La parálisis política y la no investidura de Pedro Sánchez está provocando, entre otra muchas cosas, que el Gobierno pudiera cambiar su postura respecto a los dos principales temas de abusos del sector bancario que se encuentran en los tribunales europeos: el IRPH y el Caso Banco Popular.
En ambos procesos el Estado español está personado para defender, no los intereses del país, sino los de la banca. Diferentes representantes de la sociedad civil y partidos políticos con representación parlamentaria solicitaron en la anterior legislatura que el Gobierno de Pedro Sánchez retirara a la Abogacía del Estado de estos procesos por, precisamente, poner a disposición de los bancos los recursos de todos los españoles para evitar que sus presuntos abusos sean declarados nulos por la Justicia de la Unión Europea y, en consecuencia, que las entidades financieras tengan que devolver el dinero que se ha cobrado o que se ha hecho perder a millones de familias de este país.
Sin embargo, la situación actual impide que el Ejecutivo cambie de postura y decida retirar a la Abogacía del Estado de ambos casos, personación que, por cierto, fue una herencia recibida del Gobierno de Mariano Rajoy.
IRPH
Respecto al IRPH, Rafael Mayoral y Alberto Montero, en representación de Unidos Podemos; Joan Baldoví, de Compromís; Pedro Quevedo, de Nueva Canarias y Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, presentaron en noviembre de 2018 ante la Mesa del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) en «relación al Índice de Referencia IRPH que está siendo tramitado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para su debate en Comisión». En esa PNL se hacía hincapié en que, como suele ocurrir en España, el Tribunal Supremo dictó sentencia favorable a la banca en un caso de demanda de nulidad, después de que los juzgados de primera y segunda hubieran declarado nulo el IRPH por constituir una cláusula abusiva. «En su sentencia 669/2017 el TS descarta que la cláusula IRPH pueda ser declarada abusiva porque, según los magistrados firmantes, a dicha cláusula no cabe aplicarle ningún control de transparencia. La sentencia contaba con un voto particular, suscrito por dos magistrados, que afirmaba sin ambages que la sentencia es contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y añadía que el IRPH “presenta una complejidad de compresión para el consumidor medio que lo hace idóneo como elemento susceptible del control de transparencia”», afirmaba la PNL.
El Gobierno de Mariano Rajoy dejó una herencia a las víctimas del IRPH y al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que presentó «unas observaciones orientadas a defender los intereses de la banca, alegando que no es necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente y afirmando que “no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas”. Además, y para el hipotético caso de que el IRPH sea declarado nulo por abusivo, el Estado español pide que la nulidad no tenga efectos retroactivos, por el impacto económico que esta medida tendría en la cuenta de resultados de las entidades bancarias», se podía leer en la PNL
Sin embargo, a pesar de la petición de retirar a la Abogacía del Estado de la defensa de la banca, no se hizo nada y, en la actualidad, el Ejecutivo en funciones de Sánchez no puede hacer nada hasta que no se forme un nuevo Gobierno.
Banco Popular
Respecto al Caso Banco Popular ocurre algo parecido, salvo que, en este caso, la presencia de la Abogacía del Estado está en defender a la Junta Única de Resolución de los recursos que los afectados interpusieron para que el TJUE determina la anulación de la operación puesto que está rodeada de presuntas y graves irregularidades.
En noviembre de 2017, a través del Ministerio de Exteriores, el Estado español solicitó ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) «ser admitido a intervenir […] en apoyo de la JUR». En concreto ese documento, al que tuvo acceso Diario16, afirma lo siguiente:
«El Reino de España, representado por don Santiago Jiménez García, Abogado del Estado de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, siendo el domicilio de notificación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación […], tiene el honor de solicitar ante ese Tribunal, conforme a las disposiciones conjuntas del artículo 40 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el ser admitido a intervenir en el precipitado asunto en apoyo de la Junta Única de Resolución». Además, ese documento, el Estado afirma que «si el Reino de España es admitido a intervenir en este procedimiento, solicitará del Tribunal General que desestime el recurso de anulación» de la intervención del Banco Popular.
El pasado 4 de julio de 2019, tanto el Banco Santander como el Estado, presentaron sus escritos para defender la operación que ha arruinado a más de 305.000 familias.
Tanto en el caso del IRPH como en el Caso Banco Popular, ponerse en contra de los afectados supone que el Estado se coloca en favor de las entidades financieras privadas. Por tanto, lo que está haciendo es poner los recursos de todos los españoles al servicio de empresas.
Una de las primeras decisiones que el nuevo Ejecutivo habrá de tomar será si mantener a la Abogacía del Estado personada en estos dos casos que afectan a más de 3 millones de ciudadanos. Sin embargo, mientras siga la parálisis la banca seguirá ganando… como siempre.
Pedro Sanchez ya tuvo la oportunidad de retirar el infame apoyo de la abogacía del estado a la banca en ambos casos y no lo hizo. Es un más de lo mismo. Y lo que quiere Pedro Sánchez ahora es pactar con Ciudadanos, que es lo que quiere la defraudadora de la lista Falciani. Podrá intentar disimular todo lo que quiera, pero se nota mucho.
Lo que estan provocando es una nueva guerra civil ya estamos viendo lo que está pasando en Cataluña enfrentando al mismo hasta enfrentamientos entre las familias mierda de políticos o lo que sean mas bien marionetas al servicio de los ladrones .
Oye, el Pedrito Sánchez ya tuvo sus famosos viernes sociales donde aprobaba decretos – leyes como churros. Si no retiró la personación en el robo del Banco Popular fue porque no le dio la gana. Ya está bien de darle vaselina al PSOE.
No te lo crees ni tu!… Me refiero al autor del artículo.
Vergüenza y asco es lo que da la clase politica, éste país está sin gobierno desde que empezó la democracia, antes en dictadura se sabía a quién odiar, putear o alabar, el poder en manos de trepas lo único que consiguió fue vender el país a los intereses de los grandes de Europa es decir al sionismo, dueño y señor de las banca, ahí está nuestro dinero ese que jamás nos van a devolver