España cuenta con aproximadamente 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, que suponen el 26,1% de la población total, según datos de 2018 recogidos por le informe AROPE. A su vez, “España es el único país europeo que no tiene una prestación pública que cubra el riesgo general de pobreza”, afirmaba el profesor Antón Costas, y aclaraba que “un sistema de garantía de ingresos contra la pobreza es, por así decirlo, la pieza de cierre del modelo social europeo que impide que cualquier persona que no tiene derecho a los otros beneficios que se quede a la intemperie”.

Datos arrojados por el mismo informe concluyen que uno de cada cuatro menores de 16 años se enfrenta al riesgo de pobreza en el Estado español, o que 1,3 millones de personas de 65 años o más están en riesgo de pobreza, y que 3,1 millones mujeres viven en hogares con baja intensidad de empleo. Si bien la desigualdad y la pobreza han crecido exponencialmente en España en las últimas décadas, con especial atención en los niños y las patologías asociadas a la pobreza infantil como la obesidad o la mala alimentación; la irrupción del Coronavirus añade nuevos problemas a estas situaciones de vulnerabilidad.

Las medidas de confinamiento y prevención de la COVID-19 van a agudizar este problema de pobreza severa, que también afecta con especial crudeza a las trabajadoras de la limpieza y de los cuidados, o a la población joven con trabajos precarios. En este contexto de urgencia social, “implantar un sistema de renta básica sin condición alguna supondría completar el sistema de protección social en España”, aseguró la politóloga Cristina Monge para Infolibre.

Por el momento, el Gobierno ya ha acordado un sistema de Ingreso Mínima Vital (IMV) permanente dirigido más para familias que para personas individuales, teniendo en cuenta el número de hijos, el patrimonio y el incide de pobreza de la familia, con hasta 12 tipologías diferenciadas. Esta medida rondará los 400-500 euros, aunque todavía no se ha especificado, y se estima que tendrá un coste total de cerca de 5.500 millones de euros anuales que, según explica Monge, “se irá rebajando a lo largo del tiempo, a medida que la renta mínima vaya absorbiendo otras ayudas sociales, algunas a cargo de las Comunidades Autónomas”. Para Nacho Álvarez, Secretario de Estado de Derechos Sociales, la idea es que “todo ciudadano, viva donde viva, tenga derecho a un mínimo de ingresos. Y ese mínimo de ingresos que debe construir el ingreso mínimo vital permitirá que luego cada comunidad autónoma, en función de sus propios programas de rentas, pueda completar este ingreso mínimo, explicaba en una entrevista a eldiario.es.

Renta Básica vs Renta Mínima

La Renta Básica (RB) es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre. Desde la web oficial de RB aclaran que “la gran diferencia de la renta básica con las prestaciones monetarias públicas habituales de los Estados de Bienestar es la incondicionalidad de la primera y la condicionalidad (a una situación: pobreza, discapacidad, desempleo…) de las segundas”.

Según Monge, “además de garantizar un mínimo ingresos al conjunto de la sociedad y ayudar a paliar la pobreza, una renta así tiene efectos, que van desde el incremento de la cohesión social hasta una mejor de las condiciones laborales”. Esta renta también repercutiría favorablemente en la autonomía de las mujeres y su contexto de desigualdad. A finales de 2019, más de un centenar de feministas presentaron un manifiesto a favor de una Renta Básica, y en este enlace de Renta Básica Feminista puedes consultar su exposición.

No obstante, como advierte la politóloga, esta propuesta tiene un recorrido teórico de años, pero “no hay que olvidar que la renta básica no se ha practicado aún en ningún país, aunque se ha intentado aproximar con algunos experimentos, que topan con la dificultad de poder comprobar los efectos de una renta cuando se sabe que se ha implantado de forma temporal, por lo que difícilmente podrá tenerse en cuenta en decisiones de futuro de los beneficiarios”.

