El COVID-19 ha afectado a la sociedad de manera igualitaria, sin embargo, los medios para afrontar la consecuente crisis sanitaria y económica están acusando las desigualdades ya existentes. Por eso, las personas con mayor vulnerabilidad están sintiendo con más intensidad los efectos colaterales del coronavirus y las dificultades que entraña el confinamiento. Estamos hablando de mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, trabajadoras de los cuidados y de la limpieza, personas que viven en la calle, víctimas de trata, familias en riesgo de exclusión, personas en situación irregular administrativa o víctimas de violencia machista.
Según la directora de estudios y desarrollo de la Escuela Superior de Igualdad Real (ESIRHCC), Lourdes Girón, “la actitud hacia la prostitución en tiempos del coronavirus es de una hipocresía e incoherencia total, lo considero un patrón sistémico infectado que ha vaciado de dignidad y valores humanos a la Historia de la Humanidad y a una sociedad actual, que observa impasible esta actividad de este sometimiento”. Cabría recordar que el Ministerio de Igualdad anunció hace unas semanas que las víctimas de explotación sexual y trata para tales fines podrían ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) propuesto por el Gobierno, como medida de refuerzo para el Plan de Contingencia para luchar contra la violencia machista, con el que también se aseguraría que las mujeres en situación administrativa irregular tuviesen acceso a dicha prestación.
En España se está observando un tipo de prostitución “obligada” donde no existe una relación directa con las mafias de explotación o trata, sino que el ejercicio viene motivado por una situación económica sobrevenida. En este sentido, el fundador de la Escuela Superior de Igualdad Real, Manuel Domínguez, advirtió en una conferencia en la Universidad de Málaga que “durante la crisis económica global era muy habitual que principalmente mujeres se prostituyeran para conseguir unos ingresos que la sociedad les impedía conseguir de otro modo”. Y, por otro lado, en referencia a las posibles soluciones que se debe dar a estas personas que se ven obligadas a prostituirse para sobrevivir, Domínguez añadió que “es una realidad compleja, puesto que debe ser la acción de todos los sectores de poder los que generen una situación vital para toda la población que impida que las personas se vean obligadas a vender su cuerpo para poder vivir”. Un escenario harto complicado, pues el sistema capitalista imperante no está preparado para ofrecer soluciones inmediatas y efectivas a los problemas socioeconómicos de muchas de esas mujeres y sus familias.
En Andalucía, concretamente en Cádiz, existen casos de prostitución en casas de la capital denunciados por el colectivo Cádiz Abolicionista. Para entender el contexto de esta ciudad, hay que saber que su provincia cuenta, junto a Córdoba, con las mayores tasas de desempleo en el primer trimestre de 2020 con un 24,7%. En la capital gaditana, el mes de abril tuvo una importante subida del paro con casi 4.500 personas en la lista de desempleo. Según informaba el Diario de Cádiz, en algunos barrios de la capital “el paro femenino alcanza el 53% y la actividad laboral está ligada a los cuidados o la asistencia social”, datos que empiezan a dar pistas sobre los motivos que llevan a muchas mujeres a ejercer la prostitución.
“La mayoría de la prostitución en Cádiz es una prostitución de nuestras vecinas”, afirma a Diario16, Mayca Romero, portavoz de Cádiz Abolicionista, que aprovecha para recordar que “Cádiz tiene una problemática muy clara: los salarios son muy bajos, sobre todo en familias monomarentales, que tienen que estar buscando suplementos económicos para llegar a final de mes. Si tú eres limpiadora y estás ocho horas para ganar 600 o 700 euros, y la ciudad tiene alquileres de 500 o 600, te sale lo mismo que un salario”, comenta. Ante la imposibilidad de pagar un alquiler, llevar al día las facturas y llenar la nevera, algunas mujeres se están viendo empujadas a ejercer la prostitución con vecinos y hombres cercanos.
Moreno asegura que en Cádiz no hay problema de trata, pero rememora los 20 años de políticas del PP. “Cuando llegó Teófila Martínez a la alcaldía, lo primero que hizo fue quitar la prostitución de la calle, pero para trasladarla a las viviendas, es decir, la derecha ocultó el problema”. Los barrios que albergan este tipo de prostitución suelen ser lo más azotados por el desempleo, como La Viña, Santa María o Guillén Moreno.
La situación de estas mujeres se ha visto empeorada durante el confinamiento debido a que muchas de ellas, además de ejercer la prostitución, también se dedican a labores de cuidados o limpieza.
El Ayuntamiento de Cádiz acordó en las primeras semanas del Estado de alarma no cortar los suministros básicos durante el confinamiento, continuar con las ayudas para el alquiler, la compra de medicamentos, atención a mujeres víctimas de violencia machista, renta mínima, cobertura a personas sin hogar o comedores sociales, con un gasto total de 459.255 euros. Sin embargo, en otras localidades de la provincia, Cádiz Abolicionista ha detectado “problemas para cubrir gastos básicos en mujeres en situación de prostitución”.
Erradicación, abolición, regularización
Aunque existen programas de empleabilidad de corta duración y ayudas económicas intermitentes como la Renta Activa de Inserción (RAI), lo cierto es que el tema de la prostitución, junto a la transinclusividad, se presenta como brecha polarizadora y creadora de pugnas internas dentro de un movimiento feminista, que suma luchas desde hace más de tres décadas en sus vertientes más interseccionales e inclusivas, pero que avanza de la mano contra un enemigo común: el sistema patriarcal, capitalista y neoliberal.
El conflicto aparece cuando estas trabajadoras sexuales no son víctimas de explotación o trata, cuando la ejercen por una cuestión libre a cambio de una prestación económica. ¿No atentaría esta abolición absoluta contra la propia libertad? ¿Acaso no es la mujer dueña de su propio cuerpo? He aquí un debate complicado que solo podrán argumentarlo con certeza las propias trabajadoras sexuales que, en este caso, están pidiendo la regularización de su situación y los derechos que por ley le corresponden. Son sus cuerpos los que viven dicha realidad y el resto, espectadoras críticas o empáticas, pero, al fin y al cabo, espectadoras. El feminismo abolicionista señala a las mafias, a los puteros y a los proxenetas que explotan a mujeres y a niñas, con el fin de erradicar la prostitución, entre otros objetivos, pero existen casos en los que se apunta a mujeres como culpables o delincuentes -recordemos aquello del sujeto del feminismo-, que están luchando por unos derechos como trabajadoras (sexuales) precarizadas en situación de vulnerabilidad, sin contemplar si quiera sus realidades y los matices de su situación o, en el peor de los casos, censurándolas en su derecho de libre expresión.
Dicen que la unión hace la fuerza y no habrá nada más imparable que un feminismo libre y unido, que reconozca cada una de las realidades de las mujeres que lo integran para que ninguna quede atrás.
Se agradece un artículo que muestre aunque sea un poco la opinión de las trabajadoras sexuales.
Todas buscamos más derechos y menos estigma. Y esto es justo lo contrario que busca PSOE, que lleva medidas abolicionistas en su programa electoral. PODEMOS parece que nos escucha, a ratos, pero con miedo de enfrentarse a los lobbies abolicionistas.