Cuando vienen mal dadas, cuando escasea el empleo, cuando las rentas nos son negadas y, sobre todo, cuando la muerte nos acecha, todos echamos de menos que haya alguien, qué se yo, un gobierno, unos gobernantes, un partido de gobierno, una oposición política, un dios menor, o un dios proveedor en toda regla, que venga en nuestra ayuda.
La llegada de la pandemia nos ha demostrado que durante años la derecha gobernante, especialmente la llegada al poder con el golpe del Tamayazo, esa derecha extrema encabezada por la madrina del charco de ranas de la corrupción en España, había ido arrasando los recursos públicos para entregarlos al sector privado.
La pandemia ha demostrado que los dineros no estaban invertidos en la sanidad pública, que ha demostrado ser imprescindible para combatir con éxito al coronavirus. El gobierno ha sido incapaz de garantizar que hubiera los rastreadores necesarios para detectar la enfermedad en sus fases iniciales, lo cual hubiera permitido contener la expansión de los brotes, o que tuviéramos suficientes equipos de protección individual, o suficientes tests y pruebas PCR.
Podríamos decir que la escasez era generalizada, pero también podemos pensar que pandemias anteriores deberían haber conducido a nuestros gobernantes a contar con algunos de estos recursos. Pero, con todo, lo más grave no es sólo la imprevisión, sino la carencia de camas hospitalarias públicas, las camas de UCI cerradas, al tiempo que se tuvieron que poner en funcionamiento UCIs improvisadas en quirófanos, o en salas de reanimación, donde se encontraban los pocos respiradores disponibles.
Fueron instrucciones emanadas del gobierno regional las que, reconociendo el colapso hospitalario, decidieron impedir que las personas mayores enfermas en las residencias pudieran ser trasladadas a los hospitales públicos y murieran en sus habitaciones abandonados a su suerte, entre otros residentes enfermos y el personal golpeado igualmente por el virus.
Los confinamientos perimetrales a la carta no han servido más que para dar la impresión de que se hacía algo, pese a los intentos de presentarlos como grandes éxitos del gobierno de la derecha madrileña. Madrid presenta datos alarmantes de fallecimientos, exceso de mortalidad, o altas incidencias de la pandemia, muy por encima del resto de comunidades autónomas.
El gobierno madrileño, en su intento de convertirse en adalid de las ofensivas contra las actuaciones del gobierno de España, no ha dudado en situarse contra todo y contra todos, destrozando la imagen de la capital como referencia para todo el Estado.
Aún hoy estamos entre las comunidades donde el riesgo sigue siendo extremo, la mortalidad sigue siendo alarmante, el nivel de ocupación de camas UCI sigue entre los más altos de España y los niveles de casos positivos en las pruebas se encuentran muy por encima de los límites de lo razonable.
La improvisación ha presidido cada paso dado por los gobernantes de la región capital de España. Gastarse dinero en constructoras y empresas de servicios para habilitar el IFEMA como hospital de pandemia se cierra para construir el Hospital Isabel Zendal, pagando el doble de lo inicialmente presupuestado, todo para terminar convirtiéndolo en hospital de vacunación masiva.
La privatización de los rastreadores, la privatización de las pruebas, el simulacro de hospitalizar hoteles, la entrega de recursos públicos al sector privado como constante. El gobierno regional nunca se siente responsable de nada, mucho menos culpable del desastre de gestión de la pandemia que nos ha situado al nivel de Bolsonaro, o de Trump, dos fracasados políticos que han sembrado sus países de dolor y de muerte.
Frente a esas políticas sólo cabe cambiar en las urnas al gobierno de la irresponsabilidad, un cambio que permita afrontar una política cuyo objetivo prioritario sea erradicar el virus, la única manera de reemprender con seguridad una vía de recuperación de la economía y el empleo. Esto no va de libertad para tomar cañas, sino de la posibilidad de elegir con seguridad y sin poner en riesgo a los demás.
Es muy importante invertir más en sanidad, para recuperar la plena actividad segura de los centros de atención primaria, los servicios de urgencias, reforzar los procesos de vacunación sin entorpecer el diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades.
Invertir en recursos humanos que han sido reducidos a lo largo de los últimos diez años de recortes del gobierno Rajoy y que han sufrido los traslados forzosos a hospitales como el Isabel Zendal, dejando infradotados a otros hospitales.
Invertir en sanidad significa incrementar los presupuestos regionales para sacarnos del pelotón de cola en gasto sanitario por habitante, presupuestos que refuercen la atención primaria en la que gastamos el porcentaje más bajo de toda España. En lo único que somos campeones en la sanidad española es en la transferencia de recursos al sector privado, tanto pruebas diagnósticas, como ingresos hospitalarios. Mientras el dinero fluye indiscriminadamente hacia el sector privado en la sanidad pública hemos perdido miles de camas hospitalarias y miles de profesionales, a lo largo de los últimos diez años.
Llegó la pandemia y todos pudimos comprobar cómo el gobierno de la derecha había esquilmado los recursos sanitarios, el sistema colapsó y tan sólo la voluntad, el esfuerzo y el trabajo de sus profesionales ha permitido salvar vidas y contener la expansión de la pandemia hasta que han comenzado a llegar las vacunas.
Madrid, la política madrileña, la sanidad de la región capital de España, merecen mejores gestores, que pongan a las personas en el centro de sus actuaciones. Madrid necesita cambiar si quiere tener salud y futuro.
