La Justicia y la supuesta complicidad con el mayor escándalo bancario de la historia

Es un hecho casi demostrado que la Justicia española mantiene una buena relación con la banca, son casi hermanos, sobre todo si en juego están los intereses de Banco Santander. El 7 de junio de 2017 se produjo el mayor escándalo financiero de la historia de España y, quizá, de la Eurozona: la resolución de Banco Popular.

A lo largo de estos 5 años, la Audiencia Nacional ha pasado de una instrucción inexistente con el juez Andreu a, tras la sustitución de éste, una investigación que parecía que iba encaminada a desentrañar las verdaderas y únicas causas de la ruina de 1,2 millones de personas.

Sin embargo, en el último año y medio, tal vez influido por la Fiscalía, el juez Calama se ha detenido en buscar aspectos irrelevantes y sin ninguna influencia en el único hecho que provocó que 305.000 familias perdieran su dinero. ¿Qué habrá pasado?

La última actuación inexplicable por parte de Calama ha sido considerar innecesario llamar a declarar a los responsables de los informes periciales presentados por la defensa del expresidente del Popular Ángel Ron. Se trata de los inspectores del Banco de España en excedencia Rubén Manso y José Antonio Iturriaga. Esos informes, entre otras cosas, avalaban la ampliación de capital de 2016.

En concreto, en un auto fechado el 16 de septiembre, Calama denegó la ratificación de dichas periciales porque «en la causa ya existen varios informes periciales ordenados por este Instructor que resultan suficientes».

Casualmente, el auto fue dictado sólo dos días después de que los peritos del Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández declararan en la Audiencia Nacional y dieran la razón a los argumentos expuestos por Iturriaga respecto a que no se puede aplicar de forma retrospectiva la inspección realizada al Banco Popular por el Banco Central Europeo en 2016 a las cuentas de 2015, como pretendían tanto la Fiscalía como el propio Calama.

Además, los peritos confirmaron que el folleto de la ampliación de capital de 2016 era correcto y que la única causa por la que se produjo la resolución de Banco Popular fue la crisis de liquidez, no la solvencia y, en consecuencia, el estado de las cuentas de los ejercicios previos.

La declaración de los peritos dejaba en muy mal lugar la estrategia de instrucción aplicada desde un año y medio por Calama y abocaba a que, hasta al menos enero de 2023, la investigación se ciñera única y exclusivamente hacia la etapa de Saracho, dado que fue el propio Calama quien en un auto indicó que durante esta instrucción no se valoraría sólo el presunto delito de manipulación de mercado, sino que se podrían incluir otros como, por ejemplo, la administración desleal.

Hay un hecho que es incuestionable: 1,2 millones de personas fueron arruinadas por una resolución que es nula de pleno de derecho por las graves irregularidades que se cometieron, según se puede colegir de la ingente documentación a la que ha tenido acceso Diario16.

Estos documentos también obran en posesión de la Audiencia Nacional. ¿Por qué no se ciñe la instrucción a investigar la única causa de la resolución, es decir, la crisis de liquidez que se inició en el segundo trimestre de 2017? ¿Por qué no se investigan las irregularidades cometidas por la Junta Única de Resolución y el Banco Central Europeo? ¿Por qué se sigue insistiendo en una línea de investigación de la que ya se ha demostrado que no tiene causalidad con el daño infligido a 305.000 familias?

La Justicia española, cuando se trata de grandes casos, tiene querencia a apoyar los intereses del sector financiero. En el Caso Popular se está viendo obligada a defender tanto los intereses del Santander –entidad que, en las grandes causas, disfruta de una presunta impunidad que deja en mal lugar a jueces y fiscales–, como del Estado español que está demostrando en la Unión Europea que se ha posicionado en contra de la ciudadanía.

El problema de los tribunales en España va más allá de tal o cual juez o fiscal. El verdadero problema está en las influencias con las que cuentan las entidades financieras, influencias que, evidentemente, no son gratuitas.

Y, precisamente, en las grandes causas, en las que están en juego los intereses del sistema financiero español frente al pueblo masacrado por la injusticia que emana de los tribunales, el momento clave es la instrucción porque es donde se determinan quiénes van a ser juzgados y su responsabilidad, independientemente de las penas de cárcel que sean solicitadas.

Por esta razón esas «influencias» se ponen a trabajar a toda máquina para que las investigaciones se dirijan hacia donde más beneficia a los intereses de lo que se ha llamado «interés general», un eufemismo macabro para encubrir la impunidad de quienes no tienen problema en «influenciar» a quien haga falta, y no necesariamente al juez o al fiscal de turno.

En el Caso Popular el «interés general» está en conseguir que el mayor escándalo financiero de la historia de España quede impune. Tal vez, esta sea la supuesta razón por la que se dirigen las investigaciones hacia línea estratégicas que llevan a callejones sin salida, dado que la documentación de los organismos públicos y de los supervisores (tanto nacional como europeo) así lo señalan.

No investigar en profundidad, hasta sus últimas consecuencias, sobre las causas reales por las que el Popular fue resuelto y, por ende, fueron arruinadas 1,2 millones de personas, sería una muestra más de la presunta complicidad de la Justicia española con los intereses del sector financiero, en general, y del Santander, en particular.

Se podría justificar que los instructores se ciñen a lo que indican las querellas. Sin embargo, si a lo largo de la investigación se encuentran indicios diferentes se puede llegar a imputar nuevos delitos a los querellados o dar esta categoría a personas que no estaban incluidas en las querellas que iniciaron la instrucción. ¿Por qué no se profundiza en las causas que llevaron a la crisis de liquidez desde el segundo trimestre de 2017? ¿Acaso no interesa hacer justicia?  

Según fuentes jurídicas consultadas por Diario16, la Justicia podría estar funcionando, presuntamente, como un departamento más de los bancos y los ejemplos de ello son múltiples, sobre todo si el Santander está de por medio. Por tanto, los tribunales se convierten en cómplices de las atrocidades del sector financiero e imparten sólo la justicia que interesa a los bancos o al Estado y, en el Caso Popular, lo que se pretende es que no se sepa la verdad. No se trata de Ron o Saracho, se trata de llegar al fondo de la cuestión que no es otro que analizar todo lo que ocurrió en el Popular, en el gobierno del Partido Popular y en Europa para que en menos de dos meses un banco que no había incumplido ninguna ratio normativa terminase resuelto.