El Ejecutivo no puede permanecer inerme ante las manifestaciones y protestas constantes de profesionales y ciudadanos, por el evidente deterioro y laminación progresiva de la sanidad pública a causa de los continuos recortes de los presupuestos en todas las Comunidades Autónomas, en mayor o menor medida, en función del interés ideológico de sus gobernantes por favorecer al sector privado. Eje prioritario del estado del bienestar que no debería convertirse en negocio; al menos mientras no se cumpla con los mínimos de gasto que garanticen un buen servicio público a los ciudadanos. Según Amnistía Internacional, de 2009 a 2018 la inversión en sanidad pública se redujo un 11,21%. En la misma línea, otro informe de la ONG Médicos del Mundo, apunta que en 2020 el gasto sanitario público fue del 5,9%, frente al 6,7% en 2009, mientras que la media europea se sitúa en el 7,5%. Retroceso sostenido que contrasta con el crecimiento <<imparable>> de la sanidad privada del 7% en 2022, con unos ingresos para las aseguradoras de 64.673 millones de euros, lo que supone un 4,65% más que en 2021, según la patronal UNESPA.
Que las Comunidades tengan transferida de gestión de la sanidad pública, no significa que puedan hacer de su capa un sayo por un interés ideológico, ni que el Gobierno esté atado de pies y manos para actuar, ante una situación que los profesionales del sector califican de progresiva degradación, como apunta el Presidente de la Sociedad de Médicos de Atención primaria (Semergen), José Polo, que propone un pacto de Estado por la Sanidad Pública, igual que existe con las pensiones. Pacto que imponga límites a la participación de la sanidad privada en la gestión, directa o indirecta, de los presupuestos públicos destinados a la sanidad, y fije un mínimo, anual o bianual, de crecimiento de la inversión sanitaria en cada Comunidad, que elimine los recortes y los desequilibrios del sistema.
Pacto en el que deben participar asociaciones de usuarios y los profesionales, médicos y sanitarios, que son los que mejor saben que la calidad del servicio público pasa por una la sanidad primaria fuerte y bien dotada sanitariamente que evite la saturación de los hospitales. Pacto que obligue a las Comunidades a cumplir el ratio mínimo de médicos y sanitarios por porcentaje de población, a dignificar sus contratos y salarios, a establecer un tope de 30 enfermos al día por médico en los centros de salud, a aumentar el número de administrativos que les liberen de las tareas burocráticas y dotar a los centros de los recursos necesarios para mejorar la atención al paciente.
Pacto que limite la gestión privada de hospitales construidos con dinero público y la derivación de enfermos a centros privados con un coste millonario, mientras se recorta la inversión; y mejorar la transparencia en la contratación de servicios externos. Como apunta el Presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón: «En Madrid se construyeron siete hospitales de concesión privada, pero en total disminuyó el número de camas». No es menuda la tarea ante la que el Gobierno central no puede ni debe cerrar los ojos si quiere, como propala, defender el estado del bienestar impulsando ese pacto entre todos los sectores implicados, que acabe con el desorden creciente de la sanidad pública que sufren los ciudadanos, bajo el criterio angular de que el dinero público no puede servir para enriquecer al sector privado.
