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La maldición del Procés

El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer ingresado en estado grave a causa de una enfermedad intestinal

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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Parece que la mala fortuna se ceba con los responsables de la investigación del      “procés”. En las últimas semanas ha fallecido el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero Tejada, a causa de una neumonía, ocho días después de la muerte del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a consecuencia de una infección de riñón y ahora, el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investigaba la organización del referéndum independentista del 1-O hasta el mes de septiembre, fecha en la que fue recusado por las defensas de los cargos del Govern, ha sido ingresado en estado grave a causa de una enfermedad intestinal en el Hospital Clínico de la Ciudad Condal. Será casualidad, pero sorprende.

Ramírez Sunyer fue el primer magistrado que abrió una causa por la utilización de un censo y datos fiscales de los catalanes, a partir de las iniciales revelaciones en un acto público del exjuez y líder independentista Santiago Vidal.

Aunque es conocido como el “juez del Procés”, Ramírez Sunyer está recusado desde el mes de septiembre por varios de los abogados de la defensa de los cargos del Govern investigados por la organización de la consulta ilegal del 1-O en Cataluña.

Las decisiones judiciales de su competencia, relacionadas con el asunto de la consulta, recaen desde entonces en otro magistrado y así se mantendrá así hasta que la Audiencia Provincial de Barcelona resuelva la petición de recusación.

La noticia de su ingreso llega en plena campaña electoral y en un momento de extrema tensión política por el proceso independentista que ha llevado a prisión a miembros del Govern de Puigdemont entre otros destacados independentistas catalanes.

El magistrado de 70 años, se estableció en 2013 en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, donde podría ejercer dos años más después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobara su solicitud de retrasar su jubilación.

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