Ayer finalizó el plazo que el Gobierno central le había dado a la Región de Murcia para que retirase el “veto parental” en los colegios, una medida promovida por Vox e implantada a principios de curso en esta comunidad gobernada por Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, la Consejería de Educación y Cultura ya ha dicho que no atenderá al requerimiento remitido hace un mes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigido por Isabel Celaá. Es decir, si alguien no lo remedia, los alumnos murcianos verán recortado su derecho a recibir una educación libre y de calidad, sobre todo en asuntos como la igualdad de género y la educación sexual. Numerosos profesores se han mostrado abiertamente en contra del famoso “pin” y alguno ya ha llegado a acogerse a la cláusula de conciencia, impartiendo clases sobre todas las materias que incluye el programa de estudios, incluidas aquellas que provocan la alergia de la extrema derecha. En ese punto, los docentes se la juegan, ya que se enfrentan a la apertura de expedientes disciplinarios que, sin duda, Vox instará en los próximos días para “cortar cabezas” entre el profesorado “progre”. El miedo se extiende entre las plantillas de la escuela pública murciana, como cuando Franco enviaba a sus inspectores a certificar que en las clases se daba catecismo y los principios fundamentales del Movimiento Nacional.

Según fuentes próximas al Gobierno autonómico murciano, la intención de López Miras es que la autorización parental sea obligatoria sólo en los casos de actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración. Y ha añadido que solo retirará el veto parental en el caso de que así lo ordenen las instancias judiciales. “No lo vamos a hacer porque lo dice un Gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres”, alega López Miras.

De esta manera, la aplicación de un veto absurdo que no hace otra cosa que impedir que los alumnos reciban buena información sobre asuntos que afectarán a sus vidas personales en el futuro dependerá de lo que diga la Justicia. Mientras tanto, lo que queda de la aplicación del llamado por Vox “pin parental” es que el PP murciano ha ligado definitivamente su programa político al de la extrema derecha española, ya que ha terminado “tragando” con la exigencia del partido de Santiago Abascal. Vox ha llegado a la política española para cosas como éstas, para negarle a los niños una educación laica, moderna y de calidad acorde con los tiempos que vivimos y para implantar una educación nacionalcatolicista recuperada de los tiempos del franquismo, cuando la Iglesia prohibía hablar de sexo en las aulas y las mujeres sufrían el rigor de la desigualdad machista.

Desde el Gobierno central, Celaá ha insistido en que si Murcia no da su brazo a torcer, el ministerio solicitará en los tribunales la suspensión cautelar del veto parental, que permite a los padres negar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en los centros educativos. El ministerio ya trabaja con sus servicios jurídicos de cara a la presentación del correspondiente recurso, que se presentaría “en pocos días” ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por la vía-contencioso administrativa, según señalan fuentes de Europa Press.

“No se está litigando con Murcia, el ministerio tiene la obligación de garantizar el derecho de los menores a la educación”, añaden fuentes del Gobierno socialista, en la misma línea del discurso defendido por Celaá desde que anunció, el pasado 16 de enero, que llevaría a los tribunales cualquier iniciativa “dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado”.

La batalla judicial está servida. Ahora solo falta que los tribunales apliquen la jurisprudencia mantenida por el Tribunal Constitucional, que siempre ha sentenciado a favor de una educación pública y de calidad desligada de cualquier sesgo religioso o ultraortodoxo. En este caso, el veto parental es una iniciativa difundida por la organización Hazte Oír, un grupo ultraconservador que, entre otras cosas, pretende instaurar la educación religiosa en las escuelas públicas.

Por su parte, los gobiernos andaluz y madrileño ya han mostrado su rechazo a implantar esta medida, mientras Murcia, lejos de rectificar, quiere consagrar el veto parental de forma definitiva. Y es que López Miras en más papista que el papa. O sea, más ultra que el mismísimo Abascal.

Apúntate a nuestra newsletter

1 Comentario

  1. Consejería de Educación y Cultura. Que puede hacer callar el gobierno?. No se andaron con chiquitas contra la República Catalana.Precisamente por querer lo mejor para sus ciudadanos. Piolines, «aporellosoeoeoe» y mucho dinero gastado contra la democracia.Políticos presos, políticos exiliados, jóvenes encerrados, jóvenes exiliados … ¿Y con la extrema derecha tanto miramiento? Y, de nuevo las togas por medio… No me gusta esto.Esta gente deberían estar exiliada, encerrada y tapados a denuncias, por sus aberraciones contra la sociedad. Los votos, a favor de la extrema derecha, son suficientes motivos para «educar en libertad y democracia».

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre