A veces, no tenemos conciencia de lo que valen las cosas cuando hablamos y exigimos como “ciudadanos”. Normalmente esto nos pasa además, cuando el debate social es interesado y propiciado por grupos mediáticos, sin otro interés, legítimo, por supuesto, que conseguir más audiencia o más lectores al precio que sea. ¿Quién no ha oído la frase “que se pudran en la carcel”?

Quizás el ejemplo más paradigmático del fariseísmo en nuestra sociedad sea el de la Justicia Penal. Y no quiero referirme ahora a esa plaga bíblica que España sufre de los “jueces de banderío”, si no a algo tan simple como preguntarnos qué nos cuesta esa Justicia que todos la calificamos, si excepción, de lenta, cara y mala.

Esos son los datos que NO NOS DICEN en la apertura del año judicial, lleno de togas, misas y de vestidos de cóctel.

Uno, y perdonen la inmodestia ya ha cumplido de largo las bodas de plata ejerciendo como abogado y durante más de diez años ha sido profesor en numerosos cursos y promociones en la Escuela de Policía de Catalunya. Y cada vez que oigo la frase de “cumplimiento íntegro de las penas”, eufemismo de  “cadena perpetua”, se me ponen los pelos como escarpias.

Realmente, esos que se llenan la boca con esas frases, empezando por los propios aspirantes a policías, ¿han pasado una sola semana detrás de las  rejas? ¿saben esos gestores de la desgracia ajena que la sociedad en la que vivimos es de las más pacíficas del mundo?. Y sobretodo ¿saben lo que nos cuesta tener a un señor/ señora en la cárcel?.

Este país, es un estado de pequeña delincuencia económica y prácticamente nula delincuencia violenta. Exceptuando la lacra de la violencia doméstica, que ha pasado en 40 años de ser un “derecho de honor” a un delito (y por tanto chirría el sistema, en parte porque ese delito tiene fuerte arraigo cultural, y se está desplazando actualmente a las comunidades de inmigrantes recién llegados), hay más crímenes violentos en un sólo día en Washington que en un año en Madrid o Barcelona.

Empecemos haciendo cuatro números y escojamos, por prudencia, un año que nos quede bien lejano, como el 2006. Para no cuestionar a nadie.

El total de presos en las diversas situaciones España según el Instituto Nacional de Estadística era de 64.215 para 40.000.000 de habitantes. Alemania con más de tres veces más de habitantes, 77.166 presos. En ese penoso ranking europeo, por delante de España, encontramos Polonia con 87.669, Inglaterra y Gales con 79085  y finalmente Turquia con 64.588 reconocidos.

Antes de la pandemia estábamos por superar a fin del año 2019 los 86.000 con unos índices de crecimiento alrededor del 8 % anual.

Pero la cifra verdaderamente alarmante es la de 160 presos por cada 100.000 habitantes, a la que estamos llegando. Eso son 54 puntos por encima de la media de la UE y 25 puntos por encima de la media mundial. El campeón, cómo no, es Estados Unidos que supera los 200.

Dejo para otro momento el pormenorizar el impacto económico de esa mano de obra ociosa, y fijémonos en cuánto nos cuestan de nuestro bolsillo, los antedichos presos.

Háganse una idea del proceso:

Primero.- El Estado o la Comunidad autónoma, en el caso de Catalunya que tiene la competencia transferida, compra a precio de oro (porque ningún municipio las quiere) unos terrenos para construir una cárcel que se llenará inmediatamente. La construye concienzudamente y la dota de tecnología y servicios (el tema de la imagen de modernidad vende políticamente). Las constructoras, curiosamente siempre son las mismas, ACS, Acciona, Ferrovial, Fcc, Sacyr, etc. No son precisamente obras baratas. Y curiosamente también, el lector encontrará fácilmente vínculos entre los partidos políticos que se llenan la boca con la inseguridad, los medios que de ello hacen bandera, sus donantes y la élite de las constructoras.

