Los rumores se han convertido en realidad. Soraya Sáenz de Santamaría, la ex vicepresidenta del Gobierno que controló el CNI en tiempos de Mariano Rajoy, ha fichado por el prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas. Una vez más, las puertas giratorias han funcionado y la que fue mujer más poderosa de España volverá a la abogacía, donde podrá aplicar toda su experiencia política y conocimientos, toda su potente agenda y sus contactos al máximo nivel al servicio de un despacho privado.
Según ha informado el bufete de abogados Cuatrecasas, la exvicepresidenta, nueva socia del despacho, “retoma su carrera profesional después de cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las Administraciones Públicas”. Por su parte, Rafa Fontana, presidente ejecutivo del bufete, ha afirmado que Sáenz de Santamaría “es una abogada excepcional que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional su valía y grandes dotes de gestión. Los socios de la firma estamos muy contentos de que haya decidido renovar su compromiso con la abogacía y de que lo haga desde Cuatrecasas. Estamos convencidos de que su enorme talento será muy valorado por los clientes que necesitan asesoramiento integral en términos de cumplimento normativo corporativo. Se incorpora a una práctica en crecimiento que es clave para la sostenibilidad de cualquier empresa”.
Sáenz de Santamaría ha asegurado que “los abogados de vocación tenemos la fortuna de poder servir a la sociedad y al estado de derecho en diversos ámbitos. Estoy encantada de volver a ejercer la abogacía y de hacerlo junto al magnífico equipo de profesionales de Cuatrecasas, de cuya experiencia espero seguir aprendiendo los próximos años”.
De esta manera, la exvicepresidenta del Gobierno se incorpora a un despacho especializado en derecho tributario, en la defensa de grandes fortunas y de corporaciones metidas en problemas como Bankia. Pero además, en 2012 el juez atribuyó al abogado Emili Cuatrecasas un fraude fiscal de casi 4 millones de euros y lo citó a declarar como investigado, según informó Europa Press. Hacienda acusó al abogado de defraudar en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 a través de un “sofisticado artificio negocial creado en 1991 dirigido a camuflar el provento e impuestos obtenido en diferentes ejercicios”, según recoge la querella interpuesta por el fiscal jefe de Delitos Económicos, Francisco Bañeres.
El letrado bajo sospecha vinculó supuestamente como gastos de su actividad empresarial lo que en realidad eran gastos familiares de carácter privado como varias viviendas, un barco de recreo, mobiliario, personal de servicio y viajes, entre otros. El escrito del fiscal recogía que el abogado creó “una sucesión de negocios simulados” con los que presuntamente consiguió deducciones en la contabilidad de la sociedad evitando la tributación de IRPF y además, mediante el entramado de sociedades, evitó pagar el Impuesto sobre el Patrimonio.
Finalmente todo se resolvió con el típico pacto “entre caballeros” en el juzgado. La Fiscalía, las acusaciones particulares (Abogacía del Estado y Generalitat) y el abogado alcanzaron un acuerdo de conformidad por el que el acusado aceptó una condena total de dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones de euros por ocho delitos fiscales. En aquella época Sáenz de Santamaría ya era vicepresidenta del Gobierno.
Con su decisión, la exvicepresidenta sigue los pasos de Luis Jordana de Pozas, que también fichó por Cuatrecasas. Fiscal de las audiencias de Bilbao (1981-82), Alicante (1982-84) y Madrid (1984-95) Jordana creó y coordinó un grupo de fiscales especializado en delincuencia económica entre 1986 y 1995 ante de recalar en el prestigioso bufete. A partir de ese año entró en el despacho como responsable de la práctica penal de Cuatrecasas y ha participado en los más importantes procedimientos penales por delitos económicos y otros delitos de la órbita empresarial.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y abogada del Estado, Sáenz de Santamaría ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1999. Fue vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, además de portavoz del Gobierno. Diputada, fue portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso en la IX Legislatura. En la actualidad es consejera electiva de Estado.
