Foto: Confilegal

En tan solo tres días la Audiencia de Toledo ha resuelto por votación y fallo el 5 de marzo y fecha de la sentencia el 8 de marzo. El hecho de que una Sala presuntamente “cocine” una sentencia con tan inusitada rapidez es insólito.

Según ha referido la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) en nota de prensa, sólo con «leer la sentencia se adivina inmediatamente la influencia de Carlos Lesmes, cuyos irresponsables actos son ilegales por llevar dos años ocupando el puesto de jefe del TS interinamente».

La providencia que notificó la composición de la Sala y la votación y fallo tenía fecha de 3 de marzo y fue notificada el 4 de marzo. La sentencia condenatoria se publicó el 12 de marzo (han transcurrido solo 8 días desde que se notificó la composición de la Sala) sin esperar siquiera a que transcurrieran los diez días hábiles para formular recusación.

El motivo de la posible recusación se encuentra en que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo que ha dictado la sentencia de apelación es la misma que desestimó el recurso de apelación contra el auto de PA en la instrucción. El ponente de aquella resolución fue también el mismo ponente que el de esta sentencia de ahora, Emilio Buceta, quien ya entonces anticipó lo mismo que después ha reproducido en la sentencia: «ninguna de las diversas imputaciones vertidas contra el fiscal querellante se había revelado cierta hasta el momento», esto es, que calificó las denuncias del exjuez Presencia como falsas, tal y como ha dicho ahora también en la sentencia.

Sin embargo, Buceta omite, según ha señalado ACODAP, lo que ordena la Directiva Europea UE 2019/1937 reforzando la obligatoria protección para todo denunciante de corrupción, como es este caso, prohibiendo las represalias en cualquiera de sus variantes, denuncias por supuestas calumnias incluidas. «Los juzgados y la Audiencia de Toledo se están saltando alegremente la legislación española y europea. La misma Directiva invierte la carga de la prueba, algo que Buceta prefiere obviarlo y lanza alegremente sus apreciaciones personales», señala ACODAP

Por otro lado, la asociación contra la corrupción señala que los magistrados que firman la sentencia debieron abstenerse (contaminación tangencial) por imposición legal al haber sido denunciados previamente por el exjuez Presencia. Tampoco se han dado cuenta que están condenando implícitamente al fiscal de Madrid César Estirado, el que exigió a los de Talavera que se investiguen los hechos denunciados por el exjuez Presencia por considerarlos verdaderos.

El actual presidente de la Audiencia Provincial de Toledo Juan Ramón Brigidano,fue denunciado por el exjuez Fernando Presencia por estar implicado en actos de corrupción.

Estos hechos se remontan al año 2013, siendo entonces presidente de esa Audiencia Provincial el ya jubilado Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, íntimo amigo de Mª Dolores Cospedal, en aquella época presidenta de Castilla-La Mancha. El actual presidente de la Audiencia de Toledo era el juez de lo Mercantil de la misma circunscripción.

Ese año 2013 Brigidano nombró sorprendentemente 10 veces seguidas como administrador concursal en el juzgado de lo Mercantil de Toledo al director de la firma de abogados en la que se descubrió trabajaba el hijo de Gutiérrez Sánchez-Caro, Tomás Gutiérrez Colino.

Los nombramientos fueron en los concursos de las diez empresas del grupo Ortiz Bravo “Cerámicas la Oliva” (Hermanos Ortiz Bravo, Cerámica Nuestra Señora de la Oliva, Explotaciones de Canteras La Sagra, Nueva Cerámica Moderna, Ladrillería Técnica, Tejas Castilla-La Mancha, Tejas Árabes, Sopasa La Mancha, Centro Tecnológico de la Oliva y Auxiliar Industrial Ortiz Bravo). Sólo la matriz del grupo, Sopasa, propiedad de la familia Ortiz Bravo y participe en diversos fondos empresariales, tenía un pasivo en el año 2.011 de 30 millones de euros.

La sociedad de la familia Ortiz Bravo también gestionaba la residencia de mayores Virgen de la Oliva, siendo los auditores del conglomerado empresarial la firma Abaco Auditores, representada por el exalcalde de Toledo, el economista y empresario Juan Ignacio De Mesa, dueño de la conocida “Repostería Santo Tomé”.

