El presente análisis viene a cuento del impresionante trabajo de la profesora Verónica del Carpio, sobre la obsesión por el oscurantismo de la Familia Real Española. La pregunta es obvia. ¿Juan Carlos y Sofía, están casados?. Si la respuesta es SI, y como residentes en Palacio de la Zarzuela s/n de Madrid desde que se casaron, estarían en régimen de comunidad de bienes, que es el régimen común del Código Civil. La mitad de los activos y la mitad de los problemas, multas y pleitos. El patrimonio es de los dos, las responsabilidades, también.

Y esta es la pregunta previa y obligada que se hace todo abogado que esté encargado de interponer cualquier acción jurídica, aquí, o en el extranjero en base a la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, que se aplica como un guante a la actuación del Emérito; sin que para esa norma haya ni aforamientos ni inviolabilidades.

La Ley nos obliga, en caso de duda o desconocimiento, poner la demanda contra los dos. Ha sido por sus propios intereses el seguir siendo matrimonio; aunque sea público y notorio que sus vidas apenas se cruzan.

Eso lo digo independientemente de lo simpática o no, que nos pueda caer la reina emérita, de lo mucho o no, de lo que la compadezcamos por estar casada con un pícaro, tal y como definió, benevolentemente, Julio Anguita al Rey Emérito.

Ciertamente la Reina Emérita, Sofía de Grecia, ha cuidado exquisitamente su imagen; incluso ahora mismo, haciendo un posado mientras va de compras a un centro comercial de Mallorca, coincidiendo con que el Rey Emérito estaba volando hacia quién sabe donde. Pero una cosa es la imagen, y otra la realidad jurídica.

Con esa obsesión de estar apartados del común de los mortales, el concepto de “Familia Real” no está regulado en la Constitución ni en ninguna norma con rango de ley dictada por las Cortes. Procede de un simple real decreto dictado en 1981 por el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, con firma de su ministro de Justicia (ni tan siquiera la suya). Se trata del curioso Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre Registro Civil de la Familia Real, al que Verónica del Carpio le ha dedicado varios posts, y en el que, siguiendo la tradición de la monarquía española, se restablece el Registro Civil especial de la Familia Real, que se suprimió por la II República.

Mejor dicho, ese Registro Civil especial ya “se restableció” antes, en 1975, por un Decreto-ley preconstitucional urgente de muy significativa fecha: el mismo día de la muerte del dictador Franco: el Decreto-ley 17/1975, de 20 de noviembre, sobre restablecimiento del Registro del Estado Civil de la Familia Real de España. Y Rey y Reina, ya estaban de acuerdo con él y han estado de acuerdo a través de los años.

El Registro Civil de la Familia Real tiene varias particularidades muy llamativas. Define quiénes forman la Familia Real a los efectos de ese Real Decreto, unas personas a las que se les concede el privilegio de quedar inscritos a su nacimiento y donde deben inscribirse los demás hechos inscribibles en un Registro Civil, como bodas, separaciones, régimen patrimonial o capítulos matrimoniales; no es el Registro Civil en el que nos inscriben a todos, sino uno especial y privado, a cargo del Ministro de Justicia que, además, no es accesible más que a algunas concretas personas (artículo 4. “Las certificaciones sólo podrán expedirse a petición del Rey o Regente, de los miembros de la Familia Real con interés legítimo, del Presidente del Gobierno o del Presidente del Congreso de los Diputados“).

O sea que, no podemos saber cuál es el régimen económico matrimonial de D. Juan Carlos y Dª Sofía pidiendo un certificado del Registro Civil como lo podríamos pedir respecto de cualquier pareja casada. El registro pues, es secreto, y como tal, la presunción es la que es; son matrimonio en régimen de gananciales.

Pero ahora, con la que cae, no es irrelevante que sepamos si Dª Sofía tenía o no participación en las operaciones económicas de D. Juan Carlos.

Tiene pues un buen “pollo” la Emérita; legalmente es, de todas todas, corresponsable de los trapicheos de su marido, respondiendo, al menos, con su propio patrimonio en cuanto a responsabilidad civil.

Otro problema es que, visto lo visto, ella tenga y mantenga discretamente sus propios “bussines”, aprovechando que ha sido Reina de España desde 1975 y miembro permanente del Club Bilderberg, que reúne a los 100 empresarios y líderes más influyentes del mundo. Estamos seguros que todas sus aventuras económicas, tampoco nada pequeñas, de haberlas, a nivel propio o con terceros, cumplen con todas las legalidades.

El no ser transparentes, en las administraciones públicas a veces juega en contra de los que pretenden proteger.

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