El Banco de España ha hecho públicas sus previsiones económicas sobre el déficit público para 2019, empeorándola en una décima y situándola en el 2,5%, lo que significa repetir el ratio del pasado ejercicio y rebasar el 2% que tenía fijado el Gobierno.

El director general del Economía y Estadísticas del Banco de España, Oscar Arce explicó en rueda de prensa que este empeoramiento en una décima frente al pronóstico que tenía el organismo el pasado mes de septiembre se debe básicamente “a los datos de ejecución presupuestaria, que están siendo algo peores, porque los ingresos se están desacelerando ligeramente”.

Arce criticó el pago fraccionado de impuestos de sociedades, “que sin ser malo o bajo, comparado con un 2018 que fue muy positivo, no ha vuelto a producirse en la misma magnitud este año”.

Los gastos públicos han crecido algo más por un aumento superior al previsto por el aumento de la nómina de los empleados públicos y también por la subida de las pensiones según el IPC.

Las nuevas proyecciones macroeconómicas empeoran igualmente el déficit para el año 2020 del 1,8 al 2,1%; la En 2021 la sitúa en el 1,8%, y la bajan al 1,4% del PIB para el ejercicio 2022.

La primera de ellas es instar a la conformación de un Gobierno y a la adopción de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) acordes con el escenario

España redujo su déficit público para el conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 2,48% del PIB en 2018, desde el 3,02% del año anterior, lo que supuso salir del procedimiento de déficit excesivo. Para 2019 se prevé un déficit público del 2% en la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 elaborada por el ahora gobierno en funciones, donde también se prevé que en 2022 se alcance el Objetivo de Medio Plazo establecido por el Consejo Europeo para España, que se concreta en unas cuentas públicas equilibradas, es decir, con déficit cero. No obstante, la senda de déficit incluida en el Programa de Estabilidad no fue aprobada por el Parlamento, al igual que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se encuentran prorrogados en 2019.

Para los sindicatos es de relieve la importancia de contar cuanto antes con un gobierno y unos PGE

Para UGT las proyecciones macroeconómicas publicadas por el Banco de España plantean un escenario de ralentización económica que requiere medidas de impulso de manera inmediata. En este sentido, estas previsiones coinciden, fundamentalmente, con las ya planteadas por el Gobierno, la Comisión Europea y los principales organismos supranacionales multilaterales, como OCDE o FMI.

El organismo proyecta un crecimiento muy moderado y en disminución, situándose por debajo del 2%, con crecimientos del empleo relativamente modestos y una estabilización en la tasa de paro en valores superiores al 12%.

Para UGT, resulta imprescindible impulsar medidas para acabar con esta parálisis y favorecer el crecimiento. La primera de ellas es instar a la conformación de un Gobierno y a la adopción de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) acordes con el escenario. En este sentido, varias de las medidas apuntadas en el Proyecto de PGE que no llegó a aprobarse en el año 2018 parecen merecedoras de recuperarse, especialmente las que apuntaban a un aumento de la recaudación impositiva en línea con situar la capacidad recaudatoria del sistema fiscal español, a la altura de la media europea, haciéndolo a través de figuras que mejoran la capacidad redistributiva de este sistema. Acciones como, por ejemplo, la reordenación del Impuesto de Sociedades o la tasación de las transacciones digitales.

Para el sindicato, los presupuestos deben crear el espacio fiscal adecuado para poder intervenir en la economía, mediante medidas que estimulen la inversión pública, muy ralentizada desde hace varios años.

Además, la evolución, muy contenida, de la inflación de 2019 (y la prevista hasta 2021), con valores muy por debajo del 2% -considerado estabilidad de precios por el Banco Central Europeo-, permiten, en opinión de UGT, que aumenten los salarios en nuestro país, con el fin de que los hogares recuperen el poder adquisitivo perdido durante la crisis. Esto constituiría un elemento adicional de impulso a medio plazo.

El déficit público es el síntoma; la baja contribución fiscal española es la enfermedad

Para CCOO la Actualización del Programa de Estabilidad enviado a Bruselas el déficit público empeora en 0,2 puntos y el gasto público primario aumentaría un 3,9%. El desequilibrio se explica por la falta de aprobación de los incrementos de impuestos incluidos en el proyecto de PGE finalmente no aprobado, que hubieran significado un aumento de la recaudación de medio punto del PIB y que junto a las medidas aprobadas por el gobierno a primeros de 2019 (fundamentalmente: aumento, junto al salario mínimo, de la base mínima de cotización un 22,3% y un 7% de la base máxima de cotización) habrían permitido impulsar el gasto al tiempo que se cumplía con los compromisos de estabilidad de las cuentas públicas.

Para el sindicato, esta es una prueba más de que el esfuerzo que tiene que realizar el sector público para equilibrar sus cuentas, no solo no requiere recortar el gasto público, sino que, por el contrario, éste puede y debe aumentar para conseguir una rebaja activa del peso del déficit y la deuda pública sobre el PIB. Esto es posible gracias a que la economía española cuenta con un importante margen fiscal resultado de una baja contribución fiscal en comparación con la media de la Eurozona, 6,4 puntos porcentuales del PIB (77.000 millones de euros de menor recaudación).

Para CCOO, el impulso del crecimiento económico desde las cuentas públicas es la orientación adecuada de política económica para recortar la elevada tasa de desempleo en España

La baja contribución fiscal es el verdadero déficit estructural de las cuentas públicas, no el déficit público. Este último es solo un síntoma de la desfiscalización que han sufrido las Administraciones Públicas desde mediados de los ochenta y que se ha traducido en una mayor deuda pública, que las rentas y patrimonios más altos de personas y empresas han conseguido trasladar a las generaciones futuras beneficiándose de una menor fiscalidad, lo que se ha traducido también en una mayor desigualdad.

El cierre progresivo de esta brecha fiscal permitiría eliminar el déficit público, al tiempo que se impulsa la inversión pública (que en términos netos -sin amortizaciones- lleva siete años recortándose) para mejorar la productividad y aumenta la protección social por desempleo, dependencia y vivienda. Este importante margen fiscal permitiría asegurar, asimismo, la sostenibilidad del sistema de pensiones garantizando la suficiencia de las pensiones, es decir, actualizándolas con el IPC y sin recortes por el incremento de la esperanza de vida (el mal llamado factor de sostenibilidad).

Bajo estos parámetros, los últimos análisis llevados a cabo por la Tesorería de la Seguridad Social y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) indican que se requerirán tres puntos adicionales del PIB para atender el gasto en pensiones en el momento de mayor volumen de pensionistas, entre 2049 y 2050. Un gasto adicional que es del todo asumible por la economía española ha afirmado desde CCOO.

Para el sindicato, el impulso del crecimiento económico desde las cuentas públicas es la orientación adecuada de política económica para recortar la elevada tasa de desempleo en España, al tiempo que se rebaja el peso del déficit y la deuda públicos sobre el PIB.

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