Los miembros de la mesa del PSC, ERC y la CUP han decidido hace escasos minutos la suspensión de la presidenta del Parlament, Laura Borrás, basando su decisión en el artículo 25.4 del Reglamento de la Institución.
Los tres partidos han rechazado que esta cuestión tuviera que ser debatida por el pleno del Parlament y han tomado la decisión inmediatamente después de que ayer tuviera lugar la apertura de la fase oral del proceso judicial que investiga a Borrás por su gestión al frente del Instituto de las Lenguas Catalanas.
La propia Borrás acaba de comparecer en una rueda de prensa en la que en su intervención ha acusado a los cinco diputados que han tomado esta decisión, de acudir «vesitdos de jueces», de haber vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, así como el derecho de sufragio activo y pasivo tanto de ella misma como de las personas que le han votado para ser representadas.
Borras, en un dicurso claro, directo y contundente, ha subrayado que está siendo objeto de una persecución política. «Me han privado temporalmente de mis derechos», basándose en un artículo que va dirigido a la corrupción, algo que no está contemplado en el Código Penal, según señala la propia Borrás. Tampoco se ha solicitado ningún informe previo a los servicios jurídicos para tomar esta decisión.
Para Borrás, la valoración ha sido la colaboración de estos cinco diputados (PSC, ERC, CUP) con el objetivo de eliminar a una oponente política. Y les ha acusado de cómplices, al haberlo ejecutado de manera «injusta, innecesaria y gratuita». Una decisión que hace mal al Parlamento, a la democracia y al independentismo.
Borrás ha subrayado que, hasta ahora, era el «155» quien pasaba por encima de la voluntad de la ciudadanía, pero que, desde hoy, «ya no».
«Hoy un día antes de que el parlamento cierre por vacaciones, estos cinco diputados han acordado la suspensión de mis derechos y deberes parlamentarios en aplicación del artículo 25.4 del reglamento del parlamento.
Ese artículo preve que: en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la mesa del parlamento, una vez que sea firme la apertura del juicio oral, ha de acordar la suspensión de manera inmediata.
Que el ministerio fiscal no ha mantenido el delito de malversación ni de fraude en base a la acusación elaborada por la guardia civil, que me ha perseguido, no les ha hecho dudar de los hechos.
Que el ministerio fiscal no reclame ningún tipo de responsabilidad civil, porque no ha encontrado ni encontrará ningún indicio de que mi actuación al frente del instituto, no les ha hecho dudar de la naturaleza corrupta de los hechos que se me imputan.
«El momento político está muy lejos de la respuesta compacta que los golpes del Estado español», ha señalado la hasta hoy presidenta.
«Muy por encima de mi situación personal, es la falta de unidad, que he intentado practicar, que me duele de manera irreparable. Cualquiera que nos observe desde fuera, llegaría fácilmente a la conclusión de que nosotros somos nuestros propios adversarios».
