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La Justicia reaviva los fantasmas del 3% al imputar a cuatro consellers de Artur Mas

El porcentaje de beneficio del gobierno catalán sigue en boga dieciséis años después de que Pasqual Maragall acusara a CiU de quedarse con el 3% de los costes de la obra pública

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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La Audiencia Nacional imputa a cuatro miembros del Gobierno de Mas por el caso 3%. El porcentaje de beneficio del gobierno catalán sigue en boga dieciséis años después de que Pasqual Maragall (PSC) desde la tribuna del Parlament, acusara a CiU de quedarse con el 3% de los costes de la obra pública que adjudicó cuando estuvo al frente del Gobierno en Cataluña. Maragall se vio obligado a rectificar entonces, tras la amenaza de Mas de romper el consenso para sacar adelante la reforma del Estatuto catalán. El tiempo da la razón a Maragall.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda abrir una pieza separada para investigar a los exconsellers de CDC Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, acusados de cooperar en el blanqueo de comisiones ilícitas pagadas por empresarios a la ya desaparecida formación. Además de los consellers también se investiga a excargos de Convergència como Xavier Crespo, Montserrat Candini, Carles Flamerich, Marc Guerrero, Víctor Vila, Jordi Moltó, Gloria Renom y Eduard Freixedes.

El juez considera que hay indicios de que las donaciones que los investigados hicieron al partido, entre los años 2009 y 2010, eran «actos de afloramiento de dinero procedente de delito realizado por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido».

El auto da por supuesta la “existencia de una estructura de financiación ilegal y posterior blanqueo de capitales en CDC, a partir de la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo”.

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Para el magistrado de la Audiencia Nacional, “la estrategia para el financiamiento ilícito del partido se ha implementado durante años”, constaba de “un perfecto despliegue territorial e institucional en la que colaboraban empresarios conniventes, por un lado, y autoridades y funcionarios públicos próximos a CDC, por otro”.

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