Las enfermeras están hartas. No pueden seguir trabajando contra un virus mortal con bolsas de basura, improvisadas máscaras caseras, esparadrapo y chubasqueros traídos de casa. El heroísmo y los aplausos diarios de las ocho de la tarde están muy bien pero ahora temen por sus vidas, como cualquier persona. En los primeros días tras el estallido de una crisis de estas dimensiones es lógico que falte material y que el sistema se vea desbordado, pero las diferentes administraciones sanitarias, tanto central como autonómicas, ya han tenido tiempo más que suficiente para reaccionar. Está en juego la integridad física de miles de profesionales del sector sanitario (a fin de cuentas nuestro Ejército en esta batalla desigual contra el covid-19) y alguien en las altas esferas no está haciendo bien su trabajo, hasta tal punto que incluso podría estar cometiendo delitos muy graves contra la seguridad en el trabajo.
La cuestión no es ninguna broma, mucho menos teniendo en cuenta que aunque Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que podríamos estar a punto de entrar en el ansiado descenso de la curva epidemiológica, no hay más que ver el parte de bajas diario para concluir que esta crisis va para largo. Solo en el día de ayer los contagios por coronavirus en España se elevaron a 56.188 y 4.089 fallecidos. Y lo que es todavía peor: más de 6.500 trabajadores sanitarios han caído enfermos en los últimos días.
En ese escenario, el Sindicato de Enfermería Satse ha empezado a presentar denuncias ante las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social al considerar que las administraciones sanitarias “siguen vulnerando la normativa existente y los protocolos establecidos y no facilitan a las enfermeras y enfermeros los equipos de protección individual necesarios para poder trabajar de forma segura al entrar en contacto con los pacientes, lo que está poniendo en grave riesgo su salud e integridad, así como la de la propia población”. El Sindicato de Enfermería está estudiando, además, la posibilidad de interponer las correspondientes comunicaciones a las Fiscalías de cada provincia para que investiguen las posibles responsabilidades penales en caso de que el grave problema de la falta de material de protección no se solucione “de manera inmediata”.
“Tras seguir constatando numerosas situaciones de falta de material de protección adecuado, Satse se está dirigiendo, a través de sus secretarías autonómicas y provinciales, a la Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social, así como a las de Servicios o denominación correspondiente, según la autonomía, para reclamar que se investiguen los hechos denunciados en cada caso y que se adopten con urgencia las medidas que sean pertinentes a fin de garantizar los derechos de los profesionales, así como del resto de la población, ante la situación de alarma sanitaria existente”.
El delito contra la seguridad e higiene en el trabajo está castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Está contemplado dentro del Título XV del Código Penal dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores y sanciona a “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.
En sus escritos de denuncia, el sindicato de Enfermería subraya que la falta de material de protección necesario supone un “claro incumplimiento” de las normas que hasta la fecha se han dictado por parte de las autoridades estatales y autonómicas, así como un “grave atentado contra el derecho a la salud y la integridad física y psíquica de los profesionales y de otras personas de su entorno, como los pacientes, familiares o compañeros de trabajo”.
Desde Satse se recuerda que los profesionales sanitarios atienden todas las alertas de los pacientes que puedan ser sospechosos de estar infectados por el covid-19, ya sea en los hospitales, centros de salud, otros centros sanitarios y sociosanitarios y domicilios particulares, por lo que es obligatorio que cuenten con los equipos de protección individual (guantes, mascarillas, batas, gafas…) necesarios y suficientes a fin de garantizar al máximo que no se ponga en riesgo su salud e integridad, así como la de terceras personas en contacto con ellos, y evitar la propagación del virus.
Este mismo miércoles, el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid admitió las denuncias de los profesionales y dio un ultimátum de 24 horas a las autoridades sanitarias para que “provea [la Consejería de Sanidad] a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud −hospitalarios, asistenciales de atención primaria, Summa 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean públicos o privados, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario−, de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos”.
La falta de este material de protección ha provocado que, hasta la fecha, se hayan contagiado cerca de 6.500 profesionales sanitarios, de los que Satse tiene fundadas sospechas que el mayor número corresponde a enfermeras y enfermeros. Al respecto, el sindicato reclama al Ministerio de Sanidad que ofrezca datos de contagios por categorías profesionales y que “no se esconda de manera intencionada en cierta ambigüedad al dar sólo una cifra”.
La organización sindical añade que el porcentaje de profesionales sanitarios españoles contagiados (13 por ciento) supera con creces a los de Italia (8 por ciento ) y China (4 por ciento), lo que constata “que en nuestro país ha habido menos protección y seguridad que en otros también gravemente afectados por la pandemia”.
“Es absolutamente intolerable esta situación y llegará el momento de pedir las oportunas responsabilidades, pero ahora lo que exigimos es que se proteja de manera urgente a todas y cada una de las enfermeras y enfermeros que están expuestos al virus de manera continua”, apunta Satse.
