El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha convenido hoy paralizar el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una “pronta renovación de la institución”, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno.

Los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia.

En este momento, son cinco las plazas convocadas para las que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debía designar próximamente un titular: tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.

El CGPJ, cuyo mandato de cinco años venció el 4 de diciembre de 2018, ha cubierto desde entonces todas las plazas judiciales y gubernativas que han ido quedando vacantes en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 570.2 prevé expresamente que, durante el tiempo que esté en funciones, la única competencia que no podrá ejercer es la elección de un nuevo presidente de la institución.

También el Tribunal Supremo, en un reciente auto de su Sala Tercera notificado el pasado 1 de octubre que desestimaba la petición de dos asociaciones judiciales de suspender cautelarmente la convocatoria de diversas presidencias y plazas en órganos judiciales colegiados, subrayó que “el normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas”.

La existencia de tres vacantes en la Sala Segunda del alto tribunal, por ejemplo, supone que el 20 por ciento de su planta –formada por el presidente y catorce magistrados– esté sin cubrir, por lo que de prolongarse en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido.

Desde que está en funciones, el CGPJ ha nombrado a diez magistrados del Tribunal Supremo para plazas que habían quedado vacantes por jubilación (en 9 de los casos) o por renuncia de su anterior titular (en el otro).

Cabe recordar que el PP ha echado el cerrojo a las altas magistraturas constitucionales al negarse a llegar a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE para renovar los altos cargos en organismos cruciales para el buen funcionamiento del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o RTVE. De esta manera, al bloqueo político que ha tenido al país agónicamente paralizado durante meses se une ahora la falta de sentido de Estado de un partido, el PP, que ha iniciado una deriva ultra probablemente sin retorno.

La actitud irresponsable del PP en este asunto es especialmente grave, ya que España no puede echar a andar ni acometer las reformas necesarias si no se renuevan antes los cargos constitucionales que llevan años prorrogados, incumpliéndose los plazos que marca la ley. Y para hacerlo hace falta el consenso de los dos principales partidos, es decir, populares y socialistas. Así lo idearon los padres de la Constitución del 78 con el fin de afianzar el bipartidismo, solo que ahora, fragmentado el Parlamento en múltiples formaciones y grupos políticos, el modelo de renovación ha entrado en crisis como otras muchas cosas en nuestro país.

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