En este punto, según la denuncia de Presencia, es donde presuntamente entra en escena el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, que figuraba como deudor del concurso de uno de sus proveedores. Se trataba de “ELECTRICIDAD GODOY S.A.”, que fue declarada en Concurso de Acreedores Publicado en el BOE del 12 de febrero de 2013, por el Juzgado de lo Mercantil de Toledo.

Según publicó Diario16, el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade y su mujer, María García García, construyeron su chalet ilegal. La lista del activo pendiente de cobro de ese concurso era una prueba de esos impagos. En ella figuraba el importe no abonado (facturas por cobrar por cuantía superior a los 100.000 euros) de los trabajos de electricidad y fontanería que se llevaron a cabo por la concursada, que representaban 1/6 del importe total que costó construir el chalet (se calcula que unos 600.000 euros incluyendo la parcela) que nunca se pagaron. Sorprendentemente, esa deuda a favor del concurso fue condonada por Brigidano. ¿La razón? Ángel Demetrio era presuntamente conocedor de los supuestos manejos del presidente de la Audiencia y el juez de lo Mercantil.

Según denunció el exjuez Fernando Presencia, el fiscal supo que los nombramientos en favor del despacho en el que trabajaba el hijo de Gutiérrez Sánchez-Caro obedecían a un presunto soborno. Brigidano pretendía la presidencia de la Audiencia Provincial, y el entonces presidente pudo haberle prometido no presentarse a la reelección si aquél accedía a los nombramientos a favor de, supuestamente, Luis Gómez De las Heras Martín-Maestro, el dueño del despacho donde trabajaba su hijo.

Para que «el pago» del presunto amaño no se notara demasiado, siempre según la denuncia del exjuez Presencia, se presentaron los dos magistrados a la elección con la intención de que Gutiérrez renunciara una vez en marcha el proceso, dejando solo al juez de lo Mercantil que, de este modo, se convertiría en el nuevo presidente. Sin embargo algo falló, Sánchez-Caro sintió miedo y no renunció, resultando reelegido. Por eso Brigidano tuvo que esperar varios años aguardando a que el ingrato se jubilara.

Según se señala en la nota de prensa de ACODAP, el mismo día en que el flamante nuevo presidente ocupaba su sillón en la Audiencia Provincial de Toledo, un mes después de la entrevista de “La Cerca”, él y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, decidieron echar la culpa de absolutamente todo al anterior presidente. Acusaron al ya jubilado Gutiérrez Sánchez-Caro de estar diametralmente separado de «la transparencia y la modernidad de la Justicia», de una Justicia «más amable, más cercana y accesible a los ciudadanos y a los medios de comunicación».

«No creo que haga falta añadir nada más, ¿no creen?», espetó Rouco ante los medios de comunicación.

El exjuez Presencia denunció presuntos hechos de corrupción. Muchas de las denuncias que él mismo acumuló le fueron hechas de modo anónimo, lo que le obligaba a mantener el secreto exigido por los denunciantes. Pues bien, en lugar de investigar, como era su obligación, los juzgados y la fiscalía arremetieron contra el exjuez denunciante.

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3 Comentarios

  1. Qué pena de pais ,como el señor Lesme y amigos los caducado están dejando ha la justicia y eso de pasarse los acuerdos de Europa.por el arco de triunfo muy mal pero que muy mal lo que están haciendo con el señor (para mi señor Juez)Presencia ,espero que recurra a Estrarbugo y esté vuelva a poner a nuestro país patas pa arriba gracias señora Golfin por ponerlo de nuevo en el candelero .viva la República.

  2. Vaya, a hora a los «inviolables» se unen los «caducados». Los mismos que, a mi entender, prevaricaron contra la República Catalana. Ahora, también usan sus «caducados» poderes ,para poner a un denunciante de corrupción en la cárcel. Seguramente, cuando la sentencia nos venga de Europa este señor le devolverán su, pública decencia, pero, sus años de cárcel los ha perdido y, nosotros los tendremos que pagar. Como Otegui y demos damnificados de la prevaricación borbónica.

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