La politización de las altas instituciones es insostenible. No hay peor enemigo para una democracia consolidada que se postula a presidir la Unión Europea que la confusión de poderes.
La anomía institucional es evidente. La culpabilidad también. Y es que nuestros representantes electos están más preocupados por protagonizar circos en el hemiciclo del Congreso de los Diputados que por legislar en beneficio de la gente y del país.
Debemos exigirles responsabilidad. Basta ya de llenarse los bolsillos a costa de verter sobre el estrado un conjunto y sinfín de palabras vacías. Basta ya de convertir la Cámara de representantes en el hazme reír de cualquier democracia. Basta ya de eludir las obligaciones constitucionales inherentes al cargo que ocupan.
La Unión Europea ha advertido en infinidad de ocasiones que las altas instituciones del Estado deben preservar su independencia e imparcialidad en la toma de decisiones. La pregunta es muy sencilla: Señores diputados y diputadas, ¿saben ustedes lo que eso quiere decir?
Se lo diré yo: España necesita una remodelación de sus instituciones y un cambio de legislación que permita que sean los propios jueces y magistrados quiénes escojan a sus pares. España necesita que el poder político deje de capitanear a las altas instituciones del Estado. España necesita más democracia.
El color del gobierno se esconde tras las instituciones
La composición de las instituciones del Estado suele dibujarse tras el color político del gobierno de turno, lo cual no es extraño si tenemos en cuenta el poder de disposición del que goza el ejecutivo con respecto a los integrantes de las instituciones del Estado.
En primer lugar, el órgano de gobierno de jueces y magistrados – el Consejo General del Poder Judicial – se compone de veinte vocales que son escogidos mitad por el Congreso de los Diputados y mitad por el Senado, es decir por el poder legislativo.
Habitualmente el Gobierno goza bien de mayoría absoluta, bien de un acuerdo de coalición que le permite acceder a la Moncloa. En consecuencia, no es óbice pensar que también tiene el control de las cámaras legislativas y con ello una incidencia directa sobre la elección de los miembros del órgano de gobierno de la magistratura.
En segundo lugar, el Tribunal Constitucional está compuesto por 12 magistrados, de entre los cuales cuatro son escogidos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ.
Por lo tanto, cómo puede verse, el ejecutivo vuelve a gozar de pleno poder de disposición sobre todos los miembros del tribunal de garantías. Y es que si decíamos que el Gobierno suele tener influencia sobre la composición y el reparto de escaños en las cámaras legislativas, también lo tendrá sobre la designación de los vocales del CGPJ y en consecuencia sobre todos los magistrados del Constitucional.
En tercer lugar, el Fiscal General del Estado es escogido por el Gobierno. Y recordemos que los fiscales pueden recibir órdenes e instrucciones de actuación de los fiscales superiores. En consecuencia, el máximo garante del interés general, directamente elegido por el ejecutivo, puede dirigir la actuación de los integrantes del Ministerio Público.
¿Existe separación de poderes en España?
Ante una pregunta de tal envergadura me atrevería a decir que sí. La separación de poderes existe en España aunque con deficiencias democráticas importantes que no pueden ser pasadas por alto.
El Tribunal Constitucional, por ejemplo, no forma parte de ningún poder del Estado. En consecuencia, en puridad su elección por miembros de los poderes del Estado no supone una confusión de los mismos. No obstante, es completamente reprochable que el criterio del tribunal de garantías cambie en función del color político que inunde la Moncloa.
En definitiva, nuestros políticos, ocupen el cargo que ocupen, deben asumir con responsabilidad sus obligaciones y remar conjuntamente hacia un objetivo común: ¡devolver la normalidad a nuestras instituciones, democratizarlas y europeizarlas!
