La Justicia española tiene prisa por pasar página, cuanto antes, a otro de los episodios negros de nuestra Transición: la matanza de los abogados de Atocha ocurrida el 24 de enero de 1977. Uno de los implicados en los crímenes, el ultraderechista Carlos García Juliá –fugado a Brasil pero localizado por Interpol y extraditado a España el pasado mes de febrero−, podría salir de prisión a finales de este mismo año, lo que ha indignado a las familias de las víctimas.
La Fundación Abogados de Atocha, que defiende la memoria de los abogados asesinados, ya ha impugnado ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real la liquidación provisional de condena impuesta al condenado, que le permitiría salir en libertad provisional el próximo 10 de noviembre. Además, la asociación ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país.
Cuando ingresó en Soto del Real el pasado 7 de febrero, a García Juliá le quedaban por cumplir 3.845 días de cárcel, esto es, diez años de condena hasta agosto de 2030, en aplicación de la sentencia de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el tribunal de Ciudad Real, que fue el último que le condenó por un asunto diferente al de Atocha, le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.
El crimen de los cinco abogados laboralistas del Partido Comunista de España y Comisiones Obreras a manos de un comando de extrema derecha marcó definitivamente la Transición española iniciada tras la muerte de Franco. Ahora las víctimas de la Fundación Abogados de Atocha creen que se está siendo indulgente con la redención de penas de García Juliá, que podría salir en libertad el próximo mes de noviembre. “A través de las noticias aparecidas en los medios de comunicación es cuando los abogados y abogadas de las víctimas se enteran de que la Audiencia de Ciudad Real ha hecho una nueva liquidación de condena, diciendo que le queda por cumplir poco más de 200 días y que terminaría de cumplir el 19 de noviembre de 2020”, aseguran en un comunicado emitido hace un par de días. Tras conocer la situación del extraditado, la fundación se personó en Ciudad Real en nombre de las víctimas y sus familiares, y planteó un incidente de nulidad. “Se ha presentado también una impugnación de la liquidación de condena realizada por la Audiencia de Ciudad Real, fundamentalmente porque se aplican todo tipo de redenciones ordinarias y extraordinarias en su expediente cuando el reglamento penitenciario de la época de 1952 y reformas de 1968 prohíben expresamente redimir penas por trabajo a quien haya intentado quebrantar la condena”, añaden las citadas fuentes.
A la Fundación Abogados de Atocha le parece “increíble” que de un lado la Audiencia Nacional haga una liquidación al penado en la que considera que le restan por cumplir 855 días y que la Audiencia de Ciudad Real le quiera poner en libertad el 19 de noviembre del 2020. “Se seguirá informando según vaya habiendo resoluciones en cualquiera de las dos Salas”, advierte la asociación que defiende los derechos de las víctimas.
Según la agencia de noticias Europa Press, las diferentes actuaciones por parte de la defensa de las víctimas, la Fundación Abogados de Atocha, ante las decisiones de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, se han retrasado debido al estado de alarma, que se decretó el 14 de marzo y que finalizó el pasado 21 de junio. Ahora, con la “nueva normalidad”, las víctimas han recurrido ante la Audiencia Nacional pidiendo la nulidad de todas las actuaciones dictadas por este órgano desde la extradición del terrorista de ultraderecha, y apuntan que no puede haber conexidad entre los delitos de la calle Atocha con los que se le imputan por otro incidente en Ciudad Real, por lo que la liquidación no sería válida.
Asimismo, la defensa lamenta que la liquidación de condena de García Juliá se realizara “sin tener en cuenta a las víctimas”, y esto ha motivado que lo impugnen. Fue el pasado mes de mayo cuando la Audiencia Provincial de Ciudad Real propuso que Carlos García Juliá saliera en libertad provisional el próximo 19 de noviembre. Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado a 193 años por la matanza de Atocha y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa. El abogado del terrorista se dirigió a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena por ser el último tribunal que emitió una sentencia en su contra, en este caso por una causa distinta a la de la matanza de Atocha.