Acabada la edificación, ha de contratar funcionarios que controlen los presos, profesionales de las diversas ramas que los asistan (desde psicólogos a maestros, desde administrativos a cocineros). Realmente es una microciudad, que necesita además, desde fuera, agua, energía, depuradoras, carreteras de acceso y línea de autobuses para que los familiares puedan visitar los presos. Las constructoras vuelven a intervenir, directamente o mediante contratas de servicios.

Segundo.- A su alrededor, policías que los vigilan controlan y trasladan, cargos técnicos, más funcionarios  y cargos de designación a dedo que diseñan y aplican la “política penitenciaria”, desde las céntricas sedes del Ministerio de Justicia y las consellerias creadas al efecto.

Tercero.- Y todo no se acabase ahí. Además no son ciudadanos sanos. Más de la tercera parte de los mismos sufren enfermedades de larga trayectoria y costosa medicación. 1 de cada 3 tiene alguna enfermedad mental, 1 de cada 4 sida o hepatitis. Tenemos ya toda una generación de ancianos que su “residencia” es la cárcel. Nuestros servicios de salud se han de hacer cargo de ellos.

Y para mantenerlos allí encerrados pagamos a miles de jueces, decenas de miles de abogados de oficio, decenas de miles de funcionarios judiciales, policías, peritos, medicos o securatas que en cientos de edificios (edificados por las constructoras) y rodeados de servicios y de recursos, todos con los mismos actores de las contratas que nos encontramos en las cárceles trabajan afanosamente. Todos ellos con un procedimiento que  no tiene otro fin que meterlos en la cárcel; y como las cárceles están alejadas, trasladan a los presos en cientos de furgones, con seguridad de cientos de coches.

Y como que ya no caben todos en las hacinadas cárceles, se ha de pensar en más cárceles. Y hay que  contratar a más funcionarios que controlen los presos cuando no están en las cárceles porque la presión obliga a sacarlos; y más profesionales de las diversas ramas que los asistan también.  Y a su alrededor, más policías que los vigilan controlan y trasladan, más cargos técnicos, más funcionarios  y cargos de designación a dedo, desde céntricos edificios, que diseñan, y aplican la “política judicial”, al servicio, muchas veces de lo que dicen las portadas de los periódicos y los políticos voceras.

No he querido entrar a valorar económicamente tampoco, ni siquiera el coste de los policías (Ministerio del Interior, autonomías y ayuntamientos) que los buscan y detienen ni cuando los expulsan (Asuntos Exteriores).

Con los Presupuestos del Estado en la mano, he ido sumando, y he llegado a la conclusión que un preso nos cuesta a los ciudadanos más de 6.000 € cada mes, (sin acabar, ni mucho menos, la lista de conceptos a acreditar). Y todo para llegar a nada. He tirado la toalla. Me parece indecente. Nada tiene que ver la realidad, no con la Constitución, sino con la mínima sensatez.

Sólo imagínese el lector que entra por “sólo” seis meses en la trena alguien que conducía sin carnet y un poquito “plimpla”, pero es la segunda vez que lo pillan. (nueva modificación del código de la circulación). Nos cuesta a todos, de entrada, 36.000 €uros, mínimo. En el tema de la circulación hay penas de hasta 5 años,. o sea 360.000 €uros o 597.000.000 de las antiguas pesetas, que saldrán todas de nuestros bolsillos. Hemos ampliado las penas de nuestro código penal hasta 40 años, sin posibilidad de reducción. Hagan la cuenta. Y todo, para nada o casi nada ya que el aumento de las penas, no reduce la delincuencia, al contrario, la hace más violenta.

¿Han visto el film “Distrito 9”?.

Algo hacemos muy mal en todas las fases del proceso, y de las víctimas de los delitos nadie se acuerda de que deben ser reparadas.

Por el precio que nos cuesta la broma, ¿no saldría más a cuenta invertir en “NO TENER DELINCUENTES”, e indemnizar generosamente a las víctimas?. Daría para ponerles un piso a cada una.

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