Odebrecht es uno de las tramas de corrupción más grandes de la historia porque afectó a casi toda Latinoamérica. No es de extrañar que esto ocurriera cuando el presidente de la constructora brasileña no dudaba en afirmar, allá donde participara en algún evento público, que la corrupción era el nuevo modelo de hacer negocios.

Más de 15 presidentes y ex presidentes de diferentes países de Sudamérica y Centroamérica estuvieron implicados en esta red de sobornos. Muchos de ellos han sido procesados o imputados, pero, hasta el día de hoy, ninguno fue condenado. La realidad es que el día en que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo pública la investigación que estaba llevando a cabo respecto a las actividades de Odebrecht, muchos de los principales políticos latinoamericanos temblaron de miedo.

¿Todos los que sabían que estaban implicados en la trama? No, algunos sabían a la perfección que disponían de la protección de su propio Estado, como, al parecer, ocurrió en República Dominicana, donde varios ex ministros están encarcelados o procesados. Sin embargo, el presidente que firmó más contratos con Odebrecht sigue sin sentarse ante un tribunal. ¿Tendrá que ver que el juez nombrado para investigar la red de la constructora brasileña fue nombrado para la Corte Suprema y prestó juramento ante el propio Leonel?

Durante los diferentes mandatos de Fernández, el funcionario Ángel Rondón recibió el 60% de las transferencias recibidas por éste para pagar sobornos tanto a altos cargos del Estado como a políticos. De los 17 contratos que se firmaron en el país caribeño con la constructora brasileña, 13 fueron adjudicados durante la presidencia de Leonel.

Esa misma suerte no la han corrido otros altos mandatarios latinoamericanos que, de un modo u otro han estado bajo el control de la Justicia.

Esta semana fue detenido el ex presidente Pedro Pablo Kuczinsky. Odebrecht informó al Congreso peruano en diciembre de 2017 de que había pagado 4,8 millones de dólares a dos empresas asesoras que están vinculadas al ex mandatario. Alejandro Toledo, está acusado por haber recibido, presuntamente, un soborno de 20 millones de dólares de Obedebrecht.  Por su parte, Ollanta Humala y su esposa cumplieron 18 meses de prisión preventiva por un presunto delito de blanqueo de capitales y asociación delictiva relacionado con Odebrecht.

Evidentemente, donde el golpe fue más duro fue en Brasil, país de origen de la constructora. Tanto Michel Temer, quien fue detenido por su presunta implicación en otro caso de corrupción, como Dilma Rousseff o Lula Da Silva se vieron implicados en las investigaciones.

En Colombia, Otto Bula, ex senador que se encuentra encarcelado, afirmó haber recibido 4,6 millones de dólares en sobornos de Odebrecth, hecho que salpicó a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, sobre todo cuando en marzo de 2018 el jefe de campaña confirmó la recepción de un pago de la constructora por valor de 2 millones, aunque negó la implicación de Santos. Odebrecth, además, también realizó pagos para la campaña del rival del ex presidente colombiano, Óscar Iván Zuluaga.

Los pagos de la constructora brasileña a campañas electorales también están siendo investigadas en Panamá, donde las sospechas se centran en el apoyo a Ricardo Martinelli, quien fue detenido en Miami en julio de 2018 por su relación con Odebrecht. Sin embargo, Martinelli no es el único político panameño investigado, dado que la Fiscalía de Panamá también requirió información sobre las cuentas del ex presidente Martín Torrijos para determinar posibles sobornos de Odebrecht. Además, según informan medios panameños Juan Carlos Varela también podría estar siendo investigado.

Sin embargo, en República Dominicana ni se han iniciado investigaciones ni se ha detenido a quien firmó 13 de las 17 adjudicaciones a Odebrecht. Hay que recordar, por ejemplo, cómo la constructora brasileña fue un sponsor del torneo anual de golf que organiza la Fundación de Leonel Fernández, Funglode. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en otros países latinoamericanos se han iniciado investigaciones y se ha detenido a los presuntos implicados en el Caso Odebrecht y en República Dominicana, a pesar de haber indicios de posibles comportamientos corruptos, no se ha hecho nada? ¿Tal es el control de la Justicia por parte del partido de Fernández?

En el país caribeño se han presentado querellas lo suficientemente documentadas como para que se abrieran diligencias contra Leonel Fernández y, sin embargo, todas fueron archivadas. Yeni Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional, afirmó que «está prohibido judicialmente perseguir la corrupción» en República Dominicana, tras serle archivada una investigación contra el ministro Víctor Díaz Rúa que estaba llena de evidencias de que el ex ministro de Obras Públicas en el gobierno de Leonel Fernández pudo haber cometido presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción.

Durante el segundo mandato de Leonel los políticos del PLD comenzaron a aparecer relacionados en casos de corrupción. El más importante es el senador Félix Bautista quien estuvo acusado, entre otras cosas, de hacer «desaparecer» 130 millones de dólares de la contratación irregular de la realización de obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No se hizo nada a pesar de haber un expediente de más de 50 folios que probarían que Bautista se apoderó ilegalmente de 112 millones de los 130 contratados.

En el año 1996, cuando Leonel Fernández fue investido por primera vez como presidente de la República Dominicana afirmó lo siguiente: «El gobierno que hoy se inicia se propone desarrollar una profunda reforma y modernización del Estado… El objetivo central de la reforma y la modernización del Estado Dominicano es de contribuir a la eliminación de la corrupción de la administración pública». La realidad es que durante sus mandatos la corrupción se acrecentó en el país caribeño que necesita un cambio, una reforma absoluta de sus poderes democráticos.

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