Los programas de Renta Mínima (RM) consisten en “prestaciones económicas que buscan garantizar que toda persona cuente con ingresos suficientes para vivir dignamente, al menos en niveles de subsistencia”, explica el catedrático en Economía Juan A. Gimeno en un artículo publicado en la Plataforma Acción 2030. “Normalmente, no exigen cotización previa, por lo que se denominan asistenciales, frente a las contributivas. Son prestaciones condicionadas a la demostración tanto de situación de necesidad del potencial beneficiario (o/y de su familia) como de esfuerzos activos por encontrar trabajo, de una forma u otra”. Por otro lado, la condicionalidad a la que tradicionalmente ha estado sujeta esta renta es a la incompatibilidad con otros ingresos, lo que podría derivar en el fomento de la economía sumergido, entre otros ejemplos.

En el marco regional, el informe realizado por la Airef que preside el Ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, expone que “las rentas mínimas de las comunidades autónomas son el único instrumento no categórico que ofrece protección frente al riesgo de pobreza. Además, tienen un carácter completamente descentralizado”. Asimismo, asegura que el número de unidades beneficiarias de las rentas mínimas “no ha dejado de aumentar desde su puesta en marcha”. Entre las propuestas realizadas por la Airef con el fin de mejorar la eficacia de la prestación se encuentran: “Establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogar para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa; eliminar requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios; hacer la prestación compatible con el empleo, permitiendo que actúe como complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente y evitar las discontinuidades en la cuantía de la prestación”.

La vicepresidenta de REAS Andalucía, Mar Osuna, explica a Diario16 que “las diferentes soluciones de rentas básicas, garantizadas, mínimas, de inserción o el actual ingreso mínimo vital (IMV), siguen manteniendo de manera estructural a un conjunto de la población dependiente y precaria, sin generar cambios en el sistema de acceso a la riqueza comunal y al bienestar social”. Para Osuna, “la renta básica universal (RBU) es un instrumento de redistribución que pone en el centro la vida frente al capital y al actual sistema productivista, que mantiene fórmulas asistenciales desde el Estado, las mismas que siguen perpetuando la precariedad de las personas que las reciben”.

Asimismo, la vicepresidenta de REAS expone a este periódico que la RBU, como 1ª fase, “tiene que ser «suficiente» y sustituir a las diversas ayudas asistencialistas, liberando así a la ciudadanía de multitud de trabas control burocrático, con el fin de dar un giro hacia una segunda fase de fomento de lo común y de desarrollo comunitario (economía de proximidad), a través del llamado FRB (Fondo de Renta Básica), como desarrolla José Iglesias y movimientos sociales como Baladre, con la propuesta de Rbis (Renta básica de las Iguales)”.

Rentas por comunidades que ya son una realidad

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) alcanzó hace dos semanas, según publicaba La Vanguardia, su última fase de despliegue en Catalunya, tras ponerse en marcha por la Generalitat en el año 2017 por una iniciativa legislativa popular (ILP) de varias entidades sociales. Con ella, los beneficiarios percibirán un mínimo de 664 euros al mes y un máximo de 1.208 si son familias con más de dos hijos. Así, la misma cabecera informaba que en Catalunya ya se benefician de esta renta vital un total de 81.636 hogares y llega a 127.711 personas”.

La Renta Valencia de Inclusión (RVI) surgió para atajar la tasa de pobreza severa de la Comunitat Valenciana. Esta ayuda de carácter indefinido -mientras sea necesario-, aporta unos ingresos mínimos de 630 euros mensuales. En la actualidad, aproximadamente 42.000 unidades familiares se benefician de esta renta y la previsión para 2020, según afirma Marea Roja Alacant a Diario16, “es de 90.000 unidades familiares, pero estimamos que aún cientos de miles de unidades llevan esperando entre 9 y 18 meses para cobrarla o para que sus expedientes sean resueltos”. Desde la plataforma advierten que el Ingreso Mínimo Vital propuesto por el Gobierno tiene características muy similares a la renta autonómica, de manera que “puede provocar un conflicto entre las personas que puedan ser beneficiarias de estas ayudas, al no saber cuál es la apropiada para su situación y de qué manera pueden o no complementarse”. En este sentido, proponen que “el dinero dedicado al IMV se destine a las ayudas autonómicas, que cuentan problemas claros de financiación y no se centralicen las ayudas”.

Euskadi lleva más de diez años concediendo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) destinada a apoyar a las unidades familiares residentes en Euskadi, que no disponen de ingresos suficientes para afrontar las necesidades básicas. 2019 se cerró con 52.455 perceptores de la RGI con una mensualidad de aproximadamente 694 euros. Por su parte, el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco consideró en declaraciones al Diario Vasco que “el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no tendrá efectos prácticos en los beneficiarios de la RGI vasca porque nadie va a poder cobrar las dos ayudas a la vez y porque las cuantías aquí son las más elevadas que existen”.

 El colectivo Erletxea, argumenta a Diario16 que “si el IMV se ajustase al resto de prestaciones existentes podría beneficiar a muchas personas que, al endurecerse los requisitos de acceso a la RGI por el Gobierno de Patxi López, no se están beneficiando de esta renta”. Por otro lado, desde Erletxea comentan a este periódico que “una medida que podría haber hecho el Gobierno del Estado español era haber establecido un marco normativo mínimo con una dotación presupuestaria para que las distintas comunidades autónomas siguieran desarrollando las herramientas que ya existen, para que todas cumplan los mismo requisitos o incluso los mejoren, en un camino que fuera hacia la Renta Básica de las Iguales (RBis) y no un Ingreso Mínimo Vital sin tener en cuenta las particularidades del territorios  y las normativas que ya existen”.

En este sentido, La Vanguardia, respecto al IMV, advertía en el artículo anteriormente citado, que dicho ingreso “no se sumará al que ya paga la Generalitat u otras comunidades, como el País Vasco, Navarra o Valencia. O si se añade sólo será hasta un límite. Lo que si que permitirá esa renta vital estatal será probablemente liberar recursos autonómicos para que las comunidades puedan llegar a un número mayor de personas”.

Por su parte, el colectivo Zambra Málaga-Coordinación Baladre defiende y trabaja por una Renta Básica de las Iguales (RBIS), contemplado como un “derecho que no responde a una cuestión de servicios o de contraprestación”. La Rbis pone la vida en el centro y deja en evidencia la imposibilidad de un empleo en unas condiciones dignas para todas por el cambio de modelo productivo y la robotización de mucho de los trabajos, que antes precisaban de mano de obra humana. Esta renta busca, entre otras cosas, “construir trabajo cooperativo, para poder decidir sobre nuestras vidas, reducir la burocratización de las ayudas y generar condiciones, a largo plazo, para un cambio de sistema de producción y reproducción que no esté basado en la explotación”.

En opinión de Mar Osuna (REAS Andalucía), “la introducción de la Rbis, junto a la apuesta por economías sociales y solidarias en lo local, se convierten en este momento en dos de los principales instrumentos de transformación social que necesitamos una gran parte de la población, para recomponer modelos económicos centrados en lo esencial para la vida: alimentación saludable, suministros básicos y acceso a la cultura, como elemento primordial de cohesión social en tiempos de cambio”.

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2 Comentarios

  1. A quien corresponda del gobierno en referente a la renta básica propongo que las familias o personas que reciban dicha renta que aporten facturas de compra por importe de la cantidad recibida con una desviación de no más de 40 euros sobre el total percibido so pena de ser suspendida la renta por un mes tras el cual volvería a percibirla yo no quiero financiar teléfonos ni dispendios fuera de los de pura necesidad y soy partidario de la renta básica muchos de los que aquí la critican cuando cumplan los 45 que tengan mucho cuidado de no perder el trabajo pues puede que jamás encuentren otro con nomina hay lo dejo

  2. No se cómo será en otras comunidades pero en Cantabria la renta básica te la quitan si tienes otros ingresos o rentas de capital mobiliario conozco un caso de un matrimonio que tenía concedida la renta básica 532 euros en total para dos personas y cuando comunicaron de que avían recibido un mísero dividendo de 99 ,57 euros de unas acciones que les canjeo un banco por preferentes con una pérdida del 80 por ciento les fue retirada la prestación

    A todos los que están en contra de esta renta básica que de facto ya está en marcha por todas las comunidades autonómicas de España les deseo que pierdan su empleo en esta pandemia y se queden con el culo al aire ya veremos cuantos hablan en contra de la renta básica

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