Más de 50 organizaciones de la sociedad civil madrileña se han unido para tratar de paralizar la aprobación de la Ley Ómnibus de Ayuso. Una norma de enorme trascendencia que supone un golpe durísimo contra el medio ambiente y servicios y derechos públicos.
Ante su próxima aprobación en la Asamblea de Madrid, estos colectivos hacen un llamamiento a los madrileños y madrileñas a salir a la calle el próximo sábado, 26 de febrero, a las 12:00, desde Atocha hasta la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. En la marcha participará un cortejo de diez vehículos de taxi, uno de los colectivos directamente afectados por la ley.
Un cortejo de vehículos de taxi participará en la marcha que busca frenar la inminente aprobación de la ley en la Asamblea de Madrid
Diez minutos antes del arranque de la manifestación, portavoces de los grupos organizadores atenderán a los medios de comunicación en la pancarta de cabecera.
Ley Ómnibus de Ayuso
El pasado 16 de febrero el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus. Tras este paso, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha remitido el texto a la Asamblea de Madrid para su debate y votación durante el mes de marzo. Nadie entiende las prisas del ejecutivo en aprobar una norma que, recordemos, modificará 33 leyes y 5 decretos e introduce 15 nuevas disposiciones de muy diversos ámbitos.
Apenas han pasado dos meses desde que La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior hiciera público el anteproyecto de la ley , un texto que se sometió a consulta pública durante un escaso período de 7 días, en plena Navidad y en pleno desarrollo de la sexta ola del Covid 19. Esta decisión se basó en una supuesta urgencia que a día de hoy no se ha justificado. A pesar de las dificultades la ciudadanía se movilizó y se llegaron a presentar hasta 600 alegaciones y más de 50.000 firmas solicitando la paralización de la nueva norma.
Los colectivos convocantes denuncian que la nueva norma -que el Gobierno regional quiere que se apruebe con prisas y ocultando las alegaciones ciudadanas- uberiza aún más el transporte
Después de todo el esfuerzo realizado, los colectivos sociales consideran muy grave que ni las alegaciones ciudadanas ni las 51.700 firmas presentadas formen parte del expediente que se ha remitido a la Asamblea de Madrid. Es decir, los grupos parlamentarios no tendrán acceso a esa documentación. Es una muestra más de la opacidad con la que se está tramitando esta nueva ley.
Amplio consenso
Ante la inminencia de la aprobación de esta la Ley Ómnibus de Ayuso, las entidades convocantes de la marcha del sábado, -entre las que se encuentran asociaciones vecinales, ecologistas, juveniles, de transporte, sindicatos, ONG, colectivos por la sanidad pública y por el derecho a la vivienda y asociaciones en defensa del patrimonio-, redoblan sus esfuerzos para convertirla en un grito multitudinario de protesta. Una norma tan importante requiere de un amplio consenso, no solo político sino también social.
La Ley Ómnibus afecta a temas tan dispares e importantes como hacienda, ordenación del territorio y urbanismo. También a la regulación de la flora y fauna, vías pecuarias, parques regionales. A la ordenación del transporte urbano, Ley del Juego, carreteras, policías locales.
Otra de las medidas afectadas es la Renta Mínima de Inserción (RMI), menores, uniones de hecho, transparencia y participación. Por último, la sanidad pública, igualdad, lucha contra los incendios, emergencias o deporte.
Urbanismo
Tal y como está hoy concebida, en urbanismo reduce las cesiones de suelo público (para equipamientos o zonas verdes). Externaliza la gestión de licencias y permite la ejecución de los llamados Proyectos de Alcance Regional (como el fallido Eurovegas) en cualquier clase de suelo, independientemente de su protección. Además, promueve el modelo de vivienda protegida privada frente al modelo de vivienda pública y social y elimina la “red de viviendas públicas o de integración” como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos.
Sanidad
En materia sanitaria, establece la creación de una Agencia de Contratación, que de forma opaca y sin control de la Asamblea o de la ciudadanía podrá realizar contratos de bienes y servicios, un ente a todas luces innecesario pues la Comunidad de Madrid dispone para los mismos fines de su Junta Central de Compras.
Agencia de contratación
En el marco de esta nueva agencia, en periodos de crisis y emergencias la presidenta y el vicepresidente de la Agencia podrán realizar todos los contratos a dedo que deseen, un hecho que suena a broma macabra después del último caso de presunta corrupción descubierto en la región y que implica al hermano de Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas sanitarias.
Medio ambiente
En medio ambiente, la Ley Ómnibus incentiva el uso económico de las vías pecuarias, reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos (como los parques regionales del Jarama, Manzanares y Sureste), al permitir actividades como la caza, la construcción y la instalación de negocios hosteleros que antes estaban prohibidos. Además, reduce la protección de parte de la flora silvestre y del arbolado que no está estrictamente protegido.
Transporte
Respecto al transporte, además de incluir diversas referencias a su liberalización y ni una sola línea al fomento del transporte público, supone un nuevo golpe para el taxi, al eliminar las restricciones actuales a los VTC como el tiempo mínimo de precontratación o la necesidad de volver a la base después de cada servicio. Además, permite que los vehículos con distintivo ambiental C, es decir, los más contaminantes, sigan circulando por vías urbanas hasta 2027, algo que Madrid Central no permitía.
Controles democráticos
Por otro lado, presenta duplicidades que empeoran el procedimiento para la obtención de la RMI, reduce los requisitos para la contratación del personal de las residencias y limita la participación y los controles democráticos, así como la transparencia en diversos ámbitos públicos como la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública.
Esto es solo un botón de muestra de lo que supondrá la nueva Ley Ómnibus de Ayuso. Razones suficientes para tratar de pararla con todas nuestras fuerzas. Porque arrasa nuestros servicios públicos, nuestros servicios y nuestras ciudades y pueblos, decimos No a la Ley Ómnibus. ¡Movilízate!
