Los representantes de las asociaciones Familias para la Sociedad del Siglo XXI, Adeni, Herejes, Libres de violencia vicaria (Madrid), Stop Desamparos (San Sebastián) e Infancias Robadas (Baleares), junto a familiares de menores tutelados, se han concentrado ante la sede de la dirección general de Infancia y Familia de la Comunidad de Madrid.
Se cumple una semana del cese en sus funciones de Alberto San Juan, titular de esta dirección general hasta el pasado viernes, cuando él mismo anuncio el fin de su etapa a través de Twitter. Aún se desconoce si la marcha de San juan fue ordenada por la consejera Concepción Dancausa o voluntaria por razones personales. En cualquier caso, en el universo de Isabel Díaz Ayuso, el silencio impera alrededor de todo «lo social». Y la realidad de los centros de menores tutelados o las retiradas presuntamente injustificadas por los Servicios Sociales, que denuncian las familias, no son una excepción. El asunto es la piedra en el zapato de la Comunidad de Madrid desde que trascendiera la Operación Sana, que destapó la utilización de menores tuteladas para ejercer la prostitución.
Ahora toma el relevo institucional Silvia Valmaña, directora general de Infancia y Familia. Y con ella pretendían hablar los portavoces de los colectivos concentrados en Manuel de Falla,7. Finalmente, Valmaña ha afirmado «que hoy era imposible que algún técnico nos pudiera atender. Que ha recibido nuestro escrito y que el lunes lo mirará», según Victoriano Fernández, presidente de Familias para la Sociedad del Siglo XXI
Concretamente, esta asociación había enviado una misiva a Valmaña en la que le muestra su preocupación «por la situación de las familias en nuestro país y de manera concreta en Madrid».
La carta recoge los pasos dados por este colectivo durante el mandato de Alberto San Juan. Comenzaron su labor «como voluntarios en el año 2014», cuando aparecieron los primeros casos de personas «a las que la Administración Pública les retira la patria potestad y les tutela de diversas formas. Comenzamos con personas mayores de edad, y desde ahí descubrimos que el problema es más amplio y nos afecta a todas las personas».
Explican que han mantenido con el ex director general, Alberto San Juan, «alguna otra reunión pero según avanzaba el año 2022 esas reuniones se fueron aplazando. Por ello hicimos diversos actos de protesta frente a la sede de la dirección general y en la Gran Vía, porque la situación de los menores y de sus familias cada día nos tiene más preocupados».
Falta de recursos para internos y familias
En el último mes, relatan, «varias de estas familias con hijos en el centro de menores de Chamberí han llegado incluso a la prensa explicando la situación de tensión que se vive en ese centro, fruto de esa tensión son las fugas habituales en ese centro ante la actitud de despreocupación de la dirección».
Familias para la Sociedad del Siglo XXI afirma en la carta que «en conversaciones con monitores y trabajadores de diversos centros se nos dice que el problema fundamental es de falta de recursos para atender a los internos y a sus familias».
Insiste en que «el problema viene de un mal enfoque del sistema en su conjunto. Pensamos que si se orientara el sistema a ayudar a las familias que lo necesiten, en vez de retirarles sus hijos, el costo económico sería menor y las familias, niños, niñas, adolescentes y familia extensa vivirían mejor».
Por todo ello y ante el cambio de dirección ha solicitado una entrevista con urgencia con la directora general. «Podría ser una ocasión de que recibieran a una personas de la que asistamos para iniciar un contacto estrecho que nos permita evitar casos como los que suceden en el Chamberí y la Rosas», apunta el documento.
Junto a la carta, la organización ha enviado a Valmaña un documento «que se entregó en 2019 en el Palacio de La Moncloa al entonces responsable del comisionado contra la pobreza infantil».
Nueva etapa
La directora general de Infancia y Familia de la Comunidad de Madrid, Silvia Valmaña, fue diputada nacional por el PP en las legislaturas XI, XII y XIII. Es Doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha realizado estancias docentes y de investigación en las Universidades de Alcalá, Uniwersytet Warszawski, Karol de Grote (Amberes), Università degli Studi di la Campania Luigi Vanvitelli y Università degli Studi di Modena y Reggio Emilia. Es profesora de distintos máster en la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y autora de más de un centenar de publicaciones, destacando entre sus líneas de investigación las relativas al estudio de las consecuencias jurídicas de la violencia en la familia, la violencia de género y la violencia contra menores.
