62 organizaciones feministas, sindicales y sociales, piden que acosar a mujeres y sanitarios en las clínicas abortivas sea delito. Todas ellas se han se han agrupado en la Plataforma Pro-Derechos, que se ha presentó el martes, bajo la campaña, ‘aborto sin acoso’.
Quieren denunciar el hostigamiento de organizaciones ultracatólicas y de extrema derecha, como Hazte Oír, que está financiada a través de organizaciones como ‘El Yunke’ y pedir que se cree un nuevo tipo penal para actuar contra “los grupos anti-elección/anti-derechos” que lo llevan a cabo.
Más de 8.000 mujeres han sido y son víctimas del acoso
En los últimos tiempos estamos asistiendo a un recrudecimiento de las acciones del movimiento anti-elección/anti-derechos. Estos hostigamientos, sin ser exclusivos, se está centrando principalmente en las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos, en aquellas que luchan por el derecho a una muerte digna, la laicidad del Estado, y en las que defienden los logros y derechos de las personas LGTBI. Al tiempo, se está produciendo un recrudecimiento de las acciones intimidatorias contra los/as profesionales que facilitan la prestación sanitaria de aborto provocado, así como, contra las mujeres que acuden a estos centros.
Las acciones de acoso se centran en diversos planos: jurídico, administrativo y público, recurriendo incluso a la intimidación directa. La conexión de estos grupos entre sí y el importante soporte financiero que sostiene su actividad, principalmente de los grupos neoliberales de los Estados Unidos y de México, les ha permitido alcanzar algunos logros importantes como la revocación de la declaración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE), la admisión a trámite de algunas de sus denuncias o las sanciones administrativas a los centros de IVE madrileños.
Las organizaciones que la componen creen “que se hace imprescindible que las organizaciones que defendemos los derechos sexuales, reproductivos, sociales, sanitarios y civiles, los logros del movimiento feminista, unamos fuerzas y actuemos en red para defender nuestros derechos e impedir que la imbricación social y política de estos grupos se consolide”.
El hostigamiento de organizaciones ultracatólicas y de extrema derecha, como Hazte Oír, a las mujeres que van legalmente a abortar
Con este objetivo, desde el mes de septiembre de 2018, un grupo de organizaciones, que ya aglutina a 62 entidades sociales, asociaciones feministas, partidos políticos y fuerzas sindicales; se han reunido para configurar un grupo abierto “que constituyera un instrumento de reacción frente a las situaciones de acoso y hostigamiento”. Entre los diversos frentes de hostigamiento que estos grupos mantienen abiertos, se han fijado en este momento, sin querer excluir con ello otros ámbitos, en las acciones de intimidación directa que estos grupos están ejerciendo sobre las mujeres que interrumpen su embarazo y sobre los/as profesionales que trabajan en los centros de IVE.
Desde la plataforma Pro-Derechos han elaborado una petición en la que relatan la situación de hostigamiento que están viviendo los/as profesionales de los centros de IVE y la violencia que están sufriendo las mujeres que intentan ejercer libremente su derecho a la interrupción del embarazo. En el escrito solicitan la acción legislativa de las fuerzas políticas parlamentarias para promover una norma que ponga freno a ese acoso, tal y como ya sucede en algunos países de nuestro entorno, como en Francia, donde una norma impide esas acciones de acoso.
Cristina Colón, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, explicó que hay “hostigamiento por proximidad, física y verbal, se vulnera el derecho a la libertad de las mujeres, tanto a adoptar la decisión como a mantenerla, a la intimidad sobre su imagen y sus actos, y también el derecho a la igualdad y la no discriminación y constituye un delito de injurias cuando se producen los insultos y de coacciones, ya tipificadas penalmente”.
Colón también se refirió en la rueda de prensa de presentación de la plataforma Pro-Derechos que “no podemos depender de que la mujer sea parte de un proceso penal cuando se produce el hecho delictivo. Y queremos una solución para todas las víctimas. Por eso la petición es una iniciativa legislativa, que se pueda actuar de oficio. Que no haya impunidad”.
Ana Sánchez, secretaria de Igualdad de UGT Madrid, puso su énfasis en el acoso para con los trabajadores de las clínicas. “Estamos hablando de profesionales a los que vulneran el respeto al trabajo digno, continuamente hostigados en un país en el que todavía hay quien piensa que el aborto no debería estar legalizado”, manifestó.
