Las políticas que el ‘trifachito’ (PP/Ciudadanos/Vox) ha puesto en marcha en comunidades autónomas como Andalucía, Madrid y Murcia están transformando el concepto de violencia machista que tanto tiempo había costado introducir no solo en la sociedad sino también en la política, en el Derecho y en el sistema judicial español. Tras más de mil mujeres asesinadas en terribles casos de violencia de género –un número aún mayor de víctimas mortales que el registrado por el terrorismo de ETA– los partidos políticos habían conseguido alcanzar uno de los consensos más importantes desde la Transición: considerar como violencia machista todo maltrato de un hombre sobre su pareja.

Aquel gran acuerdo político –en el que se implicaron todas las fuerzas parlamentarias– tuvo consecuencias trascendentales a la hora de abordar el problema. Se promulgaron leyes nacionales y autonómicas para proteger a las mujeres maltratadas; se pusieron en marcha en las escuelas ambiciosos planes pedagógicos para educar a los niños en igualdad de género; se lanzaron importantes campañas de concienciación a través de los medios de comunicación; se dotó de dinero y recursos públicos a ministerios, consejerías y concejalías; se abrieron observatorios, teléfonos de emergencia, instituciones, asociaciones y hogares de acogida para atender a las víctimas; se dotó de más medios humanos y materiales a las fuerzas de seguridad del Estado y a los órganos judiciales para perseguir y detener a los asesinos y maltratadores; se reformó el Código Penal y se incluyeron protocolos de actuación en los hospitales públicos.

En resumidas cuentas, el Estado tejió una compleja estructura institucional hasta el punto de que en apenas dos décadas se ha hecho más por erradicar la violencia machista que en toda la historia de España. Y aunque es cierto que el sistema continúa siendo imperfecto (por desgracia hoy siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas) podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestro país había sentado las bases para poder, si no acabar con el problema algún día (algo que parece imposible mientras exista la maldad humana) sí al menos reducirlo a la mínima expresión.

España había recorrido un camino muy importante en la lucha contra este auténtico cáncer para una sociedad y prueba de ello es que miles de víctimas de violencia machista han podido salir del infierno del maltrato y reconstruirse como personas. Es momento de recordar no solo a aquellas mujeres que desgraciadamente ya no están entre nosotros porque han sido asesinadas sino a aquellas otras que lograron salvar la vida gracias a ese teléfono de emergencias 24 horas, a ese juez o jueza diligente que dictó una orden de alejamiento a tiempo, a esos policías que llegaron de madrugada cuando la bestia ya tenía el cuchillo en la mano, a ese profesional de la educación o de la sanidad que detectó un caso de maltrato en el colegio o en el hospital o a ese trabajador social que tras ver un moratón o un arañazo en la cara de una mujer supo intuir con acierto dónde había una posible víctima de malos tratos.

Todo ese gran logro fruto de la concienciación que ha sido obra de toda la sociedad española (y por qué no decirlo, de los sucesivos gobiernos que han estado al frente de las políticas sociales) corre serio riesgo de verse arruinado por culpa de una ideología intolerante, la del populismo xenófobo de Vox, que ya está marcando la agenda política en varias comunidades autónomas. En un error que quedará para la historia, PP y Ciudadanos han pactado el reparto del poder con los ultraderechistas que, haciendo gala de una sorprendente falta de sensibilidad y de un absoluto desconocimiento del problema, ya toman decisiones administrativas y políticas o empujan a otros a tomarlas por la fuerza del chantaje (el famoso “o haces yo lo que yo digo o te retiro el apoyo y los escaños y no gobiernas”).

Un ejemplo de esta contaminación es la campaña contra la violencia de género puesta en marcha por la Junta de Andalucía el pasado verano. Esos carteles con imágenes de mujeres felices y sonrientes bajo el lema Ella ha sufrido malos tratos. Pero la vida siempre es más fuerte poco tienen que ver con la realidad de las mujeres maltratadas. Tras comprobarse que las protagonistas de las fotos no eran víctimas reales, sino modelos extranjeras sacadas de una agencia publicitaria que promueve anuncios de cosméticos, tratamientos de belleza y clínicas dentales cabe preguntarse qué clase de gente está detrás de estos absurdos montajes que banalizan y juegan con el terrorismo machista. Ya han surgido en redes sociales varios movimientos que exigen la retirada de la campaña a través de los hashtag #ViolenciaMachistaAsesina y #RetiradaCampañaYa.

Pero no es el único caso que nos hace sospechar por qué derroteros irá a partir de ahora la lucha contra la violencia de género en nuestro país. El pasado verano las Juntas de Distrito de Madrid presididas por el PP de José Luis Martínez-Almeida retiraban las pancartas contra la violencia machista de algunos edificios institucionales. Las primeras en desaparecer fueron las de las juntas de Arganzuela y Chamberí. Una vez más, detrás de esta decisión estaban las consabidas presiones de Vox, que apretaba en la sombra a PP y Ciudadanos en plena negociación por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Finalmente, el pacto ha cuajado y el ‘trifachito’ madrileño promete decisiones que a buen seguro pondrán los pelos de punta a todo demócrata de bien.

Y finalmente en Murcia, otro territorio que ha caído en manos conservadoras tras el infame cambalache de la derecha convencional (PP y Cs) con los ultraderechistas, el partido de Santiago Abascal ha conseguido que no se retire de sus propuestas para el pacto de Gobierno el término violencia “intrafamiliar”, que sustituirá al de violencia machista. “Declarar la violencia de género como violencia intrafamiliar es un disparate porque deja sin asistencia a las víctimas de violencia de género y a sus hijos y las deja sin fundamento jurídico”, asegura Anna Mellado, miembro de la Asamblea Feminista. Este nuevo enfoque del problema por la vía de un eufemismo inaceptable supone retroceder al menos cuarenta años, cuando las mujeres maltratadas no disponían de una especial protección ni policial ni jurídica y los periódicos hablaban de “crimen pasional” a grandes titulares cada vez que se producía un asesinato. Y así es como, paso a paso, lentamente y entre bambalinas, la ultraderecha va imponiendo su macabra y disparatada ideología que no tiene otro fin más que devolvernos a los años del franquismo y del dominio del macho ibérico sobre la hembra. Ese patriarcado perdido que añoran y sueñan con poder recuperar algún día.

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