El presidente de la Asociación Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, padre de un hijo víctima de abusos sexuales en un colegio del Opus Dei y diputado del PSOE en el Congreso por la Rioja, declara a Diario16 que “La Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, era una asignatura pendiente del Estado de Derecho”.
Para Cuatrecasas solamente el hecho de que se apruebe una Ley que contemple la protección de niños y adolescentes frente a diferentes tipos de violencia “es positivo y reconforta a las víctimas, tanto directas como indirectas”.
El presidente de la Asociación Infancia Robada, destaca, una vez conocido el texto legal que se aprobará hoy en Consejo de Ministros, algunos de los aspectos más reseñables como el deber de denuncia cuando existen indicios de que se están cometiendo delitos de violencia contra la infancia, para centros escolares, sanitarios y deportivos/ocio- y también en el ámbito familiar.
Asimismo, Cuatrecasas subraya de la nueva norma que, al igual que ocurre con las víctimas de violencia de género, el perdón del agredido no exime de la responsabilidad criminal; la prueba constituida al margen del plazo; la asistencia jurídica gratuita con independencia de las condiciones económicas de la victima; el refuerzo en formación de jueces, fiscales, abogados y procuradores en cuanto a violencia infantil y la creación de juzgados y fiscalías especializadas, entre otros muchos.
No obstante, este padre de una víctima de abuso por parte de un profesor en un centro escolar del Opus Dei de Vizcaya en los cursos 2008/2009 y 2009/2010, que lleva luchando desde entonces contra estos delitos, sobre todo en el ámbito de los colegios religiosos, a través de la Asociación que preside, algunos aspectos de la nueva norma “son mejorables”.
En este sentido, Cuatrecasas considera que el plazo de prescripción de abusos a menores, aunque valora positivamente que se haya subido de 18 a 30 años, debería comenzar cuando la víctima tenga 40, “ya que muchos de los agredidos tardan años en poder hablar de sus casos”, explica.
También, entiende que el plazo de prueba preconstituida, 14 años, en función de los casos conocidos en todos los ámbitos, sería necesario elevarlo mínimo a 16,17 o 18 años, teniendo en cuenta que “todas las víctimas de estos delitos no cuentan cuando quieren, cuentan cuando pueden”.
Además, el presidente de la Asociación Infancia Robada, entiende que debería atenderse a ofrecer más refuerzo de ayudas tipo discapacidad regulada, en seguridad social, para las víctimas al menos mientras duren las secuelas, según informe pericial facultativo de seguimiento o la gratuidad de las terapias al menos para los casos en los que la víctima no disponga de recursos.
Cuatrecasas también considera que sería necesario “dotar con ayudas a las víctimas para hacer frente a la exclusión laboral y/o educativa en función del tramo de edad” y añade que “la ley debe acoplarse a las víctimas no las víctimas a la ley”.
LA LEY
Desde la Vicepresidencia segunda del Gobierno comunican a Diario16 los elementos fundamentales de esta Ley:
• Se va a establecer el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes.
• Se va a crear una nueva figura, la del “coordinador de bienestar y protección”, que estará presente en todos los centros educativos; y se van a establecer protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.
• Se van a crear unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a dar formación especializada a jueces y fiscales.
• Se van a fijar protocolos de prevención obligatorios en todos los centros de menores, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de personas menores de edad.
• Se va a crear un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia.
• Y muy importante: el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años.
“La aprobación de esta Ley va a ser un paso histórico para que las generaciones actuales y futuras de niños, niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia”, afirman desde la vicepresidencia de Pablo Iglesias, y añaden que “es una Ley que está diseñada para implicar al conjunto de la sociedad en la respuesta frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia, tratando de revertir la invisibilización de este tipo de situaciones que se encuentra muchas veces detrás de su propia reproducción”.
