El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha anunciado que la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas abierta en 2016 por la Delegación retomará sus trabajos para luchar contra este problema, aunque ha apuntado que “con datos objetivos” no se está produciendo un aumento de este fenómeno en la región.

Y es que según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, en la primera mitad de este año se contabilizaron 657 denuncias contra okupas en la Comunidad de Madrid. En toda España fueron 7.450 denuncias, 3.611 de ellas procedentes de Cataluña. Le sigue Andalucía, con 1.183 denuncias y luego ya llega Madrid.

Siguiendo estos datos, en una entrevista concedida a Europa Press, Franco ha añadido que en los primeros ocho meses de 2020, con respecto al año anterior, se han producido 16 ocupaciones menos. Y con respecto a 2018, 83 ocupaciones menos en la región.

“Pero es verdad que la sensación no es esa, se ha generado una sensación de inseguridad, no podemos negar la evidencia. Pero convendría matizar a quién pertenecen esas viviendas ocupadas. Menos del 20 por ciento a particulares y aun así no se puede tolerar este hecho”, ha señalado.

El representante del Gobierno central en Madrid ha recordado que esta misma semana la Fiscalía General del Estado ha dictado unas normas que permiten que cuando se trate de allanamiento de morada se pueda actuar con más inmediatez, “y que se desaloje de manera inmediata”. El delegado del Gobierno en Madrid afirma que no se está produciendo un aumento de las ocupaciones en la región mediante el título de propiedad de la vivienda ocupada, independientemente del terreno de las posibles implicaciones judiciales. “Es una buena medida la instrucción que la Fiscalía está proponiendo, que si no resuelve del todo el problema, puede ayudar a resolverlo”, ha dicho.

José Manuel Franco ha querido diferenciar entre allanamiento de morada y usurpación. Y también hay que tener en cuenta, ha destacado, que muchas de esas viviendas pertenecen a sociedades públicas, como la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) o como la Agencia de la Vivienda de la Comunidad; o de bancos, la gran medida pertenece a entidades.

“Siendo un hecho preocupante, pertenezcan a quien pertenezcan esas viviendas, hay que quedarse con los datos objetivos. El problema de esa sensación sigue ahí y la gente tiene esa percepción, por supuesto que sí, y las administraciones tenemos que trabajar coordinadamente también para solucionar o al menos paliar ese problema. Las competencias en la Delegación del Gobierno son bastante limitadas”, ha afirmado.

El delegado ha señalado que con la reabierta Oficina de Viviendas Ocupadas de la Delegación se busca coordinar a las diferentes administraciones y cuerpos policiales y espera que estos trabajos “den su fruto y el problema se pueda paliar”.

“Me gustaría prometer, si tuviera las competencias, una solución total. Sabemos que este problema tiene una solución compleja y pasarán años para que se pueda resolver. Hay que intentarlo, paliarlo y proponer soluciones, no me cabe ninguna duda”, ha agregado.

Sobre la línea “112 Okupación” anunciada por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región, para asesorar de las respuestas a propietarios con este problema, Franco ha respondido que la seguridad “es un bien muy preciado y quien tiene que proporcionar esa seguridad son las instituciones públicas, en algún caso en colaboración con la parte privada”. “Pero el garante de la seguridad tiene que ser el Estado, que es el responsable”, ha apostillado.

Mientras tanto, el grupo parlamentario de Vox sigue con su ofensiva para colocar el problema de la ocupación como una de las grandes preocupaciones de los españoles. Vox va a someter esta semana a votación en el Pleno del Congreso una moción en la que reclama que se establezcan penas de prisión para los okupas y se mejore la protección de los “legítimos titulares de los derechos reales” sobre los inmuebles objeto de “ocupación”.

La iniciativa es consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió el pasado miércoles en el Pleno del Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En la moción, los de Santiago Abascal instan al Gobierno a promover la modificación del Código Penal con el fin de que “todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, considera que si las medidas contra el fenómeno de la ocupación adoptadas tanto por Fiscalía General del Estado como por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para favorecer los desalojos no son suficientes “habrá que articular” cambios legales, si bien incide que este tipo de reformas deben ser abordadas con el “sosiego necesario”.

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