La solución provisional para las pensiones: pagar las de viudedad y orfandad con impuestos

La comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo ya se ha puesto a trabajar. Hay que preparar, para cuando haya gobierno, una serie de recomendaciones que deberán formar parte de lo que ya se denomina “reforma exprés” del sistema público de pensiones. La tercera reforma desde 2011. Sólo que esta vez las propuestas van encaminadas a buscar nuevas vías de financiación en lugar de recortar las prestaciones.

La idea que parece tener más adeptos, al menos en el seno del PP y de Ciudadanos, sería la de financiar las pensiones de viudedad y orfandad con cargo a los presupuestos generales del Estado. Las cuentas son las siguientes: el “desfase” que genera el déficit sería el equivalente al pago de las dos pagas extraordinarias, la de julio y la de diciembre. Según los cálculos de la Tesorería General de la Seguridad Social, los 24.207 millones de euros que todavía quedan en el Fondo de Reserva darían para abonar las prestaciones de 2017. A partir de ahí, la “hucha” quedará vacía. Para entonces habrá que tener prevista una solución porque habilitar un “crédito extraordinario” sólo puede hacerse en circunstancias de urgencia, y es un parche demasiado provisional. Así pues, hay que buscar en torno a 25.000 millones que serán necesarios en 2018. Eso, sin contar con las nuevas incorporaciones, generalmente de empleados que han cotizado el máximo, con lo que la pensión será de máxima cuantía y se incrementará el gasto.

Las pensiones de viudedad y orfandad importan un total de 22.000 millones, es decir el 14% de los 140.000 millones que suponen el presupuesto anual. En el PP y en Ciudadanos creen que las cuentas podrían cuadrar, al menos como solución provisional, si se separa la financiación de este tipo de prestaciones. El problema es que, para incluirlas en el capítulo presupuestario, se requieren nuevas cuentas. Por ahora, y a falta de que se solucione definitivamente el bloqueo para formar gobierno, las cuentas del Estado de 2016 van a ser prorrogadas y hasta que no haya gobierno no se podrá elaborar un nuevo presupuesto. Aún así, en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo prefieren empezar a trabajar para que el nuevo ejecutivo se encuentre con las suficientes alternativas como para tomar una rápida decisión.

El problema sigue siendo el juego de mayorías y minorías en el Congreso de los Diputados. La izquierda, desde el PSOE hasta Podemos pasando por IU, proponen alternativas diferentes que cuentan con la oposición de la derecha y, sobre todo, del empresariado aunque, eso sí, tienen el beneplácito de los sindicatos.

En primer lugar, habrá que suprimir las subvenciones que se dan a los empresarios en esta materia para el fomento del empleo. Sobre todo lo que se ha dado en llamar “tarifa plana”. Un grupo de cuotas muy reducidas que, según el PP, incentivan a los empresarios a crear puestos de trabajo, y que la izquierda critica porque apenas tiene impacto en la recaudación de ingresos.

En segundo lugar, izquierda parlamentaria y sindicatos plantean la subida de las bases de cotización social. Dichas bases se dividen en una escala en función del salario y la categoría laboral del trabajador cotizante. Y sirven de referencia para establecer la cuota, tanto la patronal como la del trabajador. Se ha manifestado hasta la saciedad que los reducidos sueldos que imperan en el mercado laboral español implican una importante reducción de los ingresos al sistema público de pensiones, circunstancia que es la causante del desfase actual. De ahí que se pida el incremento salarial para así poder subir las bases de cotización.

Y, por último, y como solución a largo plazo, se propone la creación del “impuesto para mantener el Estado de bienestar social”. Se ha puesto en marcha en Francia y ha supuesto un éxito notable a la hora de cuadrar cuentas y asegurar el sistema. El problema es que, en España, con tanto fraude fiscal y un elevado déficit público estructural es bastante complicado elevar la presión fiscal.