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La Justicia española es un peligro para la democracia

Domingo Sanz
Nacido 1951, Madrid. Casado. Dos hijos y tres nietos. Cursando el antiguo Preu, asesinato de Enrique Ruano y la canción de Maria del Mar Bonet. Ciencias Políticas. Cárcel y todo eso, 1970-71. Licenciado en 1973 y de la mili en 1975. Director comercial empresa privada industrial hasta de 1975 a 1979. Traslado a Mallorca. de 1980 a 1996 gerente y finanzas en CC.OO. de Baleares. De 1996 hasta 2016, gerente empresa propia de informática educativa: pipoclub.com Actualmente jubilado pero implicado, escribiendo desde verano de 2015.
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análisis

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Hablando de Justicia, asumo que el título pueda parecer injusto por generalizador, pero solo debería molestar a quienes tengan mala conciencia por las sentencias que hayan firmado, a los corporativistas a cualquier precio o a los susceptibles irracionales. En su descargo, que tire la primera piedra quien, de entre los que estén de acuerdo con el título, yo el primero, no haya cometido alguna maldad para sobrevivir. Pero hoy hablamos de un riesgo muy serio, y que es imposible de derrotar con la ley en la mano y la urgencia que se requiere.

Porque ya estamos tardando, y mucho.

Se trata del peligro de que la débil democracia española sea destruida desde dentro por los personajes más poderosos del poder judicial, el tercero del Estado, cuya posición principal en el sistema democrático viene, como todos sabemos, desde su nacimiento. Pero que en España ha sido el más impermeable a los cambios producidos desde la muerte del dictador y el único cuyos miembros no dependen de la voluntad social reflejada en las urnas.

Recorramos, pues, su trayectoria con algunos recuerdos.

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Quienes, por poner una fecha, en diciembre de 1970, tenían la desgracia de caer en las garras de la policía política franquista y, tras las torturas de rigor, eran enviados al banquillo de aquella “justicia”, sabían lo que les ocurriría según el juez que tuviera que juzgarlos, aunque la ley, entonces franquista, también era la misma para todos.

Quienes, por poner otra fecha, tras el verano de 1971, eran detenidos pero, bajo la habitual lluvia de golpes conseguían inventarse una coartada que arruinara la posibilidad de condena incluso por “aquellos jueces”, se encontraban con que el gobierno de Franco, a la vista de que algunos magistrados no “colaboraban” como antes, había aprobado una ley que los enviaba a la cárcel sin juicio, aunque podías pagar una cantidad/chantaje que, al cambio de hoy, podrían ser unos 60.000.- € para no pasar dos meses entre rejas. Parecía diseñada para que solo se libraran los “niños de papá”, aunque fueran rojísimos universitarios. Cuanto recuerda aquella ley tardo franquista a esta Ley Mordaza, ¿tardo monárquica?, que concede un exceso de poder brutal a las fuerzas represivas, parte interesada y la más fuerte, en un conflicto que puedan tener con cualquier particular que vaya por la calle. Y estos jueces que, como aquellos, se dejan robar competencias sin poner el grito en el cielo, por el simple hecho de que así les quitan carga de trabajo. ¿Dónde han quedado los principios? Cierro paréntesis.

Por cierto, “aquellos jueces” eran los mismos que siguieron dictando sentencias años y años tras la muerte de Franco.

Y también quienes, durante los años más felices de la democracia bipartidista tuvieron relación directa con la justicia, la laboral por poner un ejemplo, sabían perfectamente los resultados de las demandas complejas de los trabajadores contra sus empresas, según el juzgado que tuviera que dictar sentencia. Aunque la ley, en este caso “democrática”, también era la misma para todos.

Estas cosas, estadísticamente ciertas y tan propias del comportamiento humano, seguro que también ocurren en otros países, democráticos o no.

Pero lo que no ocurre fuera de nuestras fronteras es que los magistrados de mayor rango sean tan indignos de su condición como para reunirse a toque de corneta del gobierno X para pararles los pies a los representantes electos de los catalanes, por ejemplo, y al mismo tiempo se consientan a sí mismos el tardar varios años en dictar sentencias, eso sí, en papel mojado, contra ese mismo gobierno X, por cuestiones tan decisivas como la amnistía fiscal de Montoro o su comportamiento anticonstitucional, por no someterse al Congreso de los Diputados durante el año casi entero que duró su último periodo en funciones, entre finales de 2015 y finales de 2016.

Y lo que quizás tampoco ocurra en otros países europeos aunque hayan sido antiguas dictaduras, probablemente porque esas dictaduras no fueron consecuencia directa del golpe de estado y posterior guerra civil más sangrienta del siglo XX en el mundo occidental, es el desprecio que, desde los más altos magistrados hasta algunos jueces de base, estén demostrando hacia las sentencias dictadas por un tribunal superior a todos los españoles, como lo es el TEDH de Estrasburgo, ante el que deberían manifestar tanto respeto como el que ellos exigen a 47 millones de españoles para sus sentencias.

Porque, si fueran respetuosos con sentencias como las que determinan sin lugar a dudas que quemar una foto del rey no implica ninguna clase de delito, no deberían admitir a trámite ninguna de las denuncias que los fascistas españoles siguen presentando contra todo aquel cuyas opiniones les molestan, especialmente si son humoristas y salen por la tele, o aunque se ganen la vida titiriteando delante de 50 niños, convenientemente protegidos por sus padres de cualquier cosa que ocurra a su alrededor.

