El documento con 370 propuestas para un Gobierno progresista que el PSOE ha remitido a Unidas Podemos contempla un amplio paquete de medidas fiscales que los economistas de Pablo Iglesias están analizando con lupa antes de que la formación morada se pronuncie a favor o en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Entre las propuestas figura la abolición de las amnistías fiscales, la instauración de un impuesto sobre el CO2 para aquellos que más contaminen −es decir, un impuesto de descarbonización para ir dependiendo cada vez menos de las energías derivadas del crudo− y un mayor control del dinero que pueda salir a los paraísos fiscales. La mayoría de las iniciativas estaban ya en el programa electoral de Podemos.
Además, los socialistas aseguran que “revisaremos los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización, en su eficacia, y en la coherencia con las políticas de transición ecológica”. El PSOE pretende aprobar además una ambiciosa ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. “Se reforzarán los medios dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la Agencia Tributaria y se prohibirán las amnistías fiscales”.
Entre las ideas que están siendo valoradas por Podemos figura una nueva normativa tributaria para “ser más exigentes con los demás países” y asegurar que todos aquellos que no mantienen unos estándares fiscales mínimos pasen a formar parte de la lista española de paraísos fiscales. “Adicionalmente, se alineará la lista nacional de paraísos fiscales con los estándares y listas adoptados en el marco internacional”, aclara el documento. Según el PSOE, se limitarán a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales puedan realizar en efectivo en el seno de su actividad empresarial o profesional, sin que dicha limitación afecte a las operaciones que puedan realizarse entre ciudadanos a título particular.
“Añadiremos los responsables solidarios a la lista de morosos de la AEAT y se reducirá el importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros. Llevaremos a cabo la trasposición de la Directiva Antielusión ATA, que contempla el establecimiento de una norma general anti abuso, un nuevo régimen de transparencia fiscal internacional, el tratamiento de las denominadas ‘asimetrías híbridas’ (diferencias en el tratamiento fiscal en dos jurisdicciones distintas), la limitación de la deducibilidad de intereses y la regulación de la llamada imposición de salida”.
El PSOE asegura en su propuesta de 370 medidas que “adoptaremos” las reglas aprobadas por la OCDE, con objeto de imponer a los intermediarios fiscales la obligación de remitir información a la administración tributaria sobre las medidas adoptadas por los sujetos obligados que traten de eludir o circunvalar el CRS (estándar de intercambio automático de información), así como la suscripción del Acuerdo de Autoridades Competentes cuando se abra para la firma.
“Impulsaremos los trabajos de la recién creada unidad central de coordinación de las actuaciones de control de contribuyentes con patrimonios relevantes, que tendrá competencias para planificar, seleccionar, establecer criterios y coordinar las actuaciones en todo el territorio. Elaboraremos un estudio para ver la posibilidad de modificar las normas reguladoras de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para incluir en el Fichero de Titularidades Financieras las cuentas abiertas en filiales o sucursales del extranjero de las entidades de crédito”, agrega el programa.
Entre los puntos destacados también figura una reforma del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido): “Reduciremos el tipo de gravamen de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%. Crearemos el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, e impulsaremos la mejora de la calidad de la regulación y de las políticas públicas mediante el refuerzo de los instrumentos de evaluación”.
En particular, se reforzará la evaluación del gasto público, con un procedimiento sistemático de análisis y seguimiento. En cuanto a los Gobiernos locales, dentro del catálogo de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), “ampliaremos la posibilidad de que los ayuntamientos que tengan cuentas públicas saneadas dediquen parte de su superávit a la financiación y mejora de las escuelas infantiles, fomento del empleo y construcción”.
