La Sareb es una sociedad anónima de gestión de activos surgida en 2012, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Se constituyó con los restos del naufragio de Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia, entre otras cajas quebradas por el crack. Se le calcula un patrimonio acumulado de 50.000 viviendas, una cifra nada desdeñable. Paradójicamente, se le ha colgado el cartel de “banco malo” de España cuando ni siquiera dispone de licencia bancaria (no es una entidad financiera como tal, sino una especie de fondo de gestión). Un banco nunca es bueno, pero este además presume de ser defectuoso, lo cual ya da que pensar.
El Estado dejó pasar una buena oportunidad para haber nacionalizado totalmente la Sareb, convirtiéndola en una especie de refugio seguro para las familias en tiempos de crisis. Hubiese cumplido una gran función social lanzando préstamos e hipotecas a bajo interés, pero nada de aquello se hizo. La derecha política y económica de este país, que ha satanizado el concepto de nacionalización pese a que la mayoría de los países capitalistas occidentales poseen empresas y bancos de capital público, logró imponer sus tesis y la Sareb quedó como un inmenso depósito de pisos y casas vacías –muchas han terminado en manos de fondos buitre para la especulación y el abuso– tras el mayor cataclismo económico de la historia.
En 2012 Soraya Sáenz de Santamaría justificó la creación de esta entidad con una frase genial: “La reestructuración bancaria se hace con un objetivo básico y fundamental: que no cueste un euro al contribuyente”. Y el superministro Luis de Guindos añadió: “Que esta sociedad –Sareb– no genere pérdidas es muy importante desde el punto de vista de minimizar el impacto del contribuyente”. Luego se ha sabido que dejaron a deber más de 60.000 millones a los españoles, el coste del rescate bancario que jamás se ha recuperado porque todo aquello se hizo a fondo perdido.
A pesar de que la Sareb se financió casi totalmente con fondos públicos, la participación del Estado ni siquiera alcanzaba la mitad de las acciones (un 45 por ciento). Por el contrario, los socios privados, que apenas aportaban un porcentaje testimonial de la financiación, se quedaban con el 55 por ciento del valor de la sociedad. Un negocio redondo para algunos. Se había consumado lo que para muchos fue la mayor estafa del siglo. Alguien llegó a decir que la Sareb no era más que un depósito de la porquería inmobiliaria de la banca y un desastre desde todos los puntos de vista. Pero esa es otra historia.
Hoy, Pedro Sánchez, con el debido empuje de Unidas Podemos, pretende lanzar su ambicioso plan de vivienda rescatando casas vacías en manos de la Sareb, casas producto del desahucio y el abuso capitalista, casas vergonzosamente cerradas a cal y canto. Y sin duda es una buena noticia que el presidente del Gobierno haya decidido darle una segunda vida a cerca de 50.000 inmuebles desaprovechados en un país donde encontrar un hogar se ha convertido en misión imposible. El grave problema de la vivienda exige de medidas imaginativas y audaces. De entrada, el Gobierno pretende poner en circulación 21.000 pisos en desuso, de los cuales 9.000 estarían preparados para entrar a vivir de forma inmediata. Unos 12.000 se encuentran en proceso de construcción y adecuación.
Tal como era de esperar, el Partido Popular se ha apresurado a criticar que estas viviendas no reúnen unas mínimas condiciones de habitabilidad y que se encuentran en los extrarradios metropolitanos, esos que ellos jamás pisan porque suelen moverse por las zonas nobles de las grandes ciudades (solo bajan a los barrios pobres cada cuatro años y siempre en campaña electoral). El plan de Feijóo para resolver el problema habitacional en España consiste básicamente en seguir construyendo sin ton ni son. Fiebre por el ladrillo, boom inmobiliario, liberalización del suelo, lanzamiento de grandes promociones privadas para clases medias y altas y fomento de la especulación con la complicidad de los bancos y cajas. La vivienda de protección oficial, gran asignatura pendiente del Estado de bienestar en este país (el pasado año apenas se construyeron nueve mil pisos protegidos, ni un 3 por ciento cuando la media europea está por encima del 9) les produce alergia, así que ni siquiera la llevan en su programa electoral. Ya sabemos a dónde conducen esas fórmulas ultraliberales que no dejan de ser un nuevo plan Aznar debidamente desempolvado y reciclado: a otro crack como el de 2008. Pues ahora insisten en la misma jugada. Subiendo la oferta bajarán los precios, dicen. Un feliz dogma del capitalismo que no siempre se cumple porque influyen otros factores directos como la especulación que tanto les gusta. De hecho, en los años de la recesión los precios no hacían más que subir mientras se construía la burrada de 700.000 pisos al año. Pocos, apenas unos privilegiados, podían adquirir uno en propiedad.
Ahora las comunidades autónomas tendrán a su disposición miles de viviendas de la Sareb para ponerlas a disposición de su parque social. Lamentablemente, regiones gobernadas por la derecha como el Madrid de Isabel Díaz Ayuso ya han anunciado que no cumplirán nada de nada. El PP, ese que se jacta de ser más constitucionalista que nadie, se olvida de uno de los artículos más importantes, el que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias para bla, bla, bla. Hace once años perdimos la oportunidad de convertir la Sareb en un banco bueno, un banco para el pueblo, una entidad pública capaz de financiar vivienda de alquiler y en propiedad en condiciones asequibles lejos de la voracidad de los mercados y de la depravación de los fondos buitre. Hoy es un banco malo. Pero dentro de lo malo, que al menos sirva para darle un futuro a miles de familias y jóvenes que hoy, por desgracia, no lo tienen.
