Las preocupaciones sobre el papel de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como centro de delitos financieros han existido durante décadas. En la década de 1990, el Bank of Credit and Commerce International, una institución global que era propiedad mayoritaria de la familia real de Abu Dhabi y el gobierno de Abu Dhabi, estuvo implicado en sobornos, blanqueo de dinero, tráfico sexual y financiación del terrorismo, lo que le valió el sobrenombre «Bank of Crooks and Criminals International» (Banco Internacional de Ladrones y Criminales).
El estatus de EAU dentro del sistema de secreto financiero extraterritorial del mundo ha crecido notablemente durante la última década. En 2009, Tax Justice Network, un grupo de investigación y defensa anticorrupción, incluyó a Dubai en el puesto 31 en su clasificación de las jurisdicciones extraterritoriales más importantes, según sus niveles de secreto financiero y la escala de sus actividades financieras extraterritoriales. Para 2020, los Emiratos Árabes Unidos ocuparon el puesto número 10 en el mismo Índice de secreto financiero.
La vista gorda de Estados Unidos
Una cosa que distingue a los Emiratos de otros paraísos secretos es que Estados Unidos los considera un aliado militar fundamental y un baluarte contra el terrorismo en Oriente Medio.
Debido al papel que desempeña EAU en la seguridad nacional estadounidense y los intereses económicos en la región, Estados Unidos no ha ejercido sobre los Emiratos el tipo de presión que ejerce sobre Suiza, Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.
Estados Unidos en ocasiones, sobre todo después de los ataques del 11 de septiembre, ha presionado a los Emiratos para que trabajen más duro para detener el flujo de dinero que financia el terrorismo. Pero, en general, Estados Unidos parece haber hecho la vista gorda a su papel en la facilitación de las finanzas ilícitas, los llamados minerales de conflicto y el crimen organizado.
Empresas ilegales
Firoz Patel, el magnate de Internet de Quebec acusado de blanquear 250 millones de dólares para traficantes de pornografía infantil y otros delincuentes, declaró ante un juez estadounidense que estaba «humillado y avergonzado» por lo que había hecho. «En algún momento del camino me perdí … comencé a tomar», afirmó.
Sin embargo, el juez dijo que Patel no había operado su imperio de transferencia online de dinero como si fuera un inocente. Durante años Patel había solicitado agresivamente transferencias de dinero de «empresas ilegales conocidas», al mismo tiempo que «saneaba activamente listas de clientes y otros registros» para ocultar sus delitos y los delitos de sus clientes.
Los Papeles de Pandora, el último gran escándalo financiero destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) muestran que en 2017, cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a acercarse a él y a su red de negocios de transferencia de dinero, buscó establecerse en una empresa offshore. SFM, el proveedor de formación de empresas con sede en Dubai, le ayudó.
Según el ICIJ, los documentos filtrados muestran que, en abril de 2017, SFM suministró a Patel una empresa creada en el emirato de Ras Al Khaimah, una jurisdicción que los profesionales de la industria offshore afirman que proporciona uno de los niveles más altos de anonimato disponibles.
Un año después, según muestran los documentos, SFM renunció como agente registrado de Patel, citando «razones de cumplimiento». Los estándares internacionales promovidos por los Estados Unidos y otras potencias mundiales requieren que proveedores como SFM rechacen a clientes potenciales que puedan estar involucrados en lavado de dinero y otros delitos o tratando de evadir las sanciones gubernamentales.
En 2020, Patel se declaró culpable en un tribunal federal de Washington DC de lavado de dinero. El juez lo condenó a tres años de prisión.
Patel es uno de los, al menos, 24 clientes de SFM que han sido acusados en casos penales, demandas, acciones regulatorias o informes de las Naciones Unidas, de delitos financieros u otras irregularidades, según la revisión realizada por ICIJ de los documentos de Pandora Papers. Al menos 12 de ellos han sido condenados y sentenciados en procesos penales.
A través de su abogado, Patel dijo que la compañía de los Emiratos Árabes Unidos no tenía nada que ver con las acusaciones de Estados Unidos y dejó de operar un año y medio después de su inicio. Dijo que los negocios en los que estaba involucrado «no eran intrínsecamente ilegales» y que sus problemas legales fueron causados por «algunos malos empleados y malos socios que nos trajeron cantidades incalculables de daño».
