Christine Lagarde, presidenta del FMI. Foto de Archivo.

Los organismos económicos internacionales pretenden echar el freno a las políticas sociales que Pedro Sánchez trata de implantar en España a través de los presupuestos generales del Estado con el apoyo de sus socios de Gobierno. Por la mañana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ‒el llamado ‘Club de los países ricos’‒, rebajaba la cifra de crecimiento de este año para España en dos décimas, situándola en un 2,6 por ciento. Por la tarde era el FMI el que daba otro varapalo al Ejecutivo español, justo cuando Bruselas acababa de enmendar la plana al proyecto socialista de presupuestos para el próximo año.

El mensaje que los organismos internacionales envían al Gobierno de Sánchez es directo e implacable. Nada de alegrías presupuestarias, nada de planear más gasto social, ni de subir el salario mínimo interprofesional, ni de revalorizar las pensiones o aumentar los fondos para educación y sanidad.

Pero los malos augurios de los centros de poder, como la OCDE, no quedan ahí. Los arúspices de este organismo transnacional también han rebajado en dos décimas (del 2,4 al 2,2 por ciento) sus estimaciones de crecimiento para 2019 y prevén una contracción importante para 2020, hasta situarse en el 1,9%. Es decir, un pronóstico claramente negativo para nuestra economía. El panorama incierto que describe el informe se completa con la previsión de que el déficit público español será peor de lo previsto inicialmente (el 2,7% en 2018 frente al 2,4 pronosticado hace seis meses), lo que según los economistas de este organismo obligaría al Gobierno a “realizar mayores esfuerzos para atajar la deuda”. El siguiente paso en el capítulo de recomendaciones ya se sabe cuál será: más recortes presupuestarios, más políticas austericidas, más sufrimiento para la población.

En conclusión, para la OCDE los riesgos a los que se enfrenta España siguen siendo “considerables”, ya que “las turbulencias en los mercados internacionales y la incertidumbre política podrían bajar la confianza del sector privado, obstaculizando la demanda interna”. Con un balance tan pesimista, que sin duda pretende amedrentar al Gobierno español para que recapacite en sus políticas sociales, las consecuencias no se harán esperar: bajada de la Bolsa, subida de la prima de riesgo, mala calificación de las agencias de rating, contracción de la economía… La tormenta de siempre desatada por los mismos organismos internacionales que dicen velar por nuestra seguridad económica.

A menudo se habla de la OCDE como un organismo internacional que trata de mejorar las economías mundiales, pero se suele olvidar que el primer requisito para que un país pueda ser miembro de este foro es que contribuya a “liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y servicios”. Es decir, nos encontramos ante una superestructura dominada por las grandes potencias cuyos informes macroeconómicos están elaborados por economistas de marcados perfiles neoliberales, ideólogos del sistema capitalista sin control cuya principal misión es mantener el establishment de las oligarquías financieras en todo el mundo. Desde el año 2006 su secretario general es el mexicano Ángel Gurría, que participará mañana viernes en un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum de Sevilla, un acto que será presentado por Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa. Será sin duda un buen momento para que un alto cargo del Gobierno como Calviño le pregunte por qué la OCDE se muestra tan abiertamente pesimista con los planes sociales que el PSOE tiene previsto implantar en nuestro país y por qué lanza tales mensajes preocupantes que no hacen sino agitar a los mercados y provocar inestabilidades en la todavía debilitada economía española.

 

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