Al conocer la decisión del Pleno del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la Sentencia de la Sala Tercera del mismo Alto Tribunal, por la que se declaraba la nulidad de la obligación de pago del IAJD a cargo de los consumidores, como es obvio, quedé absolutamente asombrada y perpleja ante una Resolución de tal calibre.
Cuando estudié la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona (1984-1989), empecé a familiarizarme con los famosos “Aranzadi”, a los que acudíamos buscando la información y seguridad jurídica que nos proporcionaban las Sentencias del Tribunal Supremo cuando teníamos que defender algún caso.
Tampoco olvidaré mi primer juicio, que consistió en una Vista de un Recurso de Casación por un caso de tráfico de estupefacientes, al que asistí con apenas 24 años. En aquellos momentos me sentí honrada y orgullosa de defender un caso frente a tres Magistrados ya mayores, majestuosos y en una Sala enorme y preciosa, Magistrados que emanaban sabiduría y que, pese a mi inexperiencia, me escucharon con máxima exquisitez y respeto. En ese momento tomé conciencia de lo mucho que me quedaba por aprender.
El tiempo ha pasado, y ya llevo casi 29 años de ejercicio profesional. Jamás había visto el bochornoso y esperpéntico espectáculo que nos ofreció el Pleno del Tribunal Supremo el pasado 6 de noviembre, variando una SENTENCIA FIRME dictada por él mismo y en el mismo proceso.
En estos momentos tan duros, e inmersos aún en una gran crisis económica, los jueces han sido piezas clave de muchos aspectos de nuestras vidas, en lo bueno y en lo malo. El Poder Judicial ha sido fundamental en la lucha contra la corrupción política y ha ejercido un contrapoder del Poder Ejecutivo y del Legislativo, actuando, al menos en apariencia, bajo el imperio de la Independencia.
Actualmente, nos encontramos ante una avalancha de procesos judiciales derivados de la declaración de abusividad de productos y prácticas bancarias; se están tramitando multitud de procesos judiciales complejos, por la gran cantidad de implicados y la dificultad de su entramado: tenemos una sociedad cada vez más complicada y globalizada, por lo que las resoluciones judiciales tienen cada vez más trascendencia económica y social.
La independencia judicial es cuestionada por la propia judicatura simplemente por verse ninguneada en cuanto a dotaciones económicas y eficacia, decisiones que corresponden al propio poder ejecutivo. Las Resoluciones Judiciales solo pueden ser independientes, si se dota al Poder Judicial de una verdadera libertad de elección de sus órganos de Gobierno, y de una dotación suficiente para cumplir con sus fines.
Pero además debemos añadir la cuestión de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de Gobierno de los Jueces, y quien a su vez, nombra a los magistrados del Tribunal Supremo. La mayoría de jueces reclama que el CGPJ sea elegido únicamente por miembros de la judicatura, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que una mayoría de 3/5 partes del Congreso y el Senado elijan a los 20 vocales (y éstos a su vez a su Presidente), lo que conlleva la afinidad de los nombrados con el partido político que tenga la mayoría. ¿Qué sistema es el más democrático? ¿Incide el sistema de elección en la imparcialidad de la justicia?
Lo que es un hecho es que el Presidente de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Excmo. Señor Díez-Picazo llegó a la presidencia, según manifiesta algún Magistrado, muy pronto y de mala forma. No era su momento y ahora se ha demostrado. Cuando llegó al cargo, tenía 57 años y llevaba «solo» siete en el Supremo, Quizá por ello, no ha conseguido hacerse con las riendas de la sala, aunque ha impulsado con éxito la incorporación de algunos magistrados afines.
El E Sr. Diez-Picazo ha caído en un gravísimo error: no controlar una decisión de su Sala tan importante –la Sentencia de 16 de octubre-, y luego desdecirla, llegando, incluso, durante los debates en el Pleno, a ser partidario de que el IAJD lo pagase la banca para terminar votando que lo siga pagando el deudor hipotecario.
En este contexto debemos situar la Resolución del pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la cual, mediante una decisión SIN PRECEDENTES en nuestro Estado de Derecho, deja sin efecto una Sentencia Firme dictada por Jueces del mismo Alto Tribunal especializados en materia Tributaria.
Este acto, inédito, inesperado, y absolutamente atípico (incluso ilegal, me atrevería a añadir), cuestiona muy seriamente la independencia judicial y al propio sistema judicial. Pone en entredicho la valía de los Magistrados del Tribunal Supremo y provoca un daño enorme a uno de los Poderes Fundamentales del Estado, en detrimento del duro trabajo que 5.500 jueces en toda España desempeñan día a día, con escasos recursos, y alejados de políticas palaciegas.
Volviendo a mis orígenes como Letrada, no imagino a aquellos Magistrados ante los cuales tuve el honor de intervenir, cometiendo errores tan salvajes y provocando este enorme daño a la Justicia. Terminaré diciendo que, si bien es tarea del legislador arreglar este problema, y el Presidente Pedro Sánchez ha anunciado un Decreto-Ley que establecerá la obligación de la Banca de pagar el impuesto que grava las hipotecas, no es menos cierto que esta medida llega muy tarde. La Ley que lo regula es del año 93, cuando precisamente gobernaba Felipe González. Desde entonces ningún grupo parlamentario se había interesado por esta cuestión.
Todo este asunto me lleva a plantearme los siguientes interrogantes: ¿Qué pasa con los millones de personas que a lo largo de estos años han pagado este impuesto? ¿Cómo se defiende que los que firmen a partir del sábado ya no pagan? ¿Antes era justo y ahora no? ¿Acaso esta medida no hace sino señalar más la barbaridad cometida por el Tribunal Supremo?
