China es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en la provincia de Xinjiang, asegura un informe de la ONU. Este documento largamente esperado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre lo que China denomina la Región Autónoma Uigur de Xinjiang concluye que se han cometido “graves violaciones de los derechos humanos” contra los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas.
El informe publicado el miércoles tras la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en mayo, afirma que “las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”.
En una evaluación redactada con firmeza al final del informe, la Oficina dice que el alcance de las detenciones arbitrarias contra los uigures y otras personas, en el contexto de “las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales, disfrutados individual y colectivamente, pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”.
La Oficina señala que el citado dosier está basado en una rigurosa revisión del material documental del que dispone actualmente el organismo y que su credibilidad está evaluada de acuerdo con la metodología estándar de los derechos humanos. “Se prestó especial atención a las propias leyes, políticas, datos y declaraciones del Gobierno. La Oficina también solicitó información y entabló un diálogo e intercambios técnicos con China a lo largo del proceso”.
Publicado en el último día de los cuatro años de mandato de Bachelet, el informe dice que las violaciones se han producido en el contexto de la afirmación del Gobierno chino de que está persiguiendo a los terroristas entre la minoría uigur con una estrategia de lucha contra el extremismo que implica el uso de los llamados Centros de Educación y Formación Profesional o campos de reeducación.
ONU Derechos Humanos dijo que la política del Gobierno en los últimos años en Xinjiang ha “conducido a patrones interconectados de restricciones severas e indebidas en una amplia gama de derechos humanos”.
Aunque el sistema de los llamados Centros de Educación y Formación Profesional, como dice China, “se ha reducido en su alcance o se ha disuelto”, el informe recuerda que “las leyes y las políticas que lo sustentan siguen vigentes”, lo que lleva a un mayor uso del encarcelamiento.
Los sistemas de detención arbitraria y los patrones de abuso relacionados desde 2017, dice la Oficina de la Alta Comisionada, “se producen en el contexto de una discriminación más amplia” contra los uigures y otras minorías.
“Esto ha incluido restricciones de gran alcance, arbitrarias y discriminatorias sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, en violación de las leyes y normas internacionales”, incluyendo restricciones a la libertad religiosa y a los derechos a la privacidad y a la circulación.
Además, el informe señala que las políticas del Gobierno chino en la región han trascendido las fronteras, separando a las familias, cortando los contactos y produciendo pautas de intimidación y amenazas contra la diáspora uigur más amplia que ha denunciado las condiciones en su país.
La Oficina de la Alta Comisionada dice también que el gobierno chino “tiene el deber primordial de garantizar que todas las leyes y políticas se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos y de investigar sin demora cualquier denuncia de violación de los derechos humanos, de garantizar la rendición de cuentas de los autores y de ofrecer reparación a las víctimas”.
