El juicio por el ‘Caso Cooperación’, que salpica al ex conseller del PP Rafael Blasco y que arranca la próxima semana en la Audiencia Provincial de Valencia, va a servir para aclarar a dónde iban a parar los fondos públicos de la Generalitat destinados a la ayuda a los países en vías de desarrollo. La Coordinadora Valenciana de Oenegés, personada como acusación popular, apunta directamente a la asociación Esperanza Sin Fronteras. Según la Coordinadora, esta entidad presentó diferentes proyectos en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo ante la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, de la que era máximo responsable Blasco. Corrían los años 2010 y 2011 y finalmente las propuestas de la oenegé fueron aprobadas y subvencionadas.

Esperanza Sin Fronteras era una entidad menor que hasta el año 2010 había realizado pequeños proyectos y que había recibido de las administraciones públicas subvenciones de escasa cuantía. Sin embargo, a partir de 2010, a raíz de su colaboración con la entidad Entre Pueblos –organización creada por el empresario colaborador de Blasco Augusto Tauroni con la “única finalidad de lucrarse de las subvenciones públicas de la Generalitat Valenciana en materia de Cooperación Internacional”– empezó a recibir importantes subvenciones, según consta en el escrito de calificación de la acusación popular.

Durante el año 2010, a Esperanza Sin Fronteras se le subvencionaron dos proyectos: uno para el fortalecimiento de la producción integral agropecuaria y seguridad alimentaria, recibiendo una subvención de 331.232 euros; y otro para la promoción de la educación y centro de desarrollo rural de la localidad peruana de Andahuaylillas, que recibió otra ayuda de 247.614 euros.

Por tanto –según la Coordinadora de Oenegés–, una entidad como Esperanza Sin Fronteras, que únicamente había logrado mínimas subvenciones para la realización de proyectos de pequeña envergadura, tras comenzar su colaboración con Augusto Tauroni, el contacto de Blasco, presentó en el año 2010 dos grandes programas que fueron subvencionados por un montante total de 579.846 euros, siempre según la acusación particular personada en la causa.

En los días siguientes a la recepción de las subvenciones por parte de Esperanza Sin Fronteras en cuentas aperturadas en una conocida caja de ahorros, se efectuaron “transferencias de importantes cantidades de dinero” a diferentes empresas vinculadas con Augusto Tauroni, tanto en España como en Estados Unidos. Dichas transferencias ascendían a más del 50 por ciento del importe total de la subvención concedida.

De igual forma en el año 2011, Esperanza Sin Fronteras continuó colaborando con la Fundación Hemisferio, recibiendo por vía de convenio para un proyecto en Tailandia un total de 385.550 euros, así como una subvención para la ejecución de otro plan en Uchiza (Perú) por importe de 274.205, si bien en este último programa “únicamente llegó a cobrar de la Administración un total de 137.377 euros”.

En este caso también se realizaron transferencias por importes superiores al 50 por ciento del dinero percibido a empresas vinculadas a la “trama corrupta investigada en las presentes actuaciones”, según el escrito de acusación de la Coordinadora al que ha tenido acceso Diario16.

El exconseller Blasco y otros 23 acusados se enfrentan a partir del próximo lunes al segundo juicio por el desvío de fondos públicos que deberían haberse dedicado a proyectos de desarrollo en países empobrecidos, entre ellos, la construcción de un hospital en Haití, informa Efe. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia enjuicia las piezas 2 y 3 de este caso, en el que se reclaman condenas de 16 años para el exconseller y de entre 2 y 14 años para algunos de sus estrechos colaboradores por el desvío de más de 4 millones de euros inicialmente destinados a 11 países empobrecidos.

Blasco ya fue condenado en 2014, junto a otros ex altos cargos del Consell y demás integrantes de la trama, a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza del ‘Caso Cooperación’; ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero.

El próximo lunes se abrirá el juicio en la Sala Tirant lo Blanc de los juzgados de Valencia, la misma que ya ha acogido varias macrocausas por asuntos de corrupción, con una sesión dedicada íntegramente a cuestiones previas, mientras que las declaraciones de los acusados se iniciarán al día siguiente, martes.

La Fiscalía solicita 16 años de cárcel para Blasco y 21 años y 6 meses para el empresario Augusto César Tauroni, una petición muy similar a la solicitada por la acusación popular que ejerce la Coordinadora Valenciana de ONGD. La Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, solicita para Blasco una condena de 17 años y 6 meses de cárcel.

También se sentarán en el banquillo de los acusados otros altos cargos de la Conselleria. Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental. En esta causa se procesa también a varios trabajadores de las empresas de Tauroni, y a personas vinculadas a las mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas y amañaron los sistemas de evaluación y puntuación de los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

Además de las penas de prisión, el fiscal pide el decomiso de dos apartamentos y un yate de los que Augusto Tauroni compró en Miami (Estados Unidos). Por responsabilidad civil se pide a los procesados 8.035.942 euros, de los que 5.035.942 serían por el daño patrimonial de la causa y el resto por “daño moral” pues, según recoge el escrito del fiscal, “la lesión es mucho mayor para el interés general por la afección a otros derechos no patrimoniales”.

En la pieza 4 del conocido como ‘Caso Cooperación’ se investigó el supuesto uso indebido realizado por el empresario César Augusto Tauroni de un ordenador desde la cárcel de Picassent, aunque el asunto fue finalmente archivado.

En la pieza 5 de este caso, cuya instrucción acaba de concluir, se investigan las supuestas irregularidades en contratos informáticos entre 2008 y 2011, por valor de 1,6 millones de euros, de la extinta Conselleria de Solidaridad, también bajo la dirección de Blasco.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

1 Comentario

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − ocho =