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LA ONU señala al mismo nivel a España y Marruecos como responsables directos de la masacre de Melilla

El Comité sobre los Trabajadores Migrantes, al que España no está suscrito, pide con urgencia al Gobierno de Sánchez que aclare las causas de la matanza y repare esta flagrante violación de los derechos humanos

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El Comité de la ONU sobre los Trabajadores Migrantes ha exigido a los gobiernos de Marruecos y España que investiguen sin dilación alguna las causas de la masacre de una treintena aproximada de migrantes subsaharianos que participaron la pasada semana en un masivo intento de cruzar la valla fronteriza hacia la ciudad autónoma de Melilla. El titular español de Exteriores, José Manuel Albares, que hasta ahora ha mantenido, como el resto de la bancada socialista del ejecutivo de Pedro Sánchez, una postura distante y pasiva con esta matanza a cargo de la actuación de los gendarmes marroquíes, ha asegurado este martes que tanto la Fiscalía española como el Defensor del Pueblo iniciarán sendas investigaciones en España sobre lo ocurrido.

Este Comité de la ONU insta a las autoridades españolas y marroquíes a ofrecer reparaciones por las violaciones de los derechos humanos ocurridas, además de preservar los restos de los muertos, informar a sus familias y hacer lo necesario para el traslado de los cadáveres, mientras que a los heridos se les debe dar atención médica hasta que estén totalmente recuperados, reclamaciones que en ningún caso están llevando a cabo los responsables del gobierno marroquí ni tampoco se les ha exigido por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Tanto España como Marruecos queremos saber qué ha ocurrido”, ha asegurado el ministro español de Exteriores en una entrevista en Antena 3, aunque desde un primer momento el ejecutivo español ha culpado directamente a las mafias organizadas de estar detrás de este asalto masivo a la valla de Melilla. Marruecos, por su parte, ha apuntado a la autoría de Argelia, con el que mantiene una enemistad histórica. Los testimonios de muchos de los migrantes subsaharianos participantes recalcan que actuaron improvisadamente sin organización alguna, tras el acoso que venían recibiendo por parte de los gendarmes marroquíes, coordinados en su actuación con las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas. Hasta ahora, los hechos dicen todo lo contrario, ya que tanto el reino alauí como el Gobierno español han mantenido una idéntica posición sobre esta masacre denunciada por al menos medio centenar de oenegés independientes: culpar desde un primer momento a las mafias organizadas del asalto masivo y “violento”, según las autoridades de ambos países. Esta es la misma estrategia jurídica seguida por los jueces marroquíes a la hora de imputar a unos 30 migrantes detenidos por el asalto, pese a las evidencias del acoso al que han sido sometidos en las últimas semanas por las autoridades marroquíes, con la quema premeditada del famoso monte Gurugú donde muchos de ellos aguardan temporalmente durante semanas e incluso meses y años para pasar hacia territorio español.

“Queremos saber qué ha ocurrido”, dice el ministro Albares, que como todo el Gobierno español ha culpado desde el primer momento sin pruebas a las mafias organizadas

Albares ha reconocido que “está claro que una avalancha de 2.000 personas es muy difícil de gestionar” y ha reclamado tanto a la Unión Europea como a Marruecos –con el que ha iniciado una nueva etapa de entendimiento mutuo tras abandonar su postura histórica sobre la autonomía del Sahara Occidental– que refuercen “aun más la colaboración” para frenar estos flujos migratorios, y también con los países subsaharianos de tránsito de la migración.

Por su parte, Naciones Unidas reclama por igual a los gobiernos de Marruecos y España que “queda por establecer si las víctimas murieron al caer de la valla, en la estampida o como resultado de alguna acción de los agentes de fronteras”, señala el órgano de la ONU encargado de hacer cumplir la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes. “Estamos consternados por la muerte de esos migrantes, quienes intentaban cruzar la frontera en busca de una vida mejor, conforme a sus derechos humanos legítimos”, comentó el Comité.

Marruecos forma parte de los Estados miembros de esa Convención, mientras que España, al igual que casi todos los países receptores de migración de Europa y otras regiones, no se ha adherido a esta instancia supranacional. Constituido por expertos independientes, este comité señala en un comunicado que una investigación servirá para evitar “que se repitan tales tragedias” y también para que los responsables de esta matanza respondan por sus acciones. “También pedimos a Marruecos, España y otros países de la Unión Europea que expandan la disponibilidad de vías para una migración segura y ordenada, y tomen medidas para garantizar el derecho a buscar y recibir asilo”, agregó.

“Los migrantes no deben estar sujetos a ningún trato cruel, inhumano o degradante. Los Estados deben garantizar que su policía y prácticas en frontera respeten sus obligaciones de derechos humanos y garanticen el derecho a la vida y a la dignidad”, algo que en este caso evidentemente no se ha llevado a cabo.

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