El interino de todas las administraciones se ve afectado hoy dia por el “ICETAZO”. Algunos lo han calificado como el mayor ERE encubierto de la historia y otros han dicho que tiene una letra pequeña que engaña, miente, y contradice la inspiración del requerimiento europeo en el que se basa. ¿Se puede decir que es un abuso? ¿Se puede opinar libremente sin que por ello te etiqueten en las izquierdas o en las derechas? ¿Es posible una reflexión apartidista? En todo caso hay 800.000 profesionales en situación de riesgo que merecen una reflexión y una consideración.
Son personas que llevan toda su vida laboral trabajando para la administración en una situación de absoluta precariedad. Siendo objetivo el ICETAZO tiene a los interinos de justicia, de educación, etc, al borde del desempleo por unas oposiciones insuperables y una vida de itinerancia donde es imposible obtener una plaza.
La justicia europea dice que España, a sus interinos, les hace contratos consecutivos para atender necesidades permanentes y no puntuales, dejando en manos de la justicia la conversión en contrato fijo. Pero además el TJUE ha dicho en un nuevo auto que la única forma de cumplir la directiva europea es hacer fijos a los interinos, cosa que no se hace.
Si esto es así ¿por qué el ICETAZO ralentiza y distrae este incumplimiento? ¿Si la política del gobierno es una política de progreso social qué interés tiene en incumplir las directivas europeas? ¿De verdad que el mayor problema de la administración son los interinos? ¿No lo son los puestos de confianza? Amén de tantos despropósitos se escucha un fuerte eco en la calle, entre los profesores, los sanitarios, etc, y que es este: “ojalá pasara lo mismo que con las clausulas suelo de las hipotecas. Ojalá llegara el momento en el que no puedan silenciar no solo los gritos de los interinos sino el del mismo estamento europeo que lo reclama”.
Los interinos necesitan una reflexión apartidista que no implique odios ni venganzas ni etiquetas. Las familias de estos tienen dificultades que nadie atiende aunque las altas instituciones europeas así lo recomiendan. Hacen falta soluciones y no normas populistas con una letra pequeña demasiado extensa. Son 800.000 personas a merced de argumentos alejados de los hechos. Por desgracia Noam Chomsky tenía razón. Ya nadie cree en los hechos, tan solo defienden argumentos que convienen.
Sumario: Ya nadie cree en los hechos, se conforman con algo menos como los argumentos que les convienen y con lo políticamente correcto.
Vamos a ver. Este artículo defiende el Viejo Régimen, no el franquismo sino el que existía antes de la Revolución Francesa, donde el principio fundamental de toda sociedad democrática: IGUALDAD, se convirtió en piedra angular de toda libertad y democracia. A nadie se le niega la posibilidad de que preparen las oposiciones, lo pueden hacer después de terminar la jornada laboral; quien escribe lo hizo. No volvamos a la «Edad de Piedra» donde el bien apadrinado es a quien le dan el empleo a dedo por ser fiel y sumiso. Si lo más radical que es la vida, la renta del trabajo de la garantiza, la sustentas en el favor de un «cacique», ¿donde está la libertad y la democracia?
El TJUE ha reconocido que existe fraude, y ante ello se debe sancionar a la administración no a los trabajadores que sufren. Aquí no se está hablando de la forma de acceso pues ya estamos trabajando, y por tanto, estamos dentro. Las sentencias del TJUE han indicado que si no existe sanción disuasoria en las normas internas corresponde fijeza, y aunque una norma de rango constitucional lo prohíba (principio de igualdad) no se aplicaría la norma interna, dado que el ordenamiento jurídico europeo tiene primacía sobre el español. Por ello, esto no va de principio de igualdad, sino de una sanción ajustada al derecho europeo. Los derechos que ha reconocido Europa al personal en fraude no es algo que los ciudadanos o el gobierno tengan elección de dar, sino que tienen la obligación de respetar. Por tanto, te ruego que consideres la primacía del derecho europeo en esta cuestión.
En el planteamiento del compañero falta algo importante: la primacía del derecho europeo sobre el derecho del estado, incluida las normas de rango constitucional. El TJUE ha indicado que si no existe una sanción disuasoria establecida en la normativa interna corresponde fijeza como sanción aunque lo prohíba la Constitución. Luego, la cuestión no está en la forma de acceso sino que es una cuestión relacionada con un fraude cometido. Por tanto, reflexión que un derecho no es algo que los demás deban dar sino que están obligados a respetar.