La mina de Uranio de Retortillo está en la agenda de los ministros de Medio Ambiente de España y Portugal para su próximo encuentro.

Ayer se aprobaron en la Asamblea de la República portuguesa distintas resoluciones presentadas por todos los partidos políticos en el sentido de instar al Gobierno portugués a que tome las medidas necesarias para obligar al Gobierno español a parar los proyectos de explotación de uranio en Salamanca, hasta que sea consultada la población de nuestro país vecino acerca de esa actividad y su repercusión en territorio luso.

Se han tomado tan en serio el tema de Retortillo en Portugal que hasta se rechazó una propuesta del Partido Socialista, que gobierna con el apoyo del resto partidos de la izquierda portuguesa, en el sentido de recomendar a su Gobierno que tome las “medidas adecuadas para proteger el territorio nacional, los valores naturales y ambientales potencialmente afectos por esta actividad”. El resto de los partidos políticos votó en contra porque consideran que no hay proteger nada, no van a permitir que se abran las minas de uranio e instalaciones radiactivas que puedan afectarles.

En este sentido cobra especial importancia la reunión programada por los ministros de Medio Ambiente de ambos países, Joao Pedro Matos e Isabel García Tejerina, para tratar el tema de la explotación de uranio en Salamanca.

La postura contraria de los portugueses a las instalaciones proyectadas por Berkeley Minera se ha visto reforzada con la posición unánime del Parlamento portugués de exigir a España el cumplimiento de los compromisos contraídos entre los dos estados mediante el Protocolo firmado en 2008 de evaluación de impacto ambiental de proyectos con efectos transfronterizos.

Motivos para quejarse les sobran a los portugueses. Además del Protocolo de 2008, está el Convenio de Espoo que obliga a evaluaciones conjuntas de actividades que pueden suponer riesgo ambiental para dos países que comparten frontera, o el artículo 37 del Tratado de Euratom que versa sobre el tratamiento de residuos radiactivos en territorios fronterizos.

No le queda otra salida al Gobierno español que mantener la suspensión indefinida de la Planta de tratamiento de uranio de Retortillo hasta que, además de pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear, la población u organizaciones portuguesas puedan alegar sobre cómo les afecta a ellos esa instalación radiactiva.

Berkeley Minera lleva 10 años “mareando la perdiz” con sus minas de uranio, sin saber a ciencia cierta cuándo empezará esa actividad minera tantas veces anunciada. Tras la entrada de Portugal en los procedimientos sobre las autorizaciones que aún tiene que obtener de las administraciones españolas para poder empezar a producir concentrado de uranio (autorización de construcción de la planta y autorización de puesta en marcha de la misma), estamos seguros que faltan muchos años para que esas actividades con “forte impacto ambiental e na saúde pública”, como recoge la propuesta aprobada ayer en el Parlamento portugués, puedan concretarse en nuestra tierra.

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