Y si, en lugar de querer convertir las viejas guerras conquistadoras para dominar Europa en guerras actuales, pero a la defensiva desesperada contra tribunales europeos, tuvieran un mínimo de consideración por lo que ha ocurrido con las euroórdenes de su juez Llarena, ante las que jueces europeos de diversos países han decidido, uno tras otro, blindar a los políticos catalanes exiliados a sus países para protegerlos del Estado español, hace bastantes meses que habrían dejado en libertad a los presos políticos catalanes que tienen entre rejas, a sabiendas de que el paso del tiempo llevará a la Justicia española a una derrota histórica en Estrasburgo, con el agravante de que, para ese momento, es probable que Catalunya ya no forme parte del Estado español y España, si no hubiera sido capaz de librarse de toda una generación de dirigentes políticos herederos del franquismo con distintos matices, se pueda haber convertido en una Monarquía autoritaria tan parecida a la de la dictadura de Primo de Rivera, y quizás hasta tenga congelada, pendiente de sentencia del Parlamento Europeo, su presencia en la UE, por excederse tanto en la persecución de los derechos humanos.

No hace falta ser futurista para considerar, también, este panorama como una posibilidad real.

Porque el problema no es el hecho de que nos alejemos tanto del respeto a las libertades y a los derechos humanos, sino el efecto que eso produce en millones de españoles que, sin mayor formación jurídica que la proporcionada por una televisión manipulada por el gobierno, especialmente durante la larga etapa de Rajoy en la que se ha sustanciado el conflicto con Catalunya y en la que, por ejemplo, la Justicia ha abierto muchos más expedientes de acusados por terrorismo después de la desaparición de ETA que antes, tienen, esos millones de personas, decía, en el sacrosanto “respeto a la ley” y, por extensión, también “respeto a las sentencias de los tribunales”, su único argumento para opinar en contra de los independentistas, o de cualquiera que se mueva y al que decida pararle los pies algún juez sensible al escándalo subjetivo que puedan sentir, por ejemplo, unos ultra católicos por cualquier “me cago en Dios” que escuchen, o por cualquier “coño insumiso” que vean desfilando por la calle.

El problema son las consecuencias no conscientes que producen en millones de cabezas, que después votan, los sucesivos comportamientos efectivamente autoritarios del incuestionable tercer poder del Estado, el judicial. El de unos magistrados que, de ser puros engranajes de la “justicia” asesina del franquismo pasaron, sin la menor depuración de efectivos humanos, ni auto depuración, aunque solo fuera por decencia, a administrar unas leyes que lentamente se fueron cambiando a democráticas, entre otras cosas porque, de lo contrario, ahora no estaríamos en Europa. Pero, eso sí, bajo la bandera y la monarquía elegidas por Franco.

Porque cuando toman carta de naturaleza sentencias contrarias a los valores esenciales e indiscutibles de la democracia, como la libertad de expresión, o los manejos descarados de los tiempos de tramitación de los expedientes según convenga a los gobiernos, lo que en el fondo está ocurriendo es que se cultiva en las mentes la aceptación acrítica e indefensa del autoritarismo, consiguiendo que, en un mismo momento histórico, por ejemplo, ahora, al partido clásico de la derecha se le caiga la careta de demócrata que se había colocado para ocultar la mirada de su franquismo de nacimiento, a un partido naranja y emergente le parezca más rentable electoralmente disputar el voto ultra de derechas en lugar de buscar el centrista y, éramos pocos, aparezca también un tercero en discordia como VOX, que encuentre hueco para reivindicar la herencia sin contaminar del franquismo y, además, multiplique sus votos en las primeras elecciones que se van a celebrar tras tantas sentencias contra España en Europa, por poner un ejemplo de casualidad. ¿O quizás de causalidad, señor Borrell?

Si, ni siquiera nos ha hecho falta recordar el vergonzoso recorrido en el Tribunal Supremo del asunto de los gastos fiscales hipotecarios, o el wapp de Cosidó a sus senadores del PP, para concluir que la Justicia española es, muy probablemente, el mayor peligro para la democracia española.

Y que el problema de nuestra sociedad es que ese mal no puede ser derrotado, por la propia democracia, en las próximas contiendas electorales.

¿Qué tal, señores y señoras diputad@s, ya que están todos ustedes más despistados que un pulpo en un garaje ante el reto de cómo elegir, sin quedar de nuevo con todos sus culos al aire, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, si aprueban la reforma legal necesaria para que todos los jueces del Supremo más los del Constitucional, y muchos otros de los tribunales de las instancias más elevadas, sean elegidos por sufragio universal de los mismos millones de españoles que eligen a sus representantes políticos, pero en el caso de los magistrados solo entre candidatos que se presenten individualmente, nunca de partidos políticos ni de asociaciones judiciales?

Siempre que, a diferencia de los que aspiran a diputados, senadores, alcaldes y otros que deban ser electos, reúnan la formación y experiencia necesarias para sentenciar.

Como dice el del anuncio de la ONCE, “yo ahí lo dejo”.

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1 Comentario

  1. Llevo 30 años de ejercicio de la abogacía y estoy completamente de acuerdo que la justicia española es un grave peligro público para todos y para el sistema democrático.
    Las causas eficientes son un defectuoso sistema de reclutamiento que solamente controla el perfil memoristico del juez y la absoluta falta de responsabilidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones unido a su habitual irracionalidad o incapacidad para manejar el razonamiento lógico.
    Y como en el poema de andaluces de Jaén unido a la soberbia y prepotencia habitual de los jueces. Todo esto ha dado el bodrio de la justicia más retorcida que el tronco de un olivo. El hundimiento del sistema judicial va a ocurrir por sí solo. Y hay que organizar un juicio masivo contra los abusos cometidos del Poder Judicial. El proceso de Núremberg contra los criminales de la prevaricacion.

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