La Audiencia Nacional imputa a cuatro miembros del Gobierno de Mas por el caso 3%. El porcentaje de beneficio del gobierno catalán sigue en boga dieciséis años después de que Pasqual Maragall (PSC) desde la tribuna del Parlament, acusara a CiU de quedarse con el 3% de los costes de la obra pública que adjudicó cuando estuvo al frente del Gobierno en Cataluña. Maragall se vio obligado a rectificar entonces, tras la amenaza de Mas de romper el consenso para sacar adelante la reforma del Estatuto catalán. El tiempo da la razón a Maragall.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda abrir una pieza separada para investigar a los exconsellers de CDC Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, acusados de cooperar en el blanqueo de comisiones ilícitas pagadas por empresarios a la ya desaparecida formación. Además de los consellers también se investiga a excargos de Convergència como Xavier Crespo, Montserrat Candini, Carles Flamerich, Marc Guerrero, Víctor Vila, Jordi Moltó, Gloria Renom y Eduard Freixedes.

El juez considera que hay indicios de que las donaciones que los investigados hicieron al partido, entre los años 2009 y 2010, eran «actos de afloramiento de dinero procedente de delito realizado por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido».

El auto da por supuesta la “existencia de una estructura de financiación ilegal y posterior blanqueo de capitales en CDC, a partir de la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo”.

Para el magistrado de la Audiencia Nacional, “la estrategia para el financiamiento ilícito del partido se ha implementado durante años”, constaba de “un perfecto despliegue territorial e institucional en la que colaboraban empresarios conniventes, por un lado, y autoridades y funcionarios públicos próximos a CDC, por otro”.

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