Otra oportunidad perdida. Las multinacionales no tendrán que publicar sus impuestos país por país, ya que la propuesta de directiva fue derrotada en el Consejo de la UE por la mínima, debido a la abstención de Alemania, el pasado jueves. Para el sindicato CCOO, este resultado supone un paso atrás en el proceso normativo que se viene desarrollando en los últimos años.
El proyecto de la OCDE, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting-Erosión de la base imponible y traslado de beneficios-), busca evitar prácticas empresariales basadas en planificaciones fiscales agresivas orientadas a la elusión y evasión fiscal, que aprovechan vacíos legales y desajustes normativos para trasladar artificialmente beneficios a localizaciones de la empresa con escasa o nula actividad real y con tipos impositivos nulos o muy bajos. Estas prácticas suponen tanto una pérdida recaudatoria para los Estados que las sufren, como una competencia desleal para empresas de menor tamaño que no pueden llevar a cabo estas prácticas.
En el ámbito europeo, la Comisión Europea elaboró en 2012 un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal. En 2016, este plan dio lugar a una directiva respecto al intercambio obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad. El marco BEPS de la OCDE y el G-20 y la normativa comunitaria habían logrado que esa información ya estuviera disponible para todas las agencias tributarias, pero no para la ciudadanía, una demanda que ya había realizado el sindicato CCOO y que finalmente no ha salido adelante.
Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a conocer los impuestos realmente pagados por las empresas en los diferentes países
La transparencia es positiva para todos los grupos de interés de las sociedades, empezando por las empresas, pues generan mecanismos de lucha contra malas prácticas que causan competencia desleal entre las empresas. Asimismo, los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a conocer los impuestos realmente pagados por las empresas en los diferentes países en los que tienen actividad, ya que así pueden valorar si la aportación de los diferentes agentes es equitativa y contribuye adecuadamente al desarrollo económico y a la creación y mantenimiento de los sistemas de protección social en estos países.
CCOO considera que es preciso cambiar la concepción dominante sobre la finalidad de una empresa., que no puede ser, únicamente, la retribución del accionista. Su impacto sobre el empleo, la demanda y provisión de bienes y servicios, su retorno a la sociedad a través de su aportación fiscal, entre otros, muestran la importancia de la empresa como elemento de vertebración social, no como un mero extractor de recursos en beneficio de sus propietarios.
CCOO, en los estudios que periódicamente realiza sobre la evolución de indicadores de buen gobierno, viene destacando que es prácticamente imposible disponer de indicadores clave como la cuantía pagada del impuesto de sociedades país por país o el tipo fiscal efectivo de cada jurisdicción en la que la empresa tiene actividad. Las empresas optan por un modelo de informe que recoge toda la aportación fiscal que genera su actividad, donde se incluyen impuestos que, como ellas mismas indican, “recaudan en nombre de terceros”.
Con la aprobación de la ley que regula la información no financiera y diversidad de las empresas en 2018 se había dado una mayor transparencia a las prácticas fiscales. Según esta norma, las empresas deben incluir dentro de sus informes de gestión, sus memorias de información no financiera, en las que se especifiquen “los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas”.
