataluña”. Un portazo y pasando página.
Así las cosas, parece complicado que los buenos deseos de Lesmes de negociación y concordia en el bipartidismo se hagan realidad a corto plazo. Para renovar los altos órganos constitucionales, Casado debería abandonar su táctica del frentismo sectario y su negativa en rotundo a negociar nada que venga de alguien que no piensa como él. Por tanto, mientras el líder conservador esté al cargo del PP, más bien poco se puede esperar de ese partido. El casadismo vive de la teoría de la conspiración constante, de la transfusión ideológica con la extrema derecha de Vox y de alimentar la paranoia comunista, consumando una suerte de macartismo a la española o permanente caza de brujas al rojo. ¿Cómo un país puede avanzar con semejante personaje obstaculizando y torpedeando cualquier tipo de negociación o avance entre los dos principales partidos del país? ¿Cómo se puede esperar ni un solo gesto de altruismo y grandeza por el bien común de alguien que practica una política enana, minúscula, sin altura de miras? El retrato que hizo de él Iñaki Gabilondo a las puertas de las elecciones generales fue sencillamente magistral y lo define a la perfeccción: “Cuando vemos a Pablo Casado, el cual en tres semanas podría ser presidente de España, nos parece más un bocazas y fanfarrón al que más fácilmente imaginamos como delegado de clase o abanderado de una tuna que como estadista”. Lo clavó el maestro de periodistas.
Sin duda, en medio de la pandemia que nos ha caído encima es la hora de los estadistas, no de los rencorosos ni de aquellos que instigan entre los españoles relatos absurdos y leyendas urbanas, como que el Gobierno ha caído en manos de los comunistas y la horda bolivariana. ¿Qué comunistas ni que zarandajas? Comunismo era el que practicaban Lenin y Stalin y hasta donde se sabe no se ha nacionalizado en España ni un solo medio de producción, la banca sigue robando a manos llenas como siempre, la Bolsa es el gran zoco del humo y la especulación y Pablo Iglesias todavía no ha abierto el gulag para encerrar a capitalistas, católicos y ultraliberales. Este peligroso Gobierno bolchevique y chavista es el que bendice la fusión de La Caixa y Bankia, dando lugar a la mayor operación financiera de la historia reciente y consumando la gran estafa de los rescates bancarios (70.000 millones que no han sido devueltos a las arcas públicas); este Gobierno es el que frena la ansiada reforma laboral porque no es el momento (en realidad nunca lo es); este Gobierno es el que paraliza el impuesto al rico y a las grandes multinacionales para que no se enfaden los “cayetanos” y “borjamaris” de Salamanca. Que se deje de monsergas el sucesor de Rajoy. Esto ni es comunismo ni es nada; esto es el mismo aguachirle de siempre, el mismo modelo cahondoliberal donde el pez grande se come al chico, donde la banca siempre gana y el obrero a malvivir con una renta mínima vital de miseria (y gracias).
El discurso del “no a todo” de Casado es tan pueril que resultaría hilarante si no fuera porque nos encontramos ante la mayor tragedia nacional desde la Guerra Civil. A Casado le da igual si funciona el Poder Judicial o se atasca, como le importa un bledo si se renueva el Defensor del Pueblo y TVE. A él lo único que le motiva es que caiga el Gobierno cuanto antes, que se hunda ya, que no dure ni un minuto más, aunque para ello sea preciso arrastrar al país a la más absoluta miseria y el pueblo termine comiendo piedras. En su intervención Lesmes ha advertido de que el bloqueo puede suponer un “grave quebranto” a la Justicia española, “a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes”. Pues si el señor Lesmes está tan preocupado por renovar los cargos y magistraturas del Estado lo tiene fácil: que se dirija al negociado de Casado, ese demócrata de los pies a la cabeza que ve fantasmas comunistas en todas partes y que nunca firma nada con quien no piensa exactamente igual que él.
Discurso de Lesmes
Durante su intevención, Lesmes ha recordado el papel y compromiso del sistema judicial durante el estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus, y ha subrayado que toda crisis es una oportunidad para avanzar, por ejemplo en la “ineficientemente organizada” Administración de Justicia que tiene “procesos interminables y con una digitalización de su funcionamiento muchas veces iniciada pero nunca terminada”, informa Europa Press.
Asimismo, el presidente del TS ha resaltado que tras el estado de alarma, que se prolongó por meses, toca reflexionar sobre el mismo y ha pedido un debate sosegado y resolver “cómo mejorar los mecanismos de respuesta” frente a situaciones de crisis, “habida cuenta de la inapelable tozudez con que la historia demuestra que se podrán repetir en el futuro”.
“La complejidad de la situación vivida bajo el estado de alarma obliga a efectuar algunas reflexiones sobre aquellos estados especiales contemplados en el artículo 116.2 de la Constitución Española, que configuran lo que se ha dado en llamar el ‘Derecho de necesidad’, analizando cuál ha de ser la función del Poder Judicial en esos estados especiales”, ha ahondado.
En este sentido, ha afirmado que otra de las consecuencias de la covid-19 es la generación de “importantísimas tensiones en el orden legal de los Estados que han llevado a la adopción de estrictas medidas, sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial, dada su repercusión sobre los derechos de las personas”. Al hilo, ha recordado que en España además de los estados excepcionales contemplados en la Carta Magna, existen múltiples disposiciones ordinarias de necesidad que no suponen una “suspensión genérica de la Constitución”. Y ha añadido que es momento de poner el foco en la multitud de decisiones sanitarias que implicaron restricciones de la libertad personal y que estaban amparadas por la legislación sanitaria ordinaria de excepción que exigen “un ulterior control judicial”.
