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La paradoja renovable española

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Durante la primera década del siglo XXI España se erigió como una gran potencia internacional en el diseño, fabricación e instalación de energías renovables.

Hoy, pese a ser el único país del mundo con una ambiciosa ley de transición ecológica y recibir una lluvia de millones para la recuperación económica que, en buena medida se van a gastar en esa transición, asistimos impávidos al desmantelamiento y deslocalización de la otrora boyante industria española de renovables.

Comenzaba el año 2000 con la aplicación de un ambicioso plan nacional de fomento de las energías renovables. Al calor de esa política y de otras similares de carácter autonómico, unido al despertar de una conciencia medioambiental en nuestra sociedad, hubo una eclosión de empresas locales, que hicieron de la industria renovable española un referente a nivel mundial.

En ese contexto, se fueron abriendo paso empresas nacionales como Made, Abengoa, Enertrón, Solaria, Ecotecnia o Gamesa, que consiguieron desarrollar sus propias tecnologías, que se exportan y marcan la tendencia al resto del mundo.

De igual manera entraron en nuestro mercado otras firmas extranjeras, tanto comunitarias como extracomunitarias, dispuestas a participar de este pujante negocio, como Vestas, Siemens o General Electric, mientras las compañías eléctricas se posicionan en este mercado, entrando de lleno en el accionariado de las primeras, como Endesa entró en Made o Iberdrola en Gamesa.

Gracias a ello y al amor de las subvenciones, emergió una potente industria, que además consiguió llegar hasta los puntos más deprimidos de la península, y fijar población con empleos de calidad en la “España vaciada”. Durante esta época todas las empresas vendieron sus productos a nivel mundial y consiguieron crear un sector influyente y tractor de la economía en España.

Fruto de la profunda crisis económica y de unos cambios normativos arbitrarios que retiraron las subvenciones, al finales de la década y principio de la siguiente, el sector sufrió una fuerte convulsión. Todavía recordamos el impuesto al sol y las demandas millonarias que, a día de hoy, siguen trayendo de cabeza al estado español.

Los cambios accionariales, absorciones, y agrupación en el sector tanto a nivel local como global se fueron sucediendo con la promesa de que saldríamos reforzados.

A lo largo de estas dos décadas, ningún gobierno interiorizó la idea de que la industria renovable española debía ser protegida por su carácter estratégico, como ocurre con la industria nuclear en Francia, o la militar en Estados Unidos.

En el momento actual, nos encontramos con la paradoja de que hay un brutal incremento en el precio de la energía, en la demanda a nivel local y global de energías renovables, de que tenemos la legislación más ambiciosa del mundo en este ámbito, y un paquete de más de 140.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación en buena medida para realizar la descarbonización energética de nuestro país, y sin embargo, se van cerrando una por una todas las factorías que un día fueron estandarte de nuestra economía, dejando nuestro mapa huérfano de ellas.

En nuestro recuerdo quedan plantas industriales que empleaban a cientos de personas en Cuenca, Somozas, Villadangos del Paramo, Altamira, Alsasua, Aoiz, Ólvega, Olazagutía, Tudela, Tauste o Miranda de Ebro entre otras localidades afectadas. En la actualidad, asistimos a la destrucción de empleo por parte de General Electric en Ponferrada o al cierre de Vestas en Viveiro. Y esta sangría parece que no acaba aquí, ya que la espada de Damocles pende sobre otras factorías similares.

Multinacionales como General Electric, Siemens Gamesa o Vestas, que crecieron absorbiendo nuestra tecnología y esfuerzo, lo van a seguir haciendo ahora con nuestro dinero y nuestra energía, sólo que con productos fabricados fuera de nuestras fronteras, tanto de dentro de la UE (Dinamarca o Portugal), como de fuera de ella (Marruecos, Turquía o Brasil…).

Es imperativo detener esta sangría de destrucción de empleo que vive el sector industrial renovable y acordar un pacto de futuro por esta industria que, además de generar empleo, ayude a paliar nuestra fuerte dependencia energética y a contener el precio de la electricidad, ya que no podemos olvidar que, en la actualidad, la tecnología renovable no necesita subvenciones para ser rentable.

¿Hasta cuándo vamos seguir renunciando a proteger una industria estratégica para nuestro país?

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