La verdadera disrupción que supone la nueva política se descubre en que el protagonista es el pequeño ser humano que subyace en lo cotidiano del drama que soporta. Esas personas, que casi siempre son expulsadas de la Historia, porque ésta está reservada para la pequeñez de los grandes personajes almacenada en las estanterías de las bibliotecas. Pero pocos parecen advertir que, esas estanterías, fueron construidas por los imprescindibles ciudadanos pequeños. Sin embargo, pese al desánimo, nos llega la inesperada noticia de que la Justicia ha terminado de percatarse de ellos.
El juez Andrés Lago Louro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago, ha decidido abrir diligencias de momento solo por el delito de prevaricación administrativa de dos cargos sanitarios del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Su imputación se basa en su responsabilidad por retrasar y negar costosos fármacos de nueva generación, prescriptos a enfermos gallegos de hepatitis C, algunos de los cuales fallecieron antes de recibirlos. En enero, la asociación médica Batas Blancas puso en conocimiento del ministerio fiscal, la muerte de al menos tres personas a las que se les prescribieron los nuevos fármacos pero que nunca los recibieron.
Además, según ha adelantado el diario.es, la Fiscalía acusa también por la muerte de más de media docena de pacientes a estos dos responsables de la Consellería de Sanidade. Eso se tipifica como delito de homicidio por imprudencia profesional grave. El Fiscal sostiene que el retraso en el suministro del Sofosbuvir, un fármaco que se ha probado efectivo en el tratamiento de los afectados por esta enfermedad, se debió a razones presupuestarias y no médicas. «Esa denuncia afecta a dos o tres pacientes», ha dicho con desdén Feijóo, tras responsabilizar a los médicos de las decisiones sobre quienes recibían el tratamiento de la hepatitis: «Ellos son los que deciden». Pero él es responsable por haber aprobado los recortes en todas las cuentas y los servicios consecuentes. La mayoría de los responsables en la historia por las víctimas de sus decisiones, no apretaron el gatillo. Pero fueron juzgadas.
Feijóo: Esa denuncia afecta a dos o tres pacientes. Ellos (los médicos) son los que deciden
De este modo, el responsable del gobierno gallego minimiza la muerte de estos ciudadanos, tal vez por pequeños, a la categoría de anécdota. Su éxito en comprometer los fondos para la sanidad gallega, basado en proyectos destinados a ser entregados a la gestión privada, deberá ser revisado. Hay muchas otras víctimas. No en vano le renunció, a fines de febrero de 2015, la mitad de los miembros Comisión Galega de Bioética. De los 15 miembros que la constituyen y que aparecen como tales en la web de la Xunta, sin contar los dos representantes de la Administración ni a dos integrantes que renunciaron hace meses aunque están en la lista, siete. Es decir, la mitad, presentaron su dimisión la última semana de febrero 2015. Deberían ser entrevistados por la prensa libre, tal vez el fiscal pueda tener más elementos.
El plan es un éxito, también en Galicia
En una demostración de la perseverancia del relato gubernamental, el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha dicho en relación al plan de la hepatitis C que «es un éxito también en Galicia», ha explicado que el plan pretendía llegar a 52.000 pacientes y que, a falta de recibir los datos de cuatro comunidades autónomas, ya se ha tratado a 46.000. «El plan es un éxito, también en Galicia”. Estas afirmaciones deberían tener consecuencias si se comprueban los obstáculos burocráticos que se les impusieron a los pacientes, al menos en Galicia. Eso produjo víctimas.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento del objetivo de déficit de esa Comunidad y las víctimas colaterales que se han producido? ¿De qué sirve ese logro si las consecuencias son trágicas, aunque se invisibilicen en la mayoría de los medios de comunicación bajo la influencia de sus fondos de comunicación institucional? ¿Los ciudadanos pequeños no cuentan?
De pronto, con estas actuaciones, los ciudadanos toman conciencia de que la Justicia es el garante de los derechos democráticos en lugar de ser parapeto de las artimañas de los sociópatas que disfrutan de una impunidad aterradora. Las andanzas de estos personajes, derivadas de sus decisiones, pretenden limitar su obligación de responder por las consecuencias de sus actos.
En esta línea, no debemos olvidar las responsabilidades por las muertes en la curva de Angrois, ciudadanos pequeños también, se han restringido a la negligencia del conductor. Pese a que ello, aparentemente, así fue, nada exime a los responsables de Fomento, Adif y Renfe, de que expliquen acerca de su decisión de recortar en los sistemas de seguridad. Recordemos que la Justicia es equitativa o no es Justicia. Por cierto, ¿ya se ha resuelto esa deficiencia? El actual parlamento se está preocupando del episodio.
La Democracia se ha concebido para los ciudadanos pequeños, como usted o yo, por ejemplo. Más aún, si se han desregulado las relaciones económicas al nivel de permitir la impunidad en escenarios como los “Panamá Papers”, y las transferencias de dinero son frágilmente supervisadas. A las personas se las hacina en campos o se las deja morir en los mares. Ya no es portada que, en estos días, al menos 400 inmigrantes hayan desaparecido frente al litoral de Egipto cuando trataban de alcanzar las costas italianas, según informo la BBC en árabe citando fuentes locales. La inhumana gestión de los migrantes es el origen de estas muertes.
A nivel de los estados, y sólo desde el ejercicio responsable de la administración de la Justicia, podremos salir de esta oscura etapa de nuestra Historia en la que la pequeñez comienza a ser virtud. Como lo es el pequeño acto de votar. Acto que convierte en enorme la suma de lo pequeño.
Lo opuesto será poco edificante. Tal vez, hasta el preludio de consecuencias poco deseables para todos. La Indignación comienza a extenderse.
