La República tenía un precio

Si vas de observador internacional independiente a un referéndum de autodeterminación y recibes un salario de una de las partes, la actividad no parece muy imparcial que digamos. Huele a chamusquina, a apaño, a tongo. Pero si encima dices que no recuerdas quién te nombró y tu nombre es Helena Catt (un sonido que coincide sospechosamente con la matrícula del país que pretende independizarse) la cosa se enturbia aún más y pierde la pátina de neutralidad. Es decir, Catt estaba en nómina de los indepes; Catt cifraba de una de las partes en conflicto; Catt trabajaba para “Cat”.

La testigo fue una de las supuestas observadoras acreditadas por la Sindicatura Electoral de Catalunya para velar por la limpieza del ‘procés’. Hoy ha prestado declaración ante los magistrados del Tribunal Supremo. Asistida por una traductora, la mediadora ha confesado que estaba en nómina de la Generalitat insurrecta, lo cual lleva a pensar que hubo un tiempo en que los pacificadores internacionales se prestaban a resolver conflictos de forma altruista, solo por amor a la humanidad y a la paz y concordia entre las gentes y los pueblos. Hoy, por lo visto, lo cobran y lo facturan todo, no perdonan ni un minuto de su tiempo ni una minuta del chollo, así estalle una guerra civil. Según Catt, para llegar al “acuerdo de salario” llegó a mantener varias conversaciones con Rosa Navarro, de Diplocat (el Consejo de Diplomacia Pública, un organismo de la Generalitat dedicado a la proyección internacional de Cataluña).

Realizar el trabajo, es decir, supervisar supuestamente el 1-O, le reportó ocho mil euros de vellón, eso “sin contar con los gastos diarios”, que no recuerda a cuánto ascendieron. Tras llevar a cabo su misión, remitió un informe a través del correo electrónico a la misma persona que le llevaba la cosa, o sea Rosa Navarro. El informe fue facturado y pagado por Diplocat a través de transferencia bancaria. Y ahí es donde la declaración de Catt se vuelve aún más paradójica, contradictoria, surrealista si cabe. “Ese informe era un trabajo de investigación, no significaba que fuera una función de observación” sobre la limpieza del referéndum, ha asegurado a preguntas de los abogados.

Acabáramos.

Pero es que al igual que Catt, los demás observadores cobraron su parte. “Cada uno de ellos trabajaba por un número de días distintos y eso influye en la cantidad de remuneración que recibían. Todo el mundo cobró en octubre”, declara.

Por si fuera poco, Catt reconoce en su informe que no había una comisión electoral constituida al efecto para el 1-O; que el referéndum había sido suspendido por el Tribunal Constitucional; y que el contenido del documento se limitaba a estudiar el “contexto de Cataluña desde una perspectiva histórica”, una especie de ensayo infumable, lo cual abunda en la teoría de que el referéndum fue poco más que una expresión popular “festiva”, según sus propias palabras.

Y bien, llegados a ese punto cabe preguntarse que si Catt y los demás invitados electorales no estaban en Cataluña en función de observadores internacionales, ¿qué diantres hacían allí? Y lo que es mucho peor, ¿cobraron de fondos públicos por pasar unos días de vacaciones en Cataluña entre suculentos platos de paella, sabrosas butifarradas y joviales tardes festivas bajo el apacible sol de la playa de la Barceloneta? De la dudosa declaración de la testigo empieza a deducirse que aquel equipo de supervisores extranjeros era en realidad una compañía de artistas invitados, una troupe de actores de relleno para la gran performance, para la gran puesta en escena siempre simbólica, como era todo en el ‘procés’. Por lo visto, en esto de la construcción de la República catalana independiente todo era una mentira, todo era más falso que un máster de Cifuentes.

En su turno de interrogatorio, el abogado Benet Salellas, representante legal del acusado Jordi Cuixart, trató de preguntarle a Helena Catt, a la luz del famoso informe de todo a cien que fue elaborado de aquella manera, si considera que se vulneraron los derechos humanos durante el 1-O. El presidente de la sala, Manuel Marchena, el magistrado más duro al oeste del Manzanares, cortó la pantomima de raíz. “No vamos a permitir que alguien venga a ilustrar a la sala sobre si hubo o no vulneración de derechos humanos”. O lo que es lo mismo: ya está bien de vaciles. Tonterías las justas.