La Coordinadora Valenciana de ONGD no pactará nada con los abogados de Rafael Blasco, el todopoderoso ex conseller del PP procesado por la trama de saqueo de los fondos de cooperación con el Tercer Mundo. Además, la postura de esta asociación es firme: irán a juicio mientras no se devuelva el dinero de las subvenciones que supuestamente fueron desviadas a bolsillos privados. Según un comunicado de la plataforma, no se llegará a “ningún acuerdo de conformidad que no garantice la devolución de lo defraudado y la justicia efectiva”, además de “la asunción de unas condenas razonables” para el ex conseller de Solidaridad y ex portavoz del PP en Les Corts Valencianes.

La Coordinadora representa a la acusación popular en el juicio por las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a organizaciones gubernamentales sin ánimo de lucro que luchan por mejorar la vida de los más necesitados. Se trata de un proceso judicial donde se investiga también a dónde fueron a parar las inversiones públicas para el proyecto de construcción de un hospital en Haití que nunca llegó a hacerse realidad.

A pocos días para que Blasco y sus cómplices, entre ellos el empresario Augusto Tauroni, se sienten en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Valencia, los movimientos entre la Fiscalía Anticorrupción y los abogados de las defensas parecen encaminados a llegar a algún tipo de pacto o acuerdo por el que los procesados admitan una rebaja sustancial de las penas a cambio de devolver parte del dinero escamoteado a países pobres como Haití, Nicaragua o Perú. El fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, ha presentado pactos de conformidad o preacuerdos todavía por concretar con un total de 16 acusados de los 24 que se sientan en el banquillo, según informa la agencia Europa Press. Entre ellos se encuentran Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, los dos principales acusados.

Para la Coordinadora, cualquier acuerdo que no pase por la devolución de lo robado es “inaceptable”, dado que “estaría lanzando a la ciudadanía un mensaje de impunidad frente a la corrupción y lo estaría haciendo en el caso más inmoral que ha sacudido la Comunitat Valenciana”, según la presidenta de la Coordinadora, Lourdes Mirón.

La trama planeó el presunto desvío de al menos 4,5 millones de euros que en principio iban a ser destinados a la cooperación internacional con once países empobrecidos, incluida la ayuda de emergencia a Haití tras el terremoto que asoló ese país en 2010, causando más de 300.000 muertes y dejando sin hogar a un millón y medio de personas.

En su comunicado, la Coordinadora recuerda que en la sesión de cuestiones previas el letrado de Blasco aportó al tribunal, para firmar el acuerdo con el fiscal, el título de propiedad de un local situado en Valencia con un “valor comercial” de 600.000 euros y una tasación de alrededor de 400.000 del que el exconseller “ni siquiera es propietario”, según la Coordinadora, que agrupa a numerosas oenegés. Además de esta propiedad, la defensa del exconseller presentó un poder otorgado a la Generalitat para la venta y/o disposición del inmueble “y ello como forma pago de las responsabilidades civiles que se le reclaman en este procedimiento”.

La Coordinadora Valenciana de oenegés entiende que dicho ofrecimiento “no es serio” y “en modo alguno garantiza el resarcimiento de la responsabilidad civil y los daños morales que se le reclaman”. Además, pide a la Abogacía de la Generalitat que no se sume a ningún acuerdo que pueda “lanzar a la ciudadanía un mensaje de impunidad ante la corrupción”.

La Coordinadora ha destacado que en este juicio se tiene que dirimir la presunta comisión por parte de Blasco, Tauroni y otros de un delito de asociación ilícita, del que no se les acusó en la primera pieza de la causa. Según ha recordado esta entidad, desde la trama empresarial encabezada por Blasco y el empresario Tauroni se “manipularon presuntamente los exhaustivos procedimientos de control” de la concesión y justificación de fondos para proyectos de cooperación que se aplican a las oenegés. La Coordinadora asegura que la trama corrupta trató de “favorecer a fundaciones creadas expresamente por el empresario para apropiarse de esos fondos, y a pequeñas entidades que manipularon para su lucro personal”.

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