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La sentencia del Tribunal Europeo sobre devoluciones en caliente da oxígeno al populismo xenófobo

La resolución divide a la izquierda y provoca un retroceso de cien años en las políticas de protección de derechos humanos

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La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que avala las devoluciones en caliente de los inmigrantes que entran en España de forma irregular ha abierto una brecha importante en la izquierda española, sobre todo en el Gobierno de coalición. Las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que de alguna manera vienen a justificar que los derechos humanos quedan limitados cuando los migrantes emplean “violencia” a la hora de saltar las vallas de Ceuta y Melilla, no han gustado en Unidas Podemos, cuyos ministros en el recién formado Gobierno de coalición se han tenido que morder la lengua para no provocar un cisma importante en el Ejecutivo de Sánchez a cuenta de la política migratoria. A su vez, la formación morada tampoco ve con demasiados buenos ojos que el Ministerio del Interior se esté planteando incrementar la altura de las vallas para hacerlas hasta un 30 por ciento más elevadas, por mucho que esta medida vaya acompañada de otras más humanitarias como la supresión definitiva de las concertinas y su sustitución por un “método más seguro y menos lesivo”.

Por si fuera poco, Marlaska no ha aclarado si se mantendrán las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares, tal como establece la sentencia del TEDH, y se ha limitado a asegurar que España aplica la normativa internacional protectora de los derechos fundamentales. “Les garantizo que hay un respeto absoluto en materia migratoria y en todo el ciclo de los derechos humanos. España cuenta con mecanismos suficientes para la asistencia a las personas solicitantes de protección internacional”, ha asegurado antes de insistir en que el fallo del TEDH rechaza el ejercicio de la violencia para entrar en un territorio y respalda “los mecanismos en frontera y en consulados y embajadas para dar respuesta a las solicitudes de asilo”.

Es cierto que con el Gobierno socialista en el poder la política migratoria está siendo mucho más eficaz que en los tiempos del PP de Rajoy. El Ministerio del Interior ha aumentado un 70 por ciento sus recursos hasta lograr rebajar a la mitad la entrada de inmigrantes irregulares en nuestro país. Un ejemplo: cuando Pedro Sánchez llegó hace casi dos años a la Moncloa entraban cada día en España 500 mujeres inmigrantes explotadas por las redes de trata de blancas. Hoy España ya no es aquel paraíso de las mafias de la prostitución que fue hace unos años. Pero pese a los buenos datos de su gestión, Marlaska no debería haberse entregado tan abiertamente a una sentencia, la del TEDH, que no hace sino reforzar los postulados de países europeos como Italia, Polonia o Hungría, donde han arraigado las peligrosas ideologías xenófobas.

Como no podía ser de otra manera, las alabanzas del ministro del Interior a la resolución del tribunal europeo ha enervado a las asociaciones que defienden los derechos humanos y que constituyen la avanzadilla de la izquierda real en España. Así, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y la Coordinadora Andaluza de ONGD, integrada por 72 entidades, han expresado su rechazo frontal a la sentencia –por ser “contraria a los principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos− y han exigido al Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos que cumpla con los convenios de asilo e inmigración suscritos por España en los que se considera ilegales las devoluciones en caliente. Estas oenegés han anunciado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad si el Gobierno decide aplicar la sentencia de Estrasburgo sin matices y sin medidas correctoras que garantice un trato digno a los migrantes.

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Las organizaciones no gubernamentales, que han mostrado su “profunda sorpresa” por la sentencia, la rechazan de manera absoluta y la tildan de “inaceptable”, ya que deja vacías de contenido cuestiones tan básicas en materia de derechos humanos como el derecho de asilo, el principio de no devolución o el acceso a un recurso efectivo frente a la expulsión, entre otras. Además, añaden que el tribunal viene a plantear “alarmantes argumentaciones”, como que “si una persona entra conscientemente de forma irregular al territorio de un país miembro del Consejo de Europa, puede ser devuelto sin ningún tipo de garantía porque ella se lo ha buscado”. Es decir, el Estado de Derecho, y consecuentemente los derechos fundamentales de las personas, “se apagan” para “aquellos que no acrediten haber intentado entrar legalmente por un puesto fronterizo habilitado”. Asimismo, han advertido al Gobierno central de que la sentencia del TEDH no obliga a mantener las devoluciones en caliente en nuestro ordenamiento jurídico.

“La jurisprudencia del TEDH marca un mínimo en materia de derechos humanos, pero nada impide que los estados miembros del Consejo de Europa, a través de sus tribunales constitucionales, establezcan una interpretación más garantista, por ejemplo, declarando inconstitucional las devoluciones en caliente”, añaden las organizaciones denunciantes. En esa línea han recordado que el acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos se compromete a una “acogida digna” para las personas migrantes, por lo que exigen que “se lleve a cabo excluyendo estas prácticas que en ningún caso pueden tener cabida en ese concepto”.

El Gobierno debería tomar buena nota: las personas no pierden sus derechos sagrados e inalienables por mucho que entren en otro país por un lugar distinto al puesto fronterizo. Y mantener lo contrario, como hace la sentencia del TEDH, supone retroceder a los tiempos anteriores a la Segunda Guerra Mundial.

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1 Comentario

  1. Don José, yo supongo que usted cierra la puerta de su casa, cuando se va y cuando entra, y permite la entrada a las personas que usted quiere. Si alguien entra de forma violenta, lo intenta echar, ya sea por cuenta propia o con la ayuda de la policía. Por otro lado, cuando un pasajero de un avión que llega a España, con origen fuera del espacio Schengen, entra en territorio español y pasa por un control de pasaportes para ver si cumple con la legislación vigente para entrada en España. Si no lo cumple, lo embarcan en el siguiente vuelo disponible al lugar de donde ha venido. ¿es esto una devolución en «caliente»? esto ocurre a diario en los aeropuertos españoles y del resto del mundo civilizado, hasta en Korea del Norte, Cuba o Venezuela. Pues ahora se imagina usted que ese extranjero que quiere entrar en España, lo hace de forma ilegal y agrediendo a los policías o guardias civiles que custodian las Puertas de la casa de todos. Ala, Don José, a seguir pastando. Alea Jacta Est.

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