La Justicia militar continúa su persecución a los denunciantes de corrupción

Los denunciantes de corrupción en las Fuerzas Armadas o en los cuerpos de seguridad que dependen todavía de la administración militar, cuando ya deberían ser civiles desde hace décadas, se enfrentan a la persecución constante por parte de la Justicia que, teóricamente, debería condenar a quienes son denunciados. Sin embargo, ya son demasiados los casos en los que ocurre lo contrario.

Las Fuerzas Armadas son instituciones absolutamente clasistas y, en referencia a la mujer, machistas, tal y como nos indicó el ex teniente Luis Gonzalo Segura al afirmar que las mujeres «No tiene un encaje y, además es muy complejo. Estamos hablando de una institución clasista, homófoba, ultraconservadora y machista. El encaje de la mujer a día de hoy es una auténtica ficción. Es una falacia. Es cierto que la situación de la mujer en el Ejército es muchísimo mejor que cuando entró hace 30 años, pero eso no significa que se haya integrado con total normalidad».

Un nuevo ejemplo de esa persecución de la Justicia militar hacia los denunciantes de corrupción lo tenemos en el caso de la sargento primero de la Guardia Civil María Serrano, quien, tras detectar los comportamientos irregulares de un cabo, hizo lo que se espera de una suboficial de la Benemérita y denunció el asunto ante sus superiores presentando informes. En su trabajo en el Seprona comenzó a sospechar de un cabo, es decir, de un subordinado suyo que siempre iba por libre. Ella descubrió que este hombre estaba imponiendo sanciones por comercio ilegal de pesca a empresas ubicadas en Mercasevilla pero no todo era trigo limpio puesto que «él mismo era el que hacía los recursos de descargo para esas empresas», confirmó María a Diario16. En el propio equipo informático del cabo halló los pliegos de descargo que esas compañías presentaban en los juzgados para eludir sanciones de hasta sesenta mil euros.

María se puso a investigar y se dio cuenta de que el nombre del cabo ya estaba siendo investigado en otras comandancias como, por ejemplo, la de Málaga, puesto que sospechaban de que estaba dando chivatazos de operaciones en curso. «Este señor estaba siendo objeto de seguimiento porque estaba teniendo una actuación un tanto sospechosa con empresas relacionadas con residuos de aceite o, incluso, eran asesoradas por este señor», confirma a Diario16 el abogado de María Serrano, Fermín Vázquez.

La sargento decidió poner en conocimiento de sus superiores estos hechos y ahí empezó su calvario. Preparó un informe que entregó a su superior inmediato, un teniente, quien ya le advirtió que se olvidara del tema, que lo obviara. María Serrano no podía quedarse parada y realizó más informes en su tiempo libre hasta que consiguió que se abrieran diligencias que imputaban al cabo. Sin embargo, el suboficial no fue apartado del servicio. Esta causa fue sobreseída porque los delitos habían prescrito. Incluso se llevó de testigo a un abogado de Mercasevilla para que afirmara que él fue quien redactó los pliegos de descargo. «Que un abogado de Mercasevilla afirme que redactó esos informes en los ordenadores de la Comandancia de la Guardia Civil es muy fuerte», afirma Fermín Vázquez, el abogado de María Serrano.

A partir de ahí, la sargento fue llamada a capítulo por el coronel de la Comandancia —ahora general—, quien, en su despacho, le pide que se olvide de todo. María no lo podía creer. «Entiéndame», le dijo al mando quien comenzó a gritarle delante de dos testigos más: un teniente coronel y el teniente. «Aquello parecía un consejo de guerra». El coronel llegó, incluso a decirle que ella no encajaba en la unidad por lo que, a gritos, se le «sugirió» que pidiera el traslado. Tal fue el volumen de las voces que dio el coronel que se escucharon, incluso, fuera de la Comandancia. Fue tan fuerte el shock que le provocó tamaña bronca por cumplir con su deber que tuvo que pedir la baja médica por causas psicológicas.

Pero el aparato no podía permitir que María Serrano pudiese seguir investigando. El coronel le abrió a la sargento un expediente disciplinario por falta grave, solicitaron la pérdida de destino y su expulsión de la Guardia Civil. María recurrió a un tribunal militar que, en vez de analizar todo el caso en su conjunto, sólo dictaminó que lo ocurrido en el despacho del coronel fue una «riña paternal». Sin embargo, la sargento Serrano no se quedó ahí y solicitó la apertura de un expediente disciplinario contra el coronel que, además de no ser admitido, conlleva una amenaza de emprender más acciones legales contra ella. Esto no venía del coronel, sino del propio tribunal, lo cual es un verdadero escándalo porque prohibía de manera velada que María Serrano acudiese a la Justicia para defender sus intereses.

A partir de ahí se produce un cruce de demandas, querellas, expedientes, y, siempre, desde la Guardia Civil se intenta evitar que el tema llegue a la jurisdicción civil, porque, cada vez que alguno de los procedimientos fue juzgado en los tribunales ordinarios, le dieron la razón a María Serrano, algo que en la militar habría sido imposible.

Hay que recordar el desahucio que sufrió de su vivienda en la Comandancia de Montequinto, un lanzamiento que se ejecutó aprovechando que ella estaba en Bruselas en unas jornadas contra la corrupción. En el mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia que declaraba nula la decisión de un Juzgado de Sevilla de desahuciar a la sargento. A día de hoy, aún no se ha ejecutado la sentencia y María Serrano todavía no ha podido volver a su casa.

Los últimos acontecimientos sufridos por María Serrano ha sido la insistencia en llamarla a declarar ante el Juzgado Togado Militar Territorial nº 12, estando la sargento de baja médica y convaleciente de una operación quirúrgica por la que le tuvieron que extirpar un tumor. A pesar de presentar los informes médicos correspondientes, la Justicia militar insistió en que debía acudir a declarar. En dicha declaración, Fermín Vázquez, abogado de María Serrano, preguntó si se había sentido acosada, perseguida, represaliada por el ahora general Mora. Ante esta pregunta, la Fiscalía consideró que se trataba de una pregunta «que contiene conceptos jurídicos y que no tiene relación con los hechos del procesamiento». En cualquier otra situación, habría sorprendido que se inadmitiera la pregunta pero, tratándose de la Justicia militar, esa inadmisión entraba dentro del guion. Como afirmó a Diario16 otro denunciante de corrupción militar «se protegen los unos a los otros, sobre todo si se trata de altos mandos».

La Justicia militar está utilizando los mismos argumentos de Vox respecto al negacionismo de las denuncias falsas de violencia de género. En el caso de María Serrano, el archivo de la denuncia contra el coronel —ahora general— Mora ha supuesto que se acuse a la sargento de denuncia falsa, algo que le puede suponer la expulsión de la Guardia Civil y una pena de cárcel.