La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales reclaman a la Administración del Estado que corte el grifo de ayudas y subvenciones a aquellas comunidades autónomas que oculten datos de fallecidos en residencias.

Y es que el propio Ministerio de Sanidad reconoce que la calidad de los datos de muertes en residencias no permiten su difusión.

Fechas incoherentes en el envío de la información, informes de centros intervenidos que no especifican las causas de la intervención, informes con ausencias de datos respecto de las causas de fallecimiento de residentes, errores en la suma de residentes en centros intervenidos, discrepancia de datos evolutivos… Incluso una comunidad no ha enviado los datos ni una sola vez.

En un documento presentado a las Comunidades Autónomas recientemente, el Ministerio de Sanidad reconoce las dificultades del sistema de información que marcó como obligatorio a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, por la que obligaba a las Comunidades Autónomas a suministrar los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias. La inconsistencia de los datos así obtenidos es tal que el propio Ministerio concluye que difícilmente puedan ser objeto de difusión.

En este documento, con resumen de datos hasta el 20/06/2020, se concreta la cifra de 27.350 fallecimientos en residencias de los cuales, en 9.003 casos (32,9% de los fallecidos) se tiene la certeza de fallecimiento por COVID, en 9.830 se detectó sintomatología COVID, pero no se llegó a confirmar (35,9%) y el resto (31,2%) se atribuyen a otras causas